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Sebastián Piñera y su “particular” compromiso con los derechos humanos

2, Jun. 2021 | Categoría: , ,

Por Loreto Urqueta, asesora jurídica de Amnistía Internacional Chile

Loreto Urqueta, asesora jurídica de Amnistía Internacional Chile.

El día de ayer, en la última Cuenta Pública de su gobierno, el presidente Sebastián Piñera destacó el valor de los “derechos humanos de todos, en todo tiempo, lugar y circunstancia”, con los cuales ha manifestado anteriormente tener un compromiso total y absoluto. Compromiso que hemos visto manifestarse de particular y controversial manera a lo largo de su mandato.  

Ya se había referido al tema el pasado 21 de abril, en el marco de la XXVII Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de gobierno, donde señaló que la instancia servía para “renovar nuestro compromiso total y absoluto con la defensa de las libertades, la democracia y los derechos humanos de todos, de todos los ciudadanos. En todo tiempo, en todo lugar, en toda circunstancia”. Acto seguido, hizo un llamado al Estado venezolano a asumir el mismo compromiso que tenía el Gobierno de Chile con los derechos humanos. 

Sólo cuatro días después de declarar este “categórico compromiso con los derechos humanos”, su gobierno realizó una nueva expulsión masiva de personas migrantes, esta vez durante un fin de semana, impidiéndoles así gestionar cualquier recurso judicial con el objeto de regularizar su situación. Estas personas, en su mayoría venezolanas, fueron devueltas a su país en medio de un show mediático con punto de prensa incluido, en el que se las veía cabizbajas, con mamelucos blancos y chalecos reflectantes, escoltadas por personal de la PDI, y como imagen de fondo a un orgulloso subsecretario Galli, señalando que este era el primero de 15 vuelos programados para este año. 

Así, aproximadamente 40 personas venezolanas fueron devueltas de manera administrativa al Estado violador de derechos humanos emplazado por Piñera, tras haber sido detenidas un viernes, para ser expulsadas el domingo.

Considerando la crisis de derechos humanos que vive Venezuela, probablemente muchas de estas personas  habrían sido refugiadas y habrían tenido derecho a solicitar asilo político en Chile, derecho que el gobierno de Chile les negó. Además, no suficiente con esto, les privó la posibilidad de recurrir a tribunales, incumpliendo de paso un sinnúmero de normas sobre debido proceso consagradas en la Constitución.

Unos pocos días después, en el marco del aniversario de Carabineros de Chile, el presidente Piñera reiteró su apoyo irrestricto a la institución, como lo ha hecho desde el inicio del estallido social. Esto pese a las generalizadas violaciones de los derechos humanos cometidas por carabineros, de las que han dado cuenta diversos organismos internacionales tales como Amnistía Internacional en su informe “Ojos sobre Chile”.

Tanto en esta ceremonia como en su cuenta pública, el presidente Piñera hizo referencia a las “actuaciones fuera de protocolo” de algunos miembros de la institución, calificándolas de “errores”, agregando que siempre habrían sido investigadas por la propia institución.

Además de dejar en evidencia el discurso de negación que se instala cada vez con más fuerza en el Gobierno, en contradicción directa con su declarado “compromiso” con los derechos humanos, hay que aclarar que la última afirmación del presidente es falsa: No todos los casos de violaciones a los derechos humanos cometidas por carabineros han sido  investigados por la institución. Así lo explicó Amnistía Internacional en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre el actuar policial durante el estallido social. 

Asimismo, el presidente Piñera reiteró en la Cuenta Pública el llamado al congreso a “acelerar la aprobación del Estatuto de Protección de Carabineros y la PDI”. Ese proyecto de ley, actualmente radicado en el Senado, ha sido ampliamente cuestionado por académicos y organizaciones de derechos humanos, al contemplar, entre otras cosas, una serie de eximentes de responsabilidad que habilitan el uso de la fuerza letal por parte de las policías, lo que podría generar un escenario ideal para perpetuar la impunidad de las fuerzas policiales y de orden. Recordemos que este proyecto fue presentado por el Gobierno en pleno estallido social, cuando Carabineros fue acusado por Amnistía Internacional de tener una política deliberada para dañar a los manifestantes.

Chile y las víctimas de trauma ocular

Está claro que tras el estallido social fuimos testigos de una lamentable muestra de ataque generalizado en contra de manifestantes, que sólo se ha dado en Chile con tal nivel de magnitud, como son los disparos de perdigones y lacrimógenas directo a la parte alta del cuerpo, lo que desencadenó en más de 500 víctimas de trauma ocular. Tal fue la gravedad y extensión de las lesiones oculares que el propio gobierno creó el Programa Integral de Reparación Ocular (PIRO), con el propósito de asegurar atención gratuita para las víctimas de trauma ocular producto del actuar de carabineros, programa al que el presidente Sebastián Piñera hizo una breve alusión en su discurso del día de ayer. 

