REINO UNIDO: LA OFERTA CON RESPALDO SAUDÍ POR NEWCASTLE UNITED DEBE IMPULSAR CAMBIOS EN LAS REGLAS SOBRE PROPIEDAD DE CLUBES DE FÚTBOL

  • Se considera desde hace tiempo que el acuerdo es un intento de limpiar a través del deporte el historial de derechos humanos de Arabia Saudí
  • Nuevo llamamiento para que la Premier League introduzca una prueba de cumplimiento de los derechos humanos para propietarios y personal directivo
  • “Una asociación de fútbol del más alto nivel es un medio muy atractivo de dar un giro a la imagen de un país o una persona cuya reputación está empañada” – Sacha Deshmukh

Ante los informes según los cuales la resolución de un litigio mercantil sobre los derechos de transmisión de la Premier League en Oriente Medio despejará el camino para que un consorcio con respaldo de Arabia Saudí compre el Newcastle United Football Club, Sacha Deshmukh, director ejecutivo de Amnistía Internacional Reino Unido, ha afirmado:

“Desde que se habló por primera vez de este acuerdo, dijimos que representaba un claro intento de las autoridades saudíes de limpiar a través del deporte su terrible historial de derechos humanos con el glamour del fútbol de la máxima categoría.

“La propiedad saudí de St. James’ Park siempre tuvo que ver tanto con la gestión de la imagen del príncipe heredero Mohammed bin Salman y su gobierno como con el fútbol.

“Durante este prolongada proceso discontinuo de compra, hemos visto cómo las autoridades saudíes ponían finalmente en libertad a activistas de los derechos de las mujeres como Loujain al Hathloul, aunque sólo sujeta a condiciones punitivas y sólo después de años de presión de la comunidad internacional.

“Con Mohammed bin Salman, la situación de los derechos humanos en Arabia Saudí sigue siendo terrible: personas críticas con el gobierno, activistas de los derechos de las mujeres, activistas chiíes y defensores y defensoras de los derechos humanos siguen siendo hostigados y encarcelados, en muchos casos después de juicios manifiestamente injustos.

“El juicio a puerta cerrada de los presuntos homicidas de Jamal Khashoggi se percibió de forma generalizada como parte de una operación de blanqueo más amplia de las autoridades, y se acusa a Arabia Saudí de un catálogo de crímenes en virtud del derecho internacional humanitario durante el prolongado conflicto en Yemen.

“Hemos instado a la Premier League a que, en vez de permitir que personas implicadas en graves violaciones de derechos humanos entren en el fútbol inglés por el solo hecho de tener abundantes recursos económicos, modifique la prueba a la que se someten propietarios y directivos para que incluya cuestiones relativas a derechos humanos.

“La expresión ‘derechos humanos’ ni siquiera aparece en la prueba a propietarios y directivos a pesar de que el fútbol inglés se ajusta supuestamente a las normas de la FIFA. Hemos enviado a la Premier League una sugerencia de nueva prueba del cumplimiento de los derechos humanos y le reiteramos nuestra petición de que revise sus normas al respecto.

“Como en la Fórmula 1, el boxeo de élite, el golf o el tenis, una asociación de fútbol del más alto nivel es un medio muy atractivo de dar un giro a la imagen de un país o una persona cuya reputación está empañada. La Premier League debe comprender mejor la dinámica del blanqueo de imagen a través del deporte y endurecer sus reglas de propiedad.”

Más información sobre el historial de derechos humanos de Arabia Saudí, disponible disponible aquí.

Necesidad de nuevas reglas

El año pasado, Amnistía Reino Unido escribió a la Premier League adjuntando una propuesta pormenorizada de una nueva prueba de cumplimiento de los derechos humanos para propietarios y directivos tras recabar la opinión experta de los abogados de derecho mercantil David Chivers QC y Seamus Woods, de Erskine Chambers. Entre otros asuntos, la propuesta decía que “para cumplir las normas que cabe esperar de una organización deportiva que ejerce una supervisión reguladora sobre los clubes que la integran, la incorporación de una prueba de “aptitud e idoneidad” debe responder a las expectativas más amplias a las que esa organización está sujeta. La prueba no puede separarse de consideraciones de gobernanza empresarial más amplia ni de las normas de conducta generales que esa organización defiende.”