El acuerdo de desarme entre grupos armados rivales y el gobierno de la República Centroafricana debe favorecer los esfuerzos dirigidos a garantizar justicia por los delitos de derecho internacional y no permitir la impunidad; así lo ha afirmado hoy Amnistía Internacional.
En la conclusión de un foro nacional celebrado ayer, 10 grupos armados rivales firmaron un acuerdo con las autoridades de transición para deponer las armas y entrar en un proceso de desarme, desmovilización, reintegración y repatriación.
“Si este acuerdo es serio y va acompañado de medidas para obligar a rendir cuentas a los presuntos autores de delitos de derecho internacional, será la oportunidad de alejarse de un conflicto que ha costado miles de vidas y en el que se han cometido violaciones de derechos humanos generalizadas”, ha afirmado Stephen Cockburn, director regional adjunto de Amnistía Internacional para África Occidental y Central.
“El acuerdo para desarmar, desmovilizar, reintegrar y repatriar a los combatientes del conflicto debe formar parte de un plan general para garantizar justicia, además de paz. Aparte de apoyar que los combatientes se alejen de la violencia, será importante cumplir la promesa de que los presuntos autores de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad comparecerán ante los tribunales; de lo contrario, una paz duradera será un espejismo.”
Antes del foro, Amnistía Internacional advirtió asimismo en una carta a las autoridades de transición de que la nueva propuesta de Constitución no debe dejar margen para la impunidad, sino hacer que todo el proceso de reconciliación gire en torno a la justicia.