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SIRIA: DEN PRIORIDAD A LOS DERECHOS HUMANOS EN LAS CONVERSACIONES DE GINEBRA

22, Feb. 2017 | Categoría: ,

Poner fin a los ataques ilegítimos. Acceso a la ayuda humanitaria. Derechos de las personas detenidas. Justicia. Reforma del sector de la seguridad.

(Ginebra, 21 de febrero de 2017) Los participantes en las conversaciones de paz sobre Siria que tendrán lugar el 23 de febrero de 2017 en Ginebra deben dar prioridad a cinco asuntos clave de derechos humanos durante las negociaciones, han afirmado hoy 40 organizaciones de derechos humanos y de otra índole. Los asuntos que deben considerar prioritarios son: el fin de los ataques ilegítimos, el acceso a la ayuda humanitaria y a rutas seguras para los civiles que huyen, los derechos de las personas detenidas, la justicia y la reforma del sector de la seguridad.

En todo periodo de transición o posterior a un conflicto, conseguir el respeto y la promoción de los derechos humanos requiere reformas legislativas y constitucionales fundamentales que consagren la protección de estos derechos en la legislación, han afirmado los grupos. Eso debería incluir una reforma de la Constitución que establezca que todas las disposiciones legales y tratados internacionales ratificados son vinculantes en Siria. La transformación de Siria en un Estado que respete los derechos humanos y haga respetar el Estado de derecho debe ser un proceso liderado por sirios, con una reforma transparente llevada a cabo tras consultas locales.

Otros países que asistirán a las reuniones auspiciadas por la ONU en Ginebra deberían ejercer su influencia sobre las partes enfrentadas en Siria para garantizar que se tienen presentes los derechos humanos fundamentales de la población siria.

El enviado especial de la ONU para Siria, Staffan de Mistura, ha explicado que el orden del día de las conversaciones reflejará los objetivos declarados en la Resolución 2254 del Consejo de Seguridad de la ONU, aprobada en diciembre de 2015. En ella, el Consejo expresaba su apoyo al establecimiento de una gobernanza inclusiva y no sectaria, la redacción de una nueva Constitución y la celebración de elecciones libres y justas. Asimismo recalcaba la necesidad de contar con “un mecanismo de supervisión, verificación y presentación de informes sobre el alto el fuego”, pedía a las partes que facilitaran la provisión de ayuda humanitaria sin trabas y la liberación de todas las personas recluidas arbitrariamente, y exigía poner fin a los ataques contra civiles y bienes de carácter civil y al uso indiscriminado de armas.

 Poner fin a los ataques ilegítimos

Aunque las partes involucradas en las conversaciones se esfuerzan por negociar la paz, todo acuerdo de transición debería explicitar que las partes del conflicto se adherirán a las leyes de la guerra en todos los enfrentamientos en curso. Cualquier acuerdo debería incluir el compromiso del gobierno sirio y las fuerzas rusas de suspender inmediatamente el uso de armas de efecto indiscriminado, como las municiones de racimo y las armas incendiarias, y de poner fin a los ataques indiscriminados contra zonas civiles pobladas y otros ataques ilegítimos.

Las fuerzas de oposición también deberían aceptar poner fin a los ataques indiscriminados y otros ataques ilegítimos, como los atentados con coche bomba y los ataques de mortero contra zonas civiles controladas por el gobierno. La coalición liderada por Estados Unidos debe adoptar las precauciones necesarias para reducir al mínimo los daños a civiles y en infraestructuras civiles, y garantizar que se investigan eficaz e imparcialmente los informes verosímiles sobre víctimas civiles y se dan a conocer públicamente.

A pesar del alto el fuego declarado a finales de diciembre de 2016, continúan los ataques ilegítimos en Wadi Barada (en la campiña de Damasco), Idlib y otras partes del país. La madrugada del 1 de febrero, el edificio donde la Media Luna Roja Árabe Siria tiene su sede en Idlib fue bombardeado en un ataque aéreo, en el que resultó herido el director del centro y el edificio sufrió graves daños. El 10 de febrero, UNICEF informó de que al menos 20 menores habían muerto en violentos episodios registrados en los barrios de Idlib, Al Zahraa y Al Waer de Homs, y en Guta Oriental, en la campiña de Damasco.

