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Representan un peligro: Las 10 principales empresas de capital riesgo incumplen su responsabilidad de respetar los derechos humanos

30, Jul. 2021 | Categoría: ,

Casi ninguna de las empresas de inversión de capital riesgo más grandes del mundo cuenta con políticas sólidas de diligencia debida en materia de derechos humanos, revela hoy Amnistía Internacional en un informe histórico.

Los inversores de capital riesgo desempeñan un papel decisivo a la hora conformar el futuro de la tecnología, y con él, el futuro de nuestras economías, políticas, sociedades y nuestros derechos humanos. Y, sin embargo, el esfuerzo que realizan las empresas de capital riesgo para garantizar que no se invierte en empresas cuyos productos y servicios puedan provocar o contribuir a provocar abusos contra los derechos humanos es lamentablemente muy pequeño.

En el primer examen a fondo de las responsabilidades de derechos humanos del sector de la inversión de capital riesgo, Amnistía Internacional examinó a todas las empresas de la lista de las 50 mayores empresas de capital riesgo que elabora Venture Capital Journal (VCJ 50), así como a tres destacadas aceleradoras de startups tecnológicas (Y Combinator, 500 Startups y TechStars). Amnistía Internacional concluyó que ninguna de las diez empresas más grandes —que juntas han recaudado más de 82.000 millones de dólares estadounidenses durante los últimos cinco años— cuenta con políticas adecuadas de diligencia debida en materia de derechos humanos.[1] De hecho, según nuestras conclusiones, de las 50 empresas de capital riesgo y las tres aceleradoras de startups tecnológicas examinadas por Amnistía Internacional, sólo una (Atomico) cuenta con procesos de diligencia debida en materia de derechos humanos que puedan cumplir las normas establecidas por los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos.

Cuando no se ejerce la diligencia debida adecuada se incumple la responsabilidad empresarial de respetar los derechos humanos. La amplia mayoría de las principales empresas de capital riesgo incumplen sus responsabilidad de respetar los derechos humanos en virtud de las normas internacionales sobre las empresas y los derechos humanos, incluidos los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos, refrendados mundialmente.

“Nuestra investigación ha revelado que la amplia mayoría de las empresas de inversión de capital riesgo más influyentes desarrollan sus actividades prestando escasa o nula consideración a las consecuencias de sus decisiones sobre los derechos humanos”, manifestó Michael Kleinman, director de la Iniciativa Silicon Valley de Amnesty Tech. “Está todo en juego: estos titanes de la inversión son quienes manejan los hilos de las tecnologías del futuro y, con ellos, la forma de nuestras sociedades futuras.”

Evaluación de las mayores empresas de capital riesgo del mundo

En este informe se examina a 50 de las mayores empresas de capital riesgo del mundo, según la financiación total recaudada durante los últimos cinco años —164.000 millones de dólares entre todas—, así como a tres prominentes aceleradoras de startups. Para elaborarlo, Amnistía Internacional examinó la información pública disponible sobre los procesos de diligencia debida en materia de derechos humanos de cada una de estas empresas de capital riesgo. También les enviamos numerosas cartas solicitando más información.

Como se ha mencionado, ninguna de las diez empresas de capital riesgo más grandes del mundo cuenta con suficientes políticas de diligencia debida en materia de derechos humanos. En el caso de ocho de ellas (NEA, Tiger Global Management, Sequoia Capital, Lightspeed Venture Partners, Andreessen Horowitz, Accel, Index Venture Partners and General Catalyst) no hay indicios de que comprueben si sus inversiones pueden estar relacionadas con abusos contra los derechos humanos. Las otras dos (Insight Partners y Norwest Venture Partners) ejercen cierto grado de diligencia debida en materia de derechos humanos, aunque no cumplen las normas que establecen los Principios Rectores de la ONU.

La investigación de Amnistía Internacional pone de manifiesto que las empresas de capital riesgo financian a empresas cuyos productos se venden a gobiernos represivos y provocan o contribuyen a provocar abusos contra los derechos humanos. Por ejemplo, empresas de tecnología respaldadas por capital riesgo suministran software espía al gobierno chino que forma parte de la infraestructura de vigilancia distópica que vigila a la población uigur de Xinjiang.

Las empresas de capital riesgo también invierten en empresas cuyos modelos de negocio menoscaban los derechos humanos. Por ejemplo, en nuestro informe Gigantes de la vigilancia Amnistía Internacional explica que el modelo de negocio —basado en la vigilancia— de las empresas de redes sociales, incluidas Facebook y Google, menoscaba nuestro derecho a la privacidad. Sin embargo, los inversores de riesgo continúan invirtiendo en empresas como TikTok, que tienen modelos de negocio basados en la vigilancia similares. Las empresas que utilizan a trabajadores de la economía bajo demanda o mediante aplicaciones, como Lyft y Uber, también reciben financiación crucial de inversionistas de riesgo, pese a que su fuerza laboral suele estar sujeta a condiciones abusivas y de explotación laboral.

