En un nuevo informe publicado ayer, en el que se ponen al descubierto las heridas abiertas de un conflicto olvidado por el mundo, Amnistía Internacional sostiene que Sri Lanka no romperá con su violento pasado mientras no asuma su cruel historial de desapariciones forzadas e imparta justicia a las cerca de 100.000 familias que llevan años esperándola.
El secretario general de Amnistía Internacional, Salil Shetty, presentará en Sri Lanka el informe titulado Only Justice can heal our wounds, en una reunión con familias de personas desaparecidas que tendrá lugar en la septentrional ciudad srilankesa de Mannar.
En este documento se narra la historia de una serie de familiares, muchos de ellos mujeres, que llevan años buscando verdad y justicia, y que han encontrado obstáculos a cada paso: engaños con respecto al paradero o la suerte de sus familiares desaparecidos, amenazas, calumnias e intimidaciones, y afrentas a su dignidad en forma de juicios que se aplazan una y otra vez y de un proceso de verdad y justicia que no avanza.
“No hay una sola comunidad de Sri Lanka que no se haya visto golpeada por el trauma de la desaparición forzada. La mayor parte de la población sufre la ausencia de un ser querido o conoce a alguien que la sufre. Han esperado años, e incluso decenios, para conocer la suerte que corrieron sus familiares. Mientras no se imparta justicia a estas víctimas, el país no podrá empezar a curar sus heridas y, aún menos, avanzar hacia un futuro más prometedor”, ha afirmado Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.
Pese al compromiso internacionalmente asumido por Sri Lanka de poner fin a la impunidad frente a la desaparición forzada —constitutiva de crimen de lesa humanidad cuando es generalizada y sistemática— las autoridades del país siguen sin investigar estos casos, identificar el paradero o la suerte de la víctima y juzgar a los presuntos responsables de estos delitos.
Una de las herramientas que más han contribuido a estas desapariciones ha sido la tristemente famosa Ley de Prevención del Terrorismo srilankesa, que permite la reclusión en régimen de incomunicación y la detención secreta, con lo que se coloca al margen de la ley a la persona detenida, que queda así expuesta a violaciones de derechos humanos, incluidas torturas y desapariciones forzadas.
“Sri Lanka debe conceder un papel protagonista a las víctimas en cualquier proceso de reconciliación. Es preciso que las autoridades escuchen sus reivindicaciones, y las pongan en práctica. El actual gobierno ha tomado alentadoras medidas para reconocer la necesidad de acabar con la impunidad, pero no puede hacer esperar más a las víctimas. Ya llevan demasiado tiempo esperando. Si Sri Lanka quiere deshacerse con éxito de su violento pasado, debe abordar las reivindicaciones de justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición de las víctimas”, ha declarado Salil Shetty.
Búsqueda infatigable de la justicia
Uno de los casos que se exponen en el informe es el de Sandya Eknaligoda, cuyo esposo, Prageeth, salió de su casa el 24 de enero de 2010 y nunca regresó. Prageeth Eknaligoda era un caricaturista político conocido por sus denuncias contra la corrupción y los abusos de derechos humanos del gobierno que se encontraba entonces en el poder.
Gracias a la perseverancia de Sandya Eknaligoda se han descubierto indicios de la implicación de la inteligencia militar en la desaparición de su esposo. Desde que denunció, ha comparecido en juicio al menos 90 veces, siempre con la amenaza de sufrir hostigamiento. Así, Sandya Eknaligoda ha descrito a Amnistía Internacional cómo el año pasado irrumpieron en el tribunal de Homagama un destacado miembro de la organización nacionalista budista Bodhu Bala Sena y otros monjes, que la amenazaron. Ese mismo grupo colocó también carteles, en los que la acusaban, falsamente, de simpatizar con los Tigres de Liberación de Eelam Tamil.
En 2011, el anterior fiscal general del país declaró ante el Comité de la ONU contra la Tortura que Prageeth Eknaligoda no había sido secuestrado, sino que había huido del país. Sin embargo, cuando más tarde un tribunal le preguntó por esa afirmación, el ex fiscal alegó que le fallaba la memoria, y que no recordaba la fuente de esa información.
Sandya Eknaligoda ha continuado ejerciendo presión con su campaña, escribiendo en repetidas ocasiones a los líderes srilankeses, repartiendo llamamientos a las puertas del Parlamento, organizando vigilias y animando a otras esposas de desaparecidos a alzar la voz y sumarse a su petición de justicia. Tras haber llevado su caso hasta el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha conseguido ligeros avances, como la investigación de 2015, por la que se supo que su esposo había estado recluido en campamentos militares. Sin embargo, desde entonces el proceso se encuentra paralizado.
Una historia cruel
Amnistía Internacional calcula que, desde la década de 1980, en Sri Lanka ha habido entre 60.000 y 100.000 casos de desaparición forzada. Entre las víctimas figuran jóvenes cingaleses a los que los escuadrones de la muerte del gobierno mataron o sometieron a desaparición forzada en 1989 y 1990 por sus presuntos vínculos izquierdistas; tamiles sometidos a desaparición por la policía, el ejército y unidades paramilitares durante el conflicto de 1983 a 2009, por su presunta relación con los Tigres de Liberación de Eelam Tamil; y defensores y defensoras de los derechos humanos, personal de ayuda humanitaria, periodistas, personas críticas con el gobierno y destacados líderes comunitarios.
