En el contexto del Día Mundial del AGUA, Amnistía Internacional hace un llamado para que en Chile se garantice plenamente el derecho al agua potable y al saneamiento, pues el acceso a este recurso tan elemental contribuiría a conseguir un nivel de vida adecuado, el disfrute creciente de la salud física y mental y de condiciones de existencia plenas en todo ser humano, garantías que se establecen en el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Amnistía Internacional reafirma que los Estados tienen la responsabilidad primordial de asegurar la plena vigencia del derecho al agua, aprobar y aplicar marcos reguladores eficaces y que se garantice una participación activa, libre y significativa de las comunidades locales. El hecho que los Estados deleguen a terceros el suministro de agua potable y de servicios de saneamiento, no los exime de sus obligaciones.

Por otra parte, también es deber de los Estados velar para que en las labores extractivas se cuide el recurso hídrico y así se asegure que las comunidades tengan acceso y disponibilidad de agua suficiente. Por lo tanto, respetar las resoluciones y los tratados internacionales sobre el derecho al agua es un imperativo, pues estos proporcionan un fundamento jurídico y son la base para que el derecho a este vital elemento quede reflejado en leyes, políticas públicas y prácticas de los países.

Amnistía Internacional sigue viendo con preocupación que América Latina sea considerada como una de las regiones más peligrosas del mundo para los defensores y defensoras de los derechos humanos que trabajan por el medio ambiente, la tierra y los recursos naturales, incluido el agua. Chile no es la excepción, pues ha habido casos de defensores y defensoras de la provincia de Petorca que han sido víctimas de amenazas y hostigamiento por sus actividades a favor de este vital recurso. Ante esta situación, la organización ha solicitado en reiteradas ocasiones que se garantice la seguridad y protección de estas personas.

En definitiva, si el Estado de Chile quiere mostrar con hechos su compromiso con el derecho al agua debería empezar a asumir sus obligaciones internacionales. A la espera está la ratificación del Protocolo Facultativo del Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales, instancia internacional que permitiría resolver aquellas vulneraciones de derechos que no consigan respuesta al interior del país. Por otra parte, el Acuerdo de Escazú, tratado que- entre otros resguardos- daría mayor participación y protección a defensores y defensoras del medio ambiente, no fue firmado por el Estado de Chile. Las autoridades deben comprender la relevancia que tiene para la humanidad avanzar en la preservación del medio ambiente y del agua, pues son derechos tan básicos y elementales que, al ser debidamente garantizados, contribuirían al ejercicio y goce de todos los demás derechos humanos.