Además, la falta de diligencia debida en materia de derechos humanos de las empresas de capital riesgo incrementa drásticamente el riesgo de que financien a empresas que desarrollan tecnologías nueva y de vanguardia que tienen importantes repercusiones negativas en los derechos humanos. Por ejemplo, el uso de herramientas de inteligencia artificial/aprendizaje automático (AI/ML) cada vez más potentes en una amplia variedad de sectores amenaza con amplificar la brecha social y la discriminación existentes.

“La falta de diligencia debida en materia de derechos humanos significa que los inversores de capital riesgo están haciendo la vista gorda ante las posibles violaciones de derechos humanos que sus inversiones pueden contribuir a provocar”, manifestó Kleinman.

“Las empresas de capital riesgo no pueden actuar como si estuviesen por encima de la ley. Como todas las empresas, tienen la responsabilidad de ejercer la diligencia debida a fin de identificar, prevenir y mitigar las posibles consecuencias negativas de sus inversiones sobre los derechos humanos.”

Ausencia de diversidad

Los equipos de inversión, integrados predominantemente por hombres blancos, tienen menos probabilidades de financiar startups dirigidas por mujeres y personas y comunidades negras, indígenas y de color. A su vez, esta falta de diversidad reduce las posibilidades de que las tecnologías que reciben inversión consideren su impacto en las mujeres y en las comunidades minoritarias y marginadas.

Por ejemplo, un estudio reciente llevado a cabo en Estados Unidos por la Asociación Nacional de Empresas de Capital Riesgo (NVCA), Venture Forward y Deloitte, concluyó que las mujeres constituyen solo el 23% de la fuerza profesional de la inversión de capital riesgo —las personas que deciden a qué startups se financia— , y que el 65% de las empresas no tenían ni una sola socia inversora. Esta falta de representación tiene consecuencias directas en la inversión en startups: en 2018, los equipos de financiación integrados exclusivamente por mujeres recibieron sólo el 2,2% de toda la financiación de capital riesgo radicada en Estados Unidos.

Las cifras son aún peores en lo que respecta a la diversidad racial. Según ese mismo estudio de la NVCA, Venture Forward y Deloitte, sólo el 3% del personal del sector de la inversión de capital riesgo con capacidad de toma de decisiones es negro, y sólo el 4%, latino. El personal inversor negro y latino también recibió menos del 2,3% de la financiación de capital riesgo. El problema es aún más flagrante desde una perspectiva interseccional: en 2019, las inversoras negras y latinas recibieron menos del 0,5% de toda la financiación de capital riesgo radicada en Estados Unidos.

En Reino Unido la situación es similar. Según Diversity VC, en 2019 los hombres ocupaban el 80% de todos los puestos de trabajo de inversión en las empresas de capital riesgo de Reino Unido.

“Esta flagrante falta de diversidad significa que las nuevas tecnologías de vanguardia están siendo financiadas en gran medida por hombres blancos, sin una comprensión de las repercusiones de esas tecnologías en un espectro más amplio. Las empresas de capital riesgo necesitan urgentemente a más mujeres y grupos minoritarios en puestos de toma de decisiones, y deben comprometerse públicamente a contratar equipos más diversos”, declaró Kleinman.

“Los inversores de capital riesgo son en última instancia quienes deciden qué startups crecerán hasta convertirse en las próximas Google o Facebook. Si queremos garantizar que las empresas tecnológicas y la tecnología del futuro respeten nuestros derechos humanos, debemos actuar ya.”

Notas para periodistas

  1. Para investigar si los fondos de capital riesgo y quienes les proporcionan el capital ejercen la diligencia debida en materia de derechos humanos, Amnistía Internacional revisó la información pública disponible sobre las políticas en materia de derechos humanos de cada empresa. Dado que los resultados son limitados (p. ej., algunos fondos no han publicado en sus sitios web sus políticas de diligencia debida en materia de derechos humanos), también enviamos cartas a cada una de las empresas solicitando información sobre sus prácticas de diligencia debida en material de derechos humanos. Solo seis respondieron. La metodología está descrita con detalle en el informe completo, y las respuestas de empresas de capital riesgo figuran en los anexos.
  2. Para evaluar la idoneidad de la diligencia debida en materia de derechos humanos de las empresas, Amnistía Internacional utilizó los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos (Principios Rectores de la ONU). Los Principios Rectores imponen una serie de requisitos a los actores empresariales, entre ellos evitar contribuir a provocar abusos contra los derechos humanos a través de sus actividades empresariales, y contar con un proceso de diligencia debida en materia derechos humanos constante y proactivo en relación tanto con sus propias actividades como con sus relaciones empresariales (y ejercer su influencia para mitigar las consecuencias negativas sobre los derechos humanos provocadas por sus socios empresariales).Todas las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos dondequiera que desarrollen sus actividades, una responsabilidad que se extiende a sus operaciones y sus cadenas de suministro. Esta responsabilidad de las empresas es independiente de las obligaciones de derechos humanos de los Estados.
  3. Los Principios Rectores de la ONU establecen que, para cumplir con su responsabilidad empresarial de respetar los derechos humanos, las empresas deben contar con un proceso constante y proactivo de diligencia debida en materia de derechos humanos para identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas de cómo abordan sus consecuencias negativas sobre los derechos humanos.

 

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