Existe un temor cada vez mayor de que 41 sospechosos que permanecen detenidos desde principios de junio se enfrenten pronto a un juicio militar, que incluye el riesgo de pena de muerte, tras su reciente traslado a la custodia del ejército. Así lo ha advertido Amnistía Internacional.
El 5 de agosto, los detenidos fueron trasladados a una prisión militar, tras haber sido arrestados dos meses antes en una operación de seguridad lanzada después de que unos hombres armados atacaran, el 2 de junio, el aeropuerto de Gomá y otras partes de la ciudad. Los detenidos estuvieron más de 60 días recluidos, sin comparecer ante un juez civil, en el Centro de Detención de la Agencia Nacional de Investigación (Agence Nationale des Renseignements, ANR) en Gomá, donde permanecieron en régimen de incomunicación y fueron obligados a dormir sobre el suelo de cemento.
“Los detenidos, arrestados en la operación lanzada tras el ataque al aeropuerto de Gomá y acusados de ‘insurrección’ y otros delitos, ahora corren el riesgo de ser condenados a muerte en un juicio celebrado ante un tribunal militar”, ha manifestado Sarah Jackson, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para África Oriental, el Cuerno de África y los Grandes Lagos.
“Es primordial que se celebre un juicio justo ante un tribunal civil que cumpla las normas internacionales de derechos humanos, incluidos el derecho de apelación y otros recursos.”
Los 41 sospechosos, en su mayoría civiles salvo cuatro agentes de policía y dos miembros del ejército congoleño, fueron trasladados de la ANR a las oficinas del fiscal militar de Kivu Septentrional, vinculado a un tribunal militar.
“Este traslado sugiere una elevada probabilidad de que los sospechosos sean juzgados ante un tribunal militar, lo cual niega su derecho a recurso legal, incluido el derecho de apelación”, ha manifestado Sarah Jackson.
“La jurisdicción de los tribunales militares en materia penal debe limitarse a juicios de personal militar por infracciones de la disciplina militar, no abarcar delitos comunes, delitos de derecho internacional o violaciones de derechos humanos. Además, el derecho internacional prohíbe juzgar a civiles ante tribunales militares en ninguna circunstancia.”
Información complementaria
El 2 de junio, el aeropuerto de Gomá y varias partes de la ciudad fueron atacados, presuntamente por un movimiento armado denominado Unión de Patriotas Congoleños por la Paz (Union des patriotes congolais pour la paix. UPCP), encabezado por Célestin Kambale Malonga. En el ataque murieron al menos cuatro personas, entre ellas dos miembros de la Guardia Presidencial encargados de la seguridad del aeropuerto. Desde el 3 de junio, se empezó a detener a los sospechosos del ataque de Gomá, entre ellos a Célestin Kambale Malonga. Las fuerzas de seguridad congoleñas, incluidas la Guardia Presidencial, la Policía Militar y la ANR, detuvieron al menos a 75 personas. Los detenidos fueron recluidos en el Centro de Detención de la ANR en Gomá. Varias personas fueron puestas en libertad posteriormente, pero los 41 sospechosos permanecieron recluidos.
Los detenidos pasaron más de 60 días en prisión preventiva en el Centro de Detención de la ANR, lo cual constituye una violación del artículo 18.3 de la Constitución congoleña, que establece que “la prisión preventiva no superará nunca las 48 horas”. Además, les negaron el acceso a sus familias y a asistencia letrada.
El artículo 87 del Estatuto Congoleño sobre el funcionamiento de los tribunales militares establece que no cabe recurso de apelación contra las sentencias de dichos tribunales. Este artículo es contrario tanto al artículo 21 de la Constitución congoleña como al artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), en el que la República Democrática del Congo es parte desde 1976; ambos garantizan el derecho de apelación.
Aunque la República Democrática del Congo no ha llevado a cabo ejecuciones desde 2003, los detenidos de Gomá se enfrentan a una amenaza real de ser condenados a muerte.
En el momento de su detención en junio, Amnistía Internacional instó al gobierno congoleño a permitirles acceder a sus abogados y familiares, y a respetar el proceso debido, conforme dispone el derecho internacional.