La reciente detención y reclusión de un manifestante solitario, Seelan Palay, es una señal más del uso que se está dando a la Ley de Orden Público para reprimir a quienes defienden los derechos humanos en Singapur.
El 1 de octubre de 2017, Seelan Palay, artista y activista, representó una obra de arte política titulada “32 años: el interrogatorio de un espejo”, para conmemorar los 32 años de reclusión sin juicio del ex parlamentario Chia Thye Poh. Había obtenido un permiso para realizar su protesta, y caminó con su representación artística desde el parque Hong Lim al Parlamento, de donde la policía trató de expulsarlo. La policía alega que, en su permiso, no había especificado su intención de trasladarse desde el parque hasta el exterior del Parlamento. Seelan Palay fue detenido por siete policías en virtud de la Ley de Orden Público, permaneció recluido para interrogatorio durante una noche y fue puesto en libertad al día siguiente, 2 de octubre, más de 24 horas después.
Seelan Palay fue detenido únicamente por ejercer de forma pacífica su derecho humano a la libertad de expresión; para detenerlo se utilizaron las restrictivas cláusulas sobre “reuniones o procesiones” de la Ley de Orden Público de Singapur.
El derecho internacional de los derechos humanos permite que el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica sea sometido a algunas restricciones. Sin embargo, algunas de esas restricciones sólo son admisibles si, en primer lugar, están establecidas por ley; en segundo lugar, tienen el propósito de proteger ciertos intereses públicos (la seguridad nacional o pública, el orden público y la protección de la salud o la moral públicas) o los derechos y las libertades de otras personas; y, en tercer lugar, si puede demostrarse que son necesarias para tales fines. Toda restricción que no cumpla estos tres requisitos constituye una violación de estos derechos. La detención de Seelan Palay significa que las autoridades de Singapur han fracasado claramente en esta prueba.
Seelan Palay sigue sometido a una investigación en curso y corre peligro de ser acusado de un delito penal. Amnistía Internacional pide a las autoridades de Singapur que abandonen todo procedimiento penal contra él. La organización pide asimismo a las autoridades de Singapur que establezcan mecanismos y procedimientos jurídicos y prácticos adecuados para garantizar que todas las personas disfrutan del derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica, sin verse sometidas a restricciones arbitrarias.
Información complementaria
En virtud de la Ley de Orden Público, la policía y otros agentes gozan de poderes amplios y arbitrarios para restringir o prohibir las reuniones y protestas públicas, en un entorno en el que los activistas en favor de los derechos ya sufren fuertes restricciones. Por ejemplo, el artículo 3 de la Ley de Orden Público define una reunión de manera que incluye a una persona que se manifieste sola. Esto impone restricciones innecesarias al derecho de las personas a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Además, no está claro cuándo debe pedir una persona un permiso para llevar a cabo actividades en un espacio público.
Desde el 3 de abril de 2017, tras la reforma de la Ley de Orden Público, los organizadores de eventos públicos tienen que cumplir medidas aún más estrictas, que incluyen solicitar un permiso con al menos 28 días de antelación e informar a la policía del tamaño estimado de la reunión. Si no lo hacen, pueden ser multados con 20.000 dólares de Singapur (14.297 dólares estadounidenses), encarcelados durante hasta un año, o las dos cosas. Esas medidas son innecesarias y desproporcionadas, y dan lugar a violaciones del derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica.
En febrero de 2017, a Han Hui Hui, activista política y detractora del gobierno, le impusieron una multa de 3.100 dólares de Singapur (2.281 dólares estadounidenses) por una manifestación pacífica que había organizado en el parque de Hong Lim en 2014 para protestar por el uso indebido de los fondos de pensiones gubernamentales. Esto le impide presentarse candidata a las próximas elecciones al Parlamento.
En junio, los organizadores de Punto Rosa (una reunión anual de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI), sus amistades y familias y personas que apoyan los derechos de la comunidad LGBTI) se vieron obligados a construir barricadas alrededor del perímetro del parque Hong Lim, donde estaba previsto que se celebrara el evento, y a comprobar la identidad de los participantes, para asegurarse de que no participaban en él personas extranjeras.
En septiembre, varios activistas contra la pena de muerte, entre ellos Kirsten Han, Jolovan Wham, Terry Xu y Jason Woo, fueron investigados por la policía por participar en una reunión pública sin permiso: una vigilia pacífica celebrada ante la prisión de Changi para protestar contra la ejecución del ciudadano malasio Prabagaran Srivijayan, ejecutado el 14 de julio de 2017.