Por Natalia Prilutskaya, investigadora de Amnistía Internacional sobre Rusia
Por segunda vez en menos de dos años, una violenta campaña de represión homófoba lleva a las personas LGBTI a temer por su vida en Chechenia. Esta semana, la organización rusa Red LGBT ha confirmado la información que indica que las autoridades chechenas han reanudado las detenciones en gran escala de personas consideradas gays o lesbianas, a las que encarcelan y torturan.
Según fuentes protegidas de la organización, desde diciembre han sido detenidas alrededor de 40 personas, y al menos dos han muerto torturadas. Según la información proporcionada, la policía ha pedido también a las familias de personas gays o lesbianas que las maten en nombre del “honor” y presenten pruebas de estos asesinatos.
Estas terribles noticias son continuación de una “purga gay” que se llevó ya a cabo en 2017, cuando centenares de hombres fueron detenidos y torturados y el deplorable historial de Chechenia en materia de derechos humanos fue foco de atención mundial.
El año pasado fui varias veces a la capital chechena, Grozni. En todas ellas me sorprendió el contraste entre los rascacielos de cristal, las lujosas boutiques de lujo y los elegantes cafés que bordean las calles y el miedo casi palpable que impregna el aire. La gente piensa con cuidado lo que va a decir antes de hablar.
Para concertar reuniones con activistas de derechos humanos es necesario hacer una complicada planificación a fin de proteger su anonimato y su seguridad. No es para menos: El líder checheno, Ramzan Kadyrov, dirige desde hace años una campaña de hostigamiento, intimidación y violencia contra activistas de los derechos humanos que ha supuesto la muerte de algunas personalidades notables debido a su trabajo y el encarcelamiento de varias más.
Las personas que han documentado los ataques contra miembros del colectivo LGBTI han dado muestra de inimaginable valor, al arriesgarse a ser detenidas, torturadas y sometidas a malos tratos, e incluso a morir, si eran identificadas.
Tras las deslumbrantes fachadas de los nuevos edificios que siguen surgiendo por todo Grozni, las paredes de las casas, tiendas y oficinas están llenas de retratos de Kadyrov. Es casi imposible ver la televisión o escuchar la radio sin oír su nombre.
Este hecho es una buena metáfora de cómo el miedo a Kadyrov impregna todos los aspectos de la vida en Chechenia y de cómo su sistema de dominio absoluto ha destruido el orden público en la república. Si alguien se atreve a quejarse de las autoridades o de sus políticas es objeto de humillación pública o algo peor aun. A las personas que expresan su disidencia les imponen castigos como obligarlas a disculparse por televisión, quemarles la casa o llevarlas a los tribunales por cargos falsos.
Con el rostro de Kadyrov en todas partes, es fácil olvidar cuando se está en Grozni que Chechenia sigue siendo parte de la Federación Rusa, país signatario de muchos tratados internacionales de derechos humanos. Cuando se tuvo noticia de la represión de 2017, hubo activistas de los derechos humanos y periodistas de Rusia que apelaron a las autoridades federales para que se abriera una investigación y se tomaran de inmediato medidas para proteger la vida de las personas LGBTI de Chechenia.
Maxim Lapunov, hasta ahora la única víctima que ha hablado públicamente de sus padecimientos, presentó formalmente una denuncia ante las autoridades rusas en septiembre de 2017. Describió con estremecedor detalle cómo lo habían tenido recluido durante 12 días en una celda empapada de sangre, golpeado con palos y puesto una bolsa de plástico en la cabeza.
En noviembre de 2018, tras meses de negaciones y ofuscación, las autoridades rusas dijeron que no podían confirmar las denuncias de Maxim y rehusaron abrir una investigación penal sobre ellas.
Este golpe demoledor a la justicia hizo sonar las alarmas para gran número de activistas de Chechenia, que sabían que sin rendición de cuentas era sólo cuestión de tiempo que las autoridades chechenas reanudaran sus atrocidades. Lamentablemente, estaban en lo cierto.
En diciembre de 2018, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa publicó un informe en el que acusaba a Rusia de proteger a las autoridades chechenas del escrutinio público. Kadyrov sabe que tiene vía libre para cometer abusos contra los derechos humanos.
Sin embargo, tras la represión de 2017, la atención internacional consiguió detener temporalmente las detenciones. Este logro prueba que las autoridades chechenas y rusas no son inmunes a las críticas. La comunidad internacional puede, por tanto, desempeñar un importante papel presionando a las élites políticas para que reconozcan sus crímenes y tomen medidas significativas para llevar a los responsables ante la justicia.
En 2017, la organización rusa Red LGBT, apoyada por otras ONG, ayudó a evacuar de Chechenia a centenares de personas y, en algunos casos, reubicarlas en otras partes. Varios países, como Alemania, Canadá, Francia y Lituania, concedieron asilo a decenas de ellas, aunque, lamentablemente, así como ellos destacaron por su generosidad, otros gobiernos se mostraron reacios a ofrecer protección o tardaron demasiado en hacerlo.
Esta vez, los gobiernos deben estar dispuestos a acelerar el proceso de asilo para que quienes quieran marcharse de Chechenia puedan hacerlo con prontitud y con seguridad. Sobre todo, deben dejar claro a las autoridades chechenas que están vigilando y saben que se están cometiendo estos terribles crímenes.
Este artículo se publicó por primera vez en The Moscow Times