En las dos últimas semanas, las fuerzas de seguridad sudanesas han intensificado su uso de fuerza letal para sofocar las protestas contra la toma de poder, el mes pasado, por parte de los militares, que han cometido decenas de homicidios ilegítimos y han herido de bala al menos a 50 personas. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy.
Según el Comité Médico de Sudán, un grupo que vigila la situación, al menos 40 personas han muerto, la mayoría por disparos de munición real durante manifestaciones en la capital, Jartum, desde el 25 de octubre, cuando el teniente general Abdel Fattah al Burhan, jefe del ejército, declaró un estado de emergencia nacional, disolvió el el gobierno y detuvo a decenas de políticos civiles.
“La escalada en el uso de fuerza letal por parte de las autoridades en Sudán en las dos últimas semanas estuvo calculada para intimidar y para sofocar las protestas contra la toma de poder por parte de los militares el mes pasado”, ha manifestado Deprose Muchena, director de Amnistía Internacional para África Oriental y Austral.
“El homicidio de decenas de manifestantes desarmados exige una investigación inmediata, independiente e imparcial para garantizar que se rinden cuentas por dichos homicidios y por otras graves violaciones de derechos humanos presuntamente cometidas por las fuerzas de seguridad. Las autoridades deben investigar los disparos mortales contra manifestantes desarmados, permitir que esta investigación sea supervisada internacionalmente, y hacer rendir cuentas a los responsables.”
Homicidios cometidos por las fuerzas de seguridad
Las fuerzas de seguridad intensificaron el uso de fuerza letal para enfrentarse a las protestas organizadas en la capital, Jartum, el 13 y 17 de noviembre. Según el Comité Médico de Sudán, mataron al menos a 23 personas.
La investigación y las entrevistas llevadas a cabo por Amnistía Internacional confirmaron que al menos nueve de las personas manifestantes muertas el 13 y 17 de noviembre habían fallecido por disparos, uno de ellos de un francotirador. La organización confirmó también que al menos 50 personas habían sufrido heridas de bala durante las protestas.
Desde que el ejército tomó el poder en Sudán el mes pasado, las fuerzas de seguridad han recurrido cada vez más al uso de munición real y gas lacrimógeno para dispersar las protestas generalizadas. Un acuerdo firmado el 21 de noviembre dio lugar a la reinstauración del primer ministro civil, Abdalla Hamdok, quien tras volver a ocupar su cargo declaró que las autoridades llevarían a cabo “una investigación independiente y transparente sobre todas las violaciones de derechos humanos” cometidas desde el 25 de octubre.
“Habida cuenta del pésimo historial de las autoridades sudanesas respecto a investigar hechos similares en el pasado, toda investigación sobre estas violaciones de derechos humanos debe ser supervisada y asistida por observadores internacionales, con el fin de garantizar que da resultados creíbles”, ha manifestado Deprose Muchena.
“El hecho de firmar un acuerdo político no debe permitir que los autores de estas violaciones de derechos humanos queden impunes.”
Escalada de la fuerza letal contra manifestantes
La investigación llevada a cabo por Amnistía Internacional confirmó que nueve de las personas manifestantes muertas habían fallecido por disparos dirigidos a la cabeza, el cuello y el pecho, uno de ellos realizado por un francotirador, el 13 y 17 de noviembre, y que al menos 50 personas habían sufrido heridas de bala. Al menos a un manifestante le disparó un francotirador. El uso de fuerza letal no estaba justificado, ya que todas estas personas estaban desarmadas. La organización ha determinado también que las fuerzas de seguridad llevaron a cabo redadas en hospitales.
El 13 de noviembre murieron cuatro manifestantes, tres de ellos por disparos y uno por asfixia con gas lacrimógeno, según el Comité Médico de Sudán. Amnistía Internacional confirmó que al menos una de estas personas murió por los disparos de un francotirador.
Elshaikh Youssef, estudiante de secundaria de 18 años de edad, marchaba con sus amigos por la calle 40 de Omdurman, ciudad gemela de Jartum, cuando les dijo a sus amigos que había visto un francotirador en un tejado. Cuando señaló hacia arriba, fue alcanzado por una bala que venía de esa misma dirección, según contaron sus amigos y un familiar a Amnistía Internacional.
Para cuando sus amigos lo llevaron al hospital, Elshaikh ya había fallecido. La autopsia confirmó que había muerto de un disparo en el hombro que le había perforado el pecho y el corazón.
Un familiar cercano de Elshaikh dijo a Amnistía Internacional: “Esto es devastador. Estoy a punto de perder mi fe en Dios. ¡¿Cómo pudo suceder algo así?!”.