En vista de los reiterados crímenes de guerra y las violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos humanos del gobierno sirio, que incluyen el uso ilegítimo de armas, todos los Estados —entre ellos los que participan en las negociaciones— deben expresar su compromiso de poner fin a toda transferencia de armas, material conexo y apoyo logístico al gobierno sirio hasta que terminen los abusos y las partes responsables sean obligadas a rendir cuentas. Del mismo modo, deben dejar de prestar apoyo a los grupos armados de oposición responsables de cometer crímenes de guerra o abusos contra los derechos humanos de forma sistemática o generalizada.

La coalición liderada por Estados Unidos debe tener plenamente en cuenta que la coalición de Rusia y Siria ha cometido reiterados crímenes de guerra con el pretexto de combatir el terrorismo, y que en toda cooperación con Rusia en la lucha contra el grupo autodenominado Estado Islámico en Siria debe asegurarse de no ser cómplice en tales crímenes.

 Acceso humanitario y evacuación segura de la población civil

Con arreglo al derecho internacional humanitario, todas las partes de un conflicto armado tienen la obligación de facilitar la provisión de ayuda humanitaria rápida y sin obstáculos a todos los civiles que la necesiten, y de permitir que la población civil abandone libremente una zona asediada. Hacer padecer hambre a la población civil como método de guerra está prohibido. Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCAH), 4,9 millones de personas viven en zonas asediadas o de difícil acceso en Siria. Estas zonas sufren bombardeos y no reciben ayuda humanitaria, alimentos, agua ni asistencia médica suficientes.

A pesar del alto el fuego, persisten los asedios de zonas civiles por las fuerzas gubernamentales y afines al gobierno y por grupos armados de oposición, así como el bloqueo de la provisión de ayuda humanitaria. Las condiciones han empeorado rápidamente en las zonas asediadas por las fuerzas gubernamentales y afines al gobierno, lo que ha obligado a la población civil a huir de ellas.

Según la OCAH, cuatro millones de personas en Damasco y sus inmediaciones se quedaron sin suministro de agua potable procedente de Wadi Barada y Ain el Fijah, entonces bajo control de la oposición, “debido a daños en la infraestructura causados por ataques deliberados”. Bellingcat, grupo de periodismo ciudadano que investigó la interrupción del suministro de agua, concluyó que lo más probable era que el régimen hubiera sido el responsable de los daños causados en la infraestructura hidráulica. La población civil de Damasco estuvo sin agua potable durante semanas mientras las partes enfrentadas cruzaban acusaciones y negociaban un acuerdo para reparar la línea de suministro.

En febrero de 2014, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la Resolución 2139 para garantizar la provisión de ayuda humanitaria, pidiendo a todas las partes enfrentadas en la guerra de Siria que facilitaran el acceso de la ayuda humanitaria a todas las zonas del país. Ante el incumplimiento del gobierno sirio, el Consejo aprobó la Resolución 2165 el 14 de julio de 2014, en la que autorizaba a los organismos de la ONU y a sus asociados en la ejecución a hacer llegar la ayuda humanitaria a través de las cuatro fronteras no controladas por el gobierno de Siria, además de las que ya se utilizaban. En diciembre de 2016 se renovó la Resolución 2165 hasta el 10 de enero de 2018.

A pesar del persistente incumplimiento por parte del gobierno sirio de las resoluciones del Consejo de Seguridad sobre la provisión inmediata de ayuda humanitaria, el Consejo no ha tomado ninguna medida adicional, aunque en la Resolución 2165 afirmaba que lo haría. El 5 de diciembre, Rusia volvió a ejercer su derecho de veto para bloquear una acción del Consejo de Seguridad sobre Siria. En el proyecto de resolución se instaba a declarar el cese de las hostilidades en Alepo durante siete días y se exigía acceso seguro para hacer llegar la ayuda humanitaria.

