Siria: Testimonios de testigos revelan detalles de ataque químico ilegal contra Saraqeb

El uso por el gobierno sirio de armas químicas prohibidas internacionalmente quedó de manifiesto una vez más el 4 de febrero, cuando un ataque con gas de cloro contra la localidad de Saraqeb se saldó con 11 heridos que necesitaron tratamiento urgente, según testimonios reunidos por Amnistía Internacional.

La Defensa Civil Siria afirmó que se habían lanzado desde helicópteros bombas de barril que contenían gas de cloro y que los heridos sufrieron graves dificultades respiratorias, una fuerte irritación en la piel y los ojos, así como vómitos, y se desmayaron. Entre ellos había tres voluntarios de la Defensa Civil Siria que habían acudido al lugar para prestar ayuda.

Los ataques directos contra civiles están totalmente prohibidos y son crímenes de guerra. El hecho de que el gobierno se sienta en libertad de efectuar de forma flagrante estos ataques usando armas químicas prohibidas internacionalmente refleja la total impunidad de que gozan quienes ordenan crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Siria”.

Amnistía Internacional habló con un voluntario de la Defensa Civil Siria que dijo que había llegado varios minutos después de que una bomba de barril —aparentemente la fuente del gas— cayera en un campo, a 50 metros de un almacén agrícola. No había nada que indicara la existencia de objetivos militares en las proximidades del bombardeo de Saraqeb, que está en la provincia noroccidental de Idleb y a 41 kilómetros de la línea de frente más cercana.

Oímos a gente gritar pidiendo ayuda en algún lugar de la carretera y a otros en el tejado de una casa. Había unas ocho personas que apenas podían respirar y que tosían sin parar. Les dimos oxígeno y las llevamos al hospital”, dijo el voluntario.

“Mientras conducía, empecé a tener problemas para respirar, como si no pudiera hacerlo solo, y picor en los ojos. Sentí náuseas, como si quisiera vomitar. A mis amigos les pasó lo mismo, pero no estaban seguros de lo que estaba pasando. Vomité al llegar al hospital”.

Otro miembro del equipo de la Defensa Civil Siria de Saraqeb dijo a Amnistía Internacional que había visto que se llevaban a los heridos a un puesto médico.

Cuando llegaron, vi que el equipo de rescate también tenía problemas para respirar y se desmayaron. El personal médico me dijo que los síntomas de los 11 afectados —incluidos los tres voluntarios de la Defensa Civil— eran compatibles con un ataque químico, probablemente de cloro”, dijo.

Un enfermero que trabajaba en el puesto médico también confirmó que los heridos tenían síntomas de un ataque químico.

“No podían respirar, tosían sin parar, tenían los ojos rojos y algunos vomitaban mucho… Por suerte, estábamos alrededor de 20 personas del equipo médico, por lo que les quitamos rápidamente la ropa, los lavamos y les dimos oxígeno y una sesión de broncodilatación para abrir las vías respiratorias de los pulmones”, dijo el enfermero.

Los heridos, todos hombres, han sido ya dados de alta.

Las fuerzas del gobierno sirio son sospechosas de haber llevado a cabo decenas de ataques con gas de cloro y otras armas químicas contra zonas controladas por la oposición desde 2012, matando a centenares de personas y causando terribles heridas a otras. El derecho internacional humanitario prohíbe tales ataques.

En septiembre de 2013, tras la muerte de centenares de personas en presuntos ataques con gas sarín en Guta, a las afueras de Damasco, Siria se adhirió a la Convención sobre las Armas Químicas y el presidente Al Asad prometió destruir los agentes químicos prohibidos almacenados en el país.

Sin embargo, un año después, en septiembre de 2014, la misión de investigación de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) encontró convincentes indicios del empleo sistemático y reiterado de una substancia química tóxica como arma en pueblos del norte de Siria.

La OPAQ dijo también que estaba segura de que las fuerzas gubernamentales habían usado el agente neurotóxico sarín en un ataque cometido contra la localidad de Kahn Sheikhoun, en la provincia de Idleb, en abril de 2017 que causó la muerte de más de 80 personas.