Nuba woman sit inside a food storage warehouse in the Yida refugee camp, April 2012, South Sudan. Food shortages are extreme among refugees fleeing violence in South Kordofan.
Amnistía Internacional acoge con satisfacción la decisión de la fiscalía sueca de interponer cargos contra dos representantes de la empresa de petróleo y gas Lundin Oil AB (actualmente Lundin Energy AB) por “complicidad en graves crímenes de guerra en Sudán entre 1999 y 2003”.
Con esta causa única según las normas suecas e internacionales, la fiscalía sueca ha expresado que la jurisdicción universal para dirimir los más graves crímenes es una vía clave para hacer rendir cuentas a representantes de empresas suecas, incluso en el caso de actos llevados a cabo fuera de Suecia y hace más de 20 años.
“Las personas afectadas por la conducta indebida de la empresa no tendrán la oportunidad de testificar ante un tribunal sueco; y esperamos que las que sobrevivieron reciban reparación e indemnización adecuadas en el caso de que se pronuncie una sentencia condenatoria”, ha manifestado Ulrika Sandberg, asesora general sobre Empresas y Derechos Humanos de Amnistía Internacional Suecia.
“Es importante que estos delitos graves no se olviden. Los crímenes de guerra son uno de los crímenes más graves que Suecia tiene la obligación de investigar y llevar ante la justicia en virtud del derecho internacional. Un gran número de civiles sufrió a consecuencia de los crímenes del régimen sudanés, en cuya comisión, como sostenemos, fue cómplice la empresa acusada. Mucha de la población civil que sobrevivió se vio obligada a abandonar su hogar y no regresar jamás, y aún hoy continúa sin saber qué ocurrió con los familiares y amigos de los que los separaron”, dijo Henrik Attorps, director de la investigación y fiscal.
Amnistía Internacional fue una de las primeras organizaciones en denunciar la violaciones de derechos humanos que se cometieron en la zona en la que Lundin Oil y otras empresas petroleras internacionales desarrollaban sus actividades en lo que ahora es Sudán del Sur. Según la Coalición Europea sobre el Petróleo de Sudán, cuyo informe Unpaid Debt llevó a un fiscal sueco a abrir una investigación preliminar en 2010, un total de 12.000 personas perdieron la vida y 160.000 se vieron obligadas a huir.
Pese a la publicación de varios informes que formulan acusaciones similares contra la empresa, Lundin Energy no ha querido ni encargar una investigación externa de las acusaciones, ni debatir ninguna forma de reparación ni indemnización a las personas afectadas.
Amnistía Internacional alberga la esperanza de que las actuaciones judiciales ayuden a esclarecer las normas sobre responsabilidad penal de los actores empresariales cómplices de crímenes graves de derecho internacional, también en las situaciones de conflicto armado.
“La demanda también es sumamente importante para las personas y grupos de todo el mundo que hacen campaña para exigir una mayor rendición de cuentas de las grandes empresas multinacionales, especialmente en el sector extractivo, cuyas actividades tan habitualmente afectan a las comunidades locales y el medioambiente de una forma muy invasiva”, explicó Ulrika Sandberg.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
En 1997, la empresa sueca de petróleo y gas Lundin Energy AB (Lundin Oil AB, en ese momento) formalizó un contrato con el gobierno de Sudán de la época, presidido por Omar al Bashir, acusado de genocidio por la Corte Penal Internacional, para extraer petróleo en lo que entonces era Sudán. Lundin Oil colaboró con la empresa malasia Petronas Carigali Overseas Sdn Bhd, la empresa austriaca OMV (Sudan) Exploration GmbH, y la empresa petrolera estatal de Sudán Sudapet Ltd. en un consorcio empresarial en una región llamada Bloque 5A
Las actuaciones penales suecas se centran en la relación entre, por un lado, las atrocidades cometidas contra la población civil que al parecer se llevaron a cabo para posibilitar la extracción de petróleo en la región y, por otro, en la actividad empresarial de Lundin. En el momento de los hechos, el país se hallaba sumida en una guerra civil que, según procedimientos especiales de la ONU, estaba siendo alimentada, entre otros factores, por la presencia de las empresas petroleras. Entre los horrendos abusos documentados en varios informes de derechos humanos figuran el reclutamiento forzado de niños y niñas solados y el desplazamiento forzado de centenares de millares de personas.