Los gobiernos interesados deberían presionar tanto al gobierno sirio como a las delegaciones de la oposición siria para que se comprometan de inmediato a permitir que todos los civiles que lo deseen abandonen las zonas asediadas, y a garantizar el acceso inmediato y sin impedimentos de la ayuda humanitaria por las fronteras y los frentes del conflicto.

Todas las partes del conflicto deben comprometerse a garantizar que las evacuaciones de civiles se llevan a cabo conforme al derecho internacional humanitario. Debe permitirse el acceso de la ONU y otras instituciones para que vigilen las evacuaciones e informen sobre ellas. Las evacuaciones de civiles deben ser voluntarias y tener como destino lugares de libre elección, y se debe proteger tanto a quienes se quedan como a quienes huyen.

 Justicia

El 21 de diciembre de 2016, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución por la que se establecía una unidad para colaborar en la investigación de delitos graves cometidos en Siria desde 2011, lo cual contribuirá a allanar el camino hacia la justicia después de años de atrocidades sin control. Los países que votaron a favor de esta resolución sin precedentes deberían apoyar a la unidad investigadora, entre otras cosas aportando recursos económicos a su trabajo. Éste y otros esfuerzos de documentación —por parte de la comisión de investigación de la ONU y otros— serán imprescindibles para futuros procesos de rendición de cuentas nacionales e internacionales. Estas iniciativas pueden contribuir a dar cierto impulso a la justicia, así como a enviar a las víctimas sirias el claro mensaje de que los graves crímenes cometidos contra ellos no quedarán sin respuesta.

Las partes del conflicto, incluido el gobierno sirio, deben comprometerse a cooperar con la unidad investigadora y con la comisión de investigación de la ONU.

La comunidad internacional debe seguir trabajando para sentar las bases de un proceso de justicia concreto y verosímil a largo plazo. Los gobiernos que apoyaron los intentos de asignar un mandato sobre Siria a la Corte Penal Internacional deben seguir comprometidos con la búsqueda de justicia para las víctimas, ya sea en el Consejo de Seguridad, la Asamblea General o el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, o por otras vías, incluido el ejercicio de la jurisdicción universal. Otros países deben manifestar con rotundidad, también en las negociaciones de Ginebra, que la justicia es un componente esencial de cualquier futuro acuerdo de paz.

Deben rechazarse las propuestas de conceder inmunidad a personas implicadas en delitos graves. Además, las partes deben comprometerse a revisar y reformar todas las disposiciones del derecho sirio que otorguen inmunidad a las fuerzas de seguridad, y a acometer reformas más amplias que doten de recursos al sistema de justicia sirio para que pueda abordar delitos graves junto con otros tribunales, como podría ser la Corte Penal Internacional.

También serán necesarios programas y mecanismos de búsqueda de la verdad más amplios para garantizar reparaciones a las víctimas y a sus familiares, así como la investigación de antecedentes para evitar que los perpetradores ocupen puestos oficiales. Todo acuerdo debe incluir el compromiso de las partes negociadoras de establecer una comisión nacional con el mandato de revelar la suerte de las personas desaparecidas y de investigar la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones graves de derechos humanos.

 Reforma del sector de la seguridad y liberación de personas detenidas

Desde que estalló la revuelta en Siria, las fuerzas de seguridad han sometido a miles de personas a detención arbitraria, reclusión ilegítima, desaparición forzada, tortura y malos tratos y homicidio, usando una amplia red de centros de detención que se extiende por todo el país. Entre los detenidos hay manifestantes pacíficos, defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas que organizan manifestaciones, las graban e informan sobre ellas, así como periodistas, proveedores de ayuda humanitaria, representantes letrados y profesionales de la medicina.

Todo plan de transición debe incluir el compromiso de establecer un mecanismo independiente de investigación de los antecedentes de altos cargos de seguridad, tanto actuales como potenciales. Toda persona sobre la que existan indicios de haber participado en crímenes de derecho internacional y otros abusos graves contra los derechos humanos deberá ser apartada de su puesto de seguridad —o privada de ocupar otro puesto— mientras se lleva a cabo una investigación completa. Si existen pruebas admisibles suficientes de responsabilidad en crímenes internacionales, los presuntos autores de los crímenes deberán ser procesados y juzgados con las debidas garantías.

