Toda persona tiene derecho a la vida. Este principio está consagrado en el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y aparece en numerosos tratados internacionales y leyes nacionales.
Pero esta idea estuvo dolorosamente ausente el día que Tamir Rice, un niño de 12 años, murió por disparos de la policía en un parque público a plena luz del día.
El 22 de noviembre de 2014, la policía de Cleveland, Ohio (Estados Unidos), respondió a una llamada de emergencia relacionada con un varón no identificado que estaba en un parque local y apuntaba con un arma a la gente. No se sabe con certeza si los agentes que respondieron tenían conocimiento de la indicación de la persona que llamaba, que dijo que el arma era “probablemente falsa”, y tampoco si sabían que el presunto hombre armado no era más que un niño.
Dos segundos después de descender de su vehículo policial, uno de los agentes disparó contra Tamir Rice desde sólo unos metros de distancia. Un vídeo de vigilancia difundido más tarde por la policía permite comprobar que el niño resultó mortalmente herido en un abrir y cerrar de ojos. Murió más tarde en un hospital.
Un juez que examinó las acciones de los dos agentes de policía implicados escribió que, tras ver en varias ocasiones el vídeo de vigilancia del incidente, seguía “atónito por la rapidez con que estos hechos resultaron mortales”. El juez encontró causa probable para presentar cargos de asesinato contra el agente que apretó el gatillo.
Nadie pone en duda que la policía ha de hacer frente a situaciones difíciles, y a menudo peligrosas. La facultad de utilizar la fuerza es indispensable para que la policía cumpla sus funciones, pero esto no significa que sea una parte inevitable de su trabajo; de hecho, el principio subyacente de las normas internacionales sobre actuación policial es que no se emplee la fuerza salvo que sea realmente necesario.
Estas normas, los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de las Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, explican en detalle cuándo la policía puede hacer uso legítimo de la fuerza.
Lo que el caso de Tamir Rice muestra es que en Estados Unidos, como en muchos otros países, a menudo la policía no está a la altura de estas normas. Esta trágica realidad ha sido puesta de relieve una y otra vez, por ejemplo en los disparos con resultado de muerte efectuados por la policía contra Michael Brown en Ferguson, Misuri, y en la serie de protestas que este incidente desencadenó.
Desde las calles de Ferguson (Misuri) a las favelas de Brasil, el uso de la fuerza y de armas de fuego por la policía es a menudo noticia de primara página cuando causa víctimas mortales.
Pero hay innumerables casos más, incluida la actuación ante manifestaciones, en que la policía recurre a la fuerza con demasiada rapidez en lugar de tratar de resolver la situación pacíficamente. La policía emplea gas lacrimógeno, balas de goma y otras armas, haciendo un uso arbitrario, abusivo o excesivo de la fuerza con graves daños, como muertes y mutilaciones, y a menudo con poca o ninguna rendición de cuentas.
Los homicidios cometidos por la policía en Brasil afectan de forma desproporcionada a hombres jóvenes de raza negra. En Estados Unidos, en numerosos incidentes de disparos de la policía han muerto personas desarmadas, también con un impacto desproporcionado sobre la población masculina afroamericana. En Bangladesh, fuerzas especiales de la policía llevan a cabo duras operaciones policiales con empleo de fuerza letal que ocasionan muchas muertes.
Y en países como Bahréin, Burundi, Camboya, Grecia, España, Turquía, Venezuela y Ucrania, el uso de gas lacrimógeno, balas de goma y otros medios de fuerza por la policía –a veces incluso armas de fuego– en concentraciones públicas ocasiona graves lesiones.
En casos como éstos, los gobiernos y las autoridades encargadas de hacer cumplir las leyes con frecuencia no crean un marco que garantice que la policía sólo emplea la fuerza cuando es legítimo, no viola los derechos humanos y constituye el último recurso. Homicidios y graves lesiones son a menudo el precio que se paga por esta inacción.
Esto se debe a diversas razones, como leyes nacionales que contradicen las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, normativas internas deficientes, formación y material inadecuados, falta de control de la cadena de mando y ausencia de rendición de cuentas de la policía que actúa fuera de la ley.
Para abordar de frente este problema, Amnistía Internacional ha publicado un nuevo conjunto de Directrices sobre el uso de la fuerza por parte de la policía, coincidiendo con el 25 aniversario de la adopción de los Principios Básicos de la ONU. Basadas en ejemplos de 58 países de todas las regiones del mundo, sus pormenorizadas conclusiones y recomendaciones pretenden servir de apoyo a las autoridades gubernamentales para que apliquen los Principios Básicos de la ONU y garanticen una actuación policial adecuada, eficaz y respetuosa con los derechos humanos.
En ciertas circunstancias concretas, la policía puede y deberá usar la fuerza para mantener la ley y el orden. Pero esto debe hacerse respetando unas normas estrictas y sin que esta posibilidad pueda considerarse en ningún caso una licencia para matar ni una garantía de impunidad a los agentes policiales.
Nadie está por encima de la ley, especialmente quienes tienen la obligación de defenderla y respetarla.