Pero el PIRO no funciona, así lo han manifestado incansablemente las víctimas. Estas personas han reclamado ante las autoridades por las graves deficiencias del programa, con problemas tales como inexistencia de atención integral, escasez de profesionales, falta de transparencia en la ejecución de presupuesto, discriminación y maltrato por parte del personal de la UTO del Hospital Salvador donde el programa se encuentra radicado.

La revictimización a la que se ven expuestas las víctimas diariamente por el Estado que les quitó sus ojos llegó a un punto cúlmine el 29 de abril, cuando una víctima de trauma ocular que había recibido una prótesis de un destacado protesista alemán por gestiones del Ministerio de Salud, recibe una llamada diciéndole que debe devolver la prótesis, ya que el gobierno de Chile nunca la pagó. Si bien finalmente ella podrá recibir una prótesis donada por una empresa alemana, esto no será gracias al Estado chileno. 

Ante estas situaciones, ¿qué le ha dicho el gobierno de Sebastián Piñera a las víctimas de trauma ocular? 

Hace algunas semanas, asistí a una reunión de la Coordinadora de Víctimas de Trauma ocular con el Departamento de derechos humanos del Ministerio de Salud, acompañando a las víctimas. Allí presencié cómo la directora les manifestó, tras escuchar sus críticas al PIRO, que “ella también tiene derechos humanos” por lo que les pedía decir algo positivo sobre el programa. Sorprende que la representante del gobierno equipare su supuesto “derecho humano” a recibir inmerecidas felicitaciones por su trabajo al derecho a reparación de las víctimas de violencia policial que perdieron sus ojos por manifestarse exigiendo dignidad. 

Por otra parte, la Subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, en la Comisión de Derechos Humanos del Senado del pasado 26 de abril, tras una clara y contundente interpelación al gobierno (al que ella representaba ante la comisión) de diversas víctimas de trauma ocular, señala que ella sólo se referirá al informe anual de Amnistía Internacional, aludiendo a que “fue para lo que se le había invitado”, y que el PIRO era un asunto que ahora dependía del Ministerio de Salud, sin dar ninguna respuesta, palabra de apoyo o muestra de empatía a las víctimas que, en muchos casos emocionadas, habían expresado los múltiples problemas que enfrentan sin recibir solución de parte del Estado. 

Pero el gobierno no se limita a demostrar lo particular que es su compromiso con los derechos humanos solo en la situación de las personas migrantes o de la violencia ilegítima ejercida por la policía. La libertad de expresión ha aparecido en el último tiempo como un nuevo foco de preocupación. 

El Colegio de Periodistas manifestó que la modificación de abril en el plan Paso a Paso del gobierno le imposibilitaba tramitar salvoconductos a profesionales freelance y de medios independientes, lo que representa una abierta vulneración al derecho a la información, libertad de expresión y comunicación, especialmente relevante cuando llevamos más de un año viviendo en un estado de excepción constitucional. 

A esto se suman alarmantes situaciones como el espionaje telefónico a periodistas por parte del Ejército (también involucrado en graves violaciones de derechos humanos durante el estallido social) y una deliberante declaración conjunta de las tres ramas de las Fuerzas Armadas frente a un programa de televisión en que se hizo una parodia a un militar. Si quienes tienen el monopolio del uso de la fuerza y las armas se pronuncian públicamente criticando un acto que no es más que el ejercicio de la libertad de expresión, es grave e intimidante no solo para quienes participaron de dicho programa, también lo es porque coarta a que otras personas ejerzan sus derechos. 

Esta declaración fue expresamente respaldada por el ministro Bellolio en representación del gobierno, quien se sumó a las críticas al programa de televisión. Y siguiendo con el medio televisivo, trascendió también la existencia de llamadas telefónicas desde el gobierno al dueño de un canal de televisión para intentar incidir en su línea editorial.

Más preocupante aún es la actuación de oficio de la Superintendencia de Educación al denunciar a una profesora de la comuna de Concón que se refirió en una clase al caso del asesinato de Camilo Catrillanca. Según lo que se conoció públicamente de lo dicho por la docente, no había nada que fuera incorrecto: todo lo que ella dijo era cierto y fue confirmado así por los tribunales de justicia al condenar a los responsables.

Nuevamente aquí el gobierno muestra lo especial de su compromiso con los derechos humanos, al evaluar sancionar a una educadora que explicó en su clase cómo había muerto Camilo Catrillanca en manos de Carabineros. Para el gobierno, enseñar a niños sobre un caso emblemático de violencia policial, describiendo los hechos del caso, es una “propagación de una tendencia político partidista” que además vulneraría la libertad de pensamiento y de conciencia de los estudiantes. Alarmante aproximación oficial al tema de la educación en derechos humanos. 

Sólo queda esperar que este “compromiso” con los derechos humanos del presidente Piñera se manifieste de una manera más real y menos particular durante los diez meses que le quedan a su mandato. Ello implica, en la práctica, que su gobierno actúe de una manera coherente con los estándares internacionales de derechos humanos. Es lo mínimo que merecen las víctimas de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante su gobierno, las personas migrantes y la ciudadanía en general. No perdemos la esperanza. 

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