Asimismo se exigirá a los múltiples organismos de seguridad de Siria que se sometan a la autoridad del gobierno de transición y rindan cuentas ante él. Las partes deberán acordar reformas institucionales dirigidas a garantizar que no se repiten las violaciones de derechos humanos del pasado.

Un gran número de manifestantes pacíficos y de activistas políticos y humanitarios permanecen detenidos en régimen de incomunicación, mientras que otros ya han sido juzgados, algunos ante tribunales militares y antiterroristas, por ejercer sus derechos. Los grupos armados de oposición también han detenido arbitrariamente a periodistas, trabajadores de ayuda humanitaria y activistas que los han criticado, entre otras personas, sobre todo en territorio controlado por la oposición en el norte de Siria.

Todo acuerdo debe incluir el compromiso de las partes de liberar a los detenidos políticos, periodistas, trabajadores de ayuda humanitaria y activistas de derechos humanos bajo su custodia, y de permitir el acceso de observadores independientes a los centros de detención y a todas las personas privadas de su libertad. Una manera eficaz de garantizar estos pasos sería crear una comisión independiente que examine los casos de las personas detenidas, vigile el trato que reciben bajo custodia y garantice su liberación. Esta comisión debería tener acceso a todos los centros de detención para poder cumplir debidamente su cometido.

Además, las partes deberían formular el compromiso de anular o reformar las leyes que penalizan el ejercicio de los derechos de expresión, asociación y reunión pacífica, como la legislación antiterrorista de julio de 2012, que penaliza la oposición al gobierno y el activismo pacífico. Debe explicitarse el compromiso de no detener ni procesar a trabajadores y trabajadoras de ayuda humanitaria que estuvieran desempeñando su labor en territorio controlado por la oposición, incluidos los que prestaron asistencia médica a personas enfermas, heridas o lesionadas, ya fueran civiles o combatientes, de conformidad con las leyes de la guerra.

Las partes deben comprometerse asimismo a proclamar en la legislación siria todas las protecciones y salvaguardias básicas que el derecho internacional garantiza a las personas detenidas, entre ellas la prohibición de la detención arbitraria, la obligación de comunicar a la persona detenida los motivos de su detención y la obligación de darle la oportunidad de impugnar la legitimidad de la detención ante un tribunal. Las personas privadas de su libertad, con independencia del lugar de reclusión, deben tener acceso a representación letrada, a sus familiares y a personal médico.

Firmantes

  • 11.11
  • Al Kawakibi Organization for Human Rights
  • Amnesty International
  • Association for Peace, Justice and Documentation
  • Assyrian Human Rights Network
  • Bridge of Peace Syria
  • Cairo Institute for Human Rights Studies
  • Christian Aid
  • Democratic Republic Studies Center
  • EuroMed Rights
  • FIDH – International Federation for Human Rights
  • Fraternity Foundation For Human Rights
  • Global Centre for the Responsibility to Protect
  • Helen Bamber Foundation
  • Human Appeal
  • Human Rights Guardian
  • Human Rights Watch
  • IHH Humanitarian Relief Foundation
  • Justice for Life Organization
  • Middle East and North Africa Partnership for the Prevention of Armed Conflict
  • Montreal Institute for Genocide and Human Rights Studies
  • Non-Violence Network in the Arab Countries
  • Permanent Peace Movement
  • Physicians for Human Rights
  • Refugees International
  • Souria Houria
  • Syria Charity
  • Syrian Center For Legal Studies and Researches
  • Syrian Center for Media and Freedom of Expression
  • Syrian Center for Statistics and Research
  • Syrian Institute for Justice
  • Syrian League for Citizenship
  • Syrian Network for Human Rights
  • Syrians for Truth and Justice
  • The Day After
  • The Violations Documentation Center in Syria (VDC)
  • Trócaire
  • UOSSM International
  • URNAMMU
  • Vision GRAM-International

 

 

 

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