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SOBREVIVIENTES DE TORTURA Y FAMILIARES DESAPARECIDOS DENUNCIAN A BOLIVIA EN AUDIENCIA EN WASHINGTON

19, Mar. 2015

banner--face-boliviaHoy 19 de marzo, las autoridades bolivianas tienen una oportunidad histórica para comenzar a resarcir años de abusos cometidos durante los gobiernos militares en el país, dijo Amnistía Internacional antes de una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para denunciar la falta de verdad, justicia y reparación sobre violaciones a los derechos humanos durante los regímenes militares.

“Las víctimas de tortura, detenciones arbitrarias y familiares de víctimas de desapariciones forzadas que tuvieron lugar durante los años más oscuros de la historia reciente de Bolivia no deberían esperar un minuto más para que sus válidos reclamos de justicia, verdad y reparación sean escuchados,” dijo María José Eva, investigadora para Sudamérica de Amnistía Internacional, quien participará de la audiencia.

“La justicia ya no puede esperar. El gobierno boliviano tiene la responsabilidad y el deber de tomar medidas para que los responsables rindan cuentas y trabajar enérgicamente en la búsqueda e identificación de las víctimas de desaparición forzada.”

Se calcula que alrededor de 150 personas fueron víctimas de desaparición forzada en Bolivia entre 1964 y 1982. Además, según fuentes oficiales, cientos de personas habrían sufrido detención arbitraria y tortura.

Durante años, las víctimas han demandado la creación de una comisión de la verdad para esclarecer las violaciones a derechos humanas cometidas durante los 18 años de regímenes militares y autoritarios.

Las víctimas también denunciarán ante la Comisión la falta de una reparación integral. “Es momento de saldar esta deuda pendiente y abordar aquel trágico y negro periodo de la historia de Bolivia,” dijo María José Eva.

En la audiencia participarán cuatro organizaciones de Bolivia – la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional, Mujeres Libertad; la Plataforma de Luchadores Sociales y la Unión de víctimas de violencia política – junto con Amnistía Internacional y CEJIL.

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