Esto confirma los múltiples informes de activistas sudaneses que afirman que en los tejados había francotiradores que disparaban a quienes se manifestaban, y dirigían sus disparos a la cabeza y el pecho.
“Estos homicidios demuestran la existencia de un plan deliberado y específico de las autoridades para reprimir las protestas a cualquier precio.”
“Es preciso llevar a cabo una investigación independiente e imparcial para garantizar que los responsables rinden cuentas ante los tribunales en juicios justos.”
Las fuerzas de seguridad continuaron con su violencia el 17 de noviembre: mataron al menos a 15 manifestantes, según el recuento del Comité Médico de Sudán. Entre las dos menos cuarto y las cinco y cuarto de la tarde del 17 de noviembre, el Hospital Internacional de Jartum recibió a ocho personas con disparos: tres en el pecho, tres en la cabeza y dos en el cuello. Todas ellas murieron, según contó a Amnistía Internacional un miembro del personal de servicio en el hospital.
Un manifestante se desangró antes de llegar al hospital. Otra manifestante, Sit al Nafar Bakar, de 25 años, murió hacia las cuatro de la tarde al recibir un disparo en la cara mientras corría para huir de la policía en Jartum norte. Un familiar cercano dijo a Amnistía que Sit al Nafar era estudiante de enfermería, una activista dedicada y “una muchacha muy humilde y valiente que siempre estaba en primera línea de las protestas”. Quienes la conocían dijeron a Amnistía Internacional que solía decir que protestaba para conseguir un Estado civil, y que, si moría, “conseguidme justicia”.
Otro manifestante muerto por munición real ese mismo día fue Muzamil al Jinaid, empresario de 32 años. Murió por disparos hacia las cuatro y media en Jartum norte. “Nadie presenció lo ocurrido. Sólo recibimos una llamada en la que nos decían que fuéramos al hospital a identificar un cadáver. Cuando llegamos, encontramos su cadáver con heridas de bala”, dijo un familiar cercano a Amnistía Internacional.
La violencia vino precedida de un largo patrón de uso de fuerza excesiva y mortal por parte de las fuerzas de seguridad, incluidos disparos con munición real contra manifestantes para disolver protestas en Sudán. Sin embargo, este patrón se ha intensificado enormemente al enfrentarse a las manifestaciones de civiles desarmados desde que el ejército se hizo con el poder.
“El aumento de los homicidios la semana pasada confirma que los dirigentes de seguridad de Sudán están despreciando el derecho a la vida, a la protesta pacífica y las normas jurídicas que regulan el uso de la fuerza”, ha manifestado Deprose Muchena.
Detenciones y reclusiones arbitrarias
Mientras tanto, las autoridades militares han seguido deteniendo a activistas y políticos civiles, que vienen a sumarse a las decenas de personas que ya han sido detenidas arbitrariamente en el país desde el 25 de octubre. No obstante, desde que se firmó el acuerdo político el 21 de noviembre se ha puesto en libertad a algunas personas detenidas.
Nour Al Din Salah, miembro destacado del Partido del Congreso Sudanés, fue detenido la medianoche del 16 de noviembre cuando un grupo de agentes de seguridad armados entró por la fuerza en su casa de Jartum. Según el relato de familiares a Amnistía Internacional, le vendaron los ojos y se lo llevaron. La detención tuvo lugar tan sólo unas horas después de que Salah compareciera en una entrevista emitida por Al Yazira árabe, en la que criticó la toma de poder por parte del ejército. La hermana de Salah contó a Amnistía Internacional que están pidiendo información sobre su paradero y los cargos en su contra.
Amnistía Internacional y Human Rights Watch confirmaron en una declaración conjunta el 9 de noviembre que había al menos ocho detenidos recluidos en lugares no desvelados, sin acceso a su familia ni a asistencia letrada, en circunstancias que pueden constituir desaparición forzada. No obstante, al menos uno de ellos ha sido puesto en libertad, según los informes.
Las autoridades también llevan interrumpiendo las conexiones a Internet y telefónicas desde el 25 de octubre para limitar la capacidad de la gente de planificar y documentar las protestas. Internet estuvo cortada más de tres semanas, mientras que las líneas telefónicas estuvieron cortadas durante cuatro horas el 17 de noviembre. Los servicios se restauraron el 18 de noviembre.
“Está claro que los agentes de seguridad de Sudán están actuando con una sensación de impunidad total”, ha manifestado Deprose Muchena.
“Si continúan con su rumbo actual, está claro que vamos a perder más vidas. Las autoridades deben rendir cuentas, incluidos los máximos responsables de estos graves abusos.”