En junio de 2016, la ex presidenta Chandrika Bandranaike Kumaratunga, en el poder de 1994 a 2005, reconoció haber recibido, como mínimo, 65.000 denuncias de desaparición. Sin embargo, según cálculos de Amnistía Internacional, la cifra real podría ascender a 100.000, ya que algunas comunidades que han vivido y siguen viviendo bajo el peso del miedo y sin confianza en las autoridades no han denunciado.
De conformidad con el derecho internacional, se entiende por desaparición forzada “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”. En Sri Lanka, numerosos “secuestros” o “desapariciones” han sido también obra de agentes no estatales, entre ellos grupos armados.
Las desapariciones forzadas han variado en duración, escala e intensidad en distintos momentos del conflicto. Al haber ratificado la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, Sri Lanka tiene la obligación de investigar todas las denuncias de desaparición forzada y, si hay pruebas suficientes, enjuiciar a los presuntos responsables —en cualquier nivel de la cadena de mando— en juicios con las debidas garantías y sin recurrir a la pena de muerte. El gobierno debe garantizar que se informe de la verdad a las víctimas y sus familias, y que se les faciliten reparaciones plenas y efectivas por los daños sufridos.
El camino a seguir: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición
En octubre de 2015, el gobierno de Sri Lanka se comprometió a desarrollar mecanismos y llevar a cabo otras reformas con el fin de impartir justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición por las violaciones y los abusos de derechos humanos perpetrados en el pasado. En comunicaciones públicas, el gobierno srilankés se refiere al proceso general con el término “reconciliación”.
El tenaz activismo de las familias de los desaparecidos, y la notoriedad que ha alcanzado la cuestión han impulsado al gobierno a abordar las desapariciones forzadas. Sin embargo, el proceso se ha detenido. El año pasado, el Parlamento de Sri Lanka ratificó la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Sin embargo, aún no se ha debatido el proyecto de ley que, en aplicación de la Convención, tipificaría como delito la desaparición forzada en el Código Penal srilankés.
Asimismo, en 2016, el Parlamento aprobó un proyecto de ley por el que se creaba la “Oficina de Personas Desaparecidas”. Aunque se trataba de una iniciativa encomiable, el gobierno hizo mermar la confianza de la opinión pública en ella, al no consultar ni a las víctimas ni a la sociedad civil, y no atender sus motivos de preocupación, como la ambigüedad de algunas disposiciones, que no aclaraban si las pruebas de responsabilidad en las desapariciones reunidas por la Oficina se iban a remitir o no a la fiscalía. El presidente aún no ha sancionado este proyecto de ley.
Cuando el gobierno se ha dirigido a las víctimas, tampoco ha tenido en cuenta lo que éstas tenían que decir. En la consulta pública sobre el diseño de los mecanismos de justicia, verdad y reparación se recibieron más de 7.000 comentarios, muchos de ellos de familias de desaparecidos. Sin embargo, las autoridades no se han mostrado interesadas en las conclusiones de la consulta, y han denigrado incluso al grupo que la organizó.
A fin de avanzar, el gobierno de Sri Lanka debe:
– Promulgar leyes que tipifiquen como delito la desaparición, de conformidad con la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
– Reformar y promulgar sin demora la Ley sobre la Oficina de Personas Desaparecidas, a fin de garantizar que la Oficina se implanta efectivamente y sin más demora para investigar todas las denuncias de desaparición y que es eficaz, cerciorándose para ello de que su composición y sus recursos sean justos, transparentes y adecuados, y de que las pruebas de responsabilidad en las desapariciones se remitan a la fiscalía;
– Cuando existan suficientes pruebas admisibles, enjuiciar sin dilación a los responsables de las desapariciones ante tribunales civiles, y en juicios con las debidas garantías y sin recurrir a la pena de muerte;
– Abstenerse de aplicar amnistías, inmunidades y otras medidas de impunidad a los presuntos responsables de delitos de derecho internacional;
– Reconocer formalmente las conclusiones y recomendaciones del grupo encargado de la consulta, y tratarlas de forma prioritaria;
– Garantizar que las víctimas, con inclusión de las familias de los desaparecidos, reciban reparaciones plenas y efectivas por los daños sufridos, que deberán comprender los siguientes elementos: restitución, indemnización, rehabilitación y satisfacción;
– Revocar la Ley de Prevención del Terrorismo y dejar de utilizarla de inmediato; abolir el sistema de detención administrativa de Sri Lanka y garantizar que las futuras leyes que sustituyan a la Ley de Prevención del Terrorismo se ajusten a las normas internacionales;
– Poner en libertad a todas las personas recluidas en aplicación de la Ley de Prevención del Terrorismo, o víctimas de otras formas de detención arbitraria o secreta, si no se las acusa de un delito común reconocible ni un tribunal independiente y legítimamente constituido ordena su reclusión preventiva.