La decisión de un tribunal militar de prolongar el encarcelamiento del bloguero tunecino Yassine Ayari es una violación grave del derecho a la libertad de expresión, ha declarado Amnistía Internacional hoy, cuando comenzaba su nuevo juicio.
La organización ha pedido su excarcelación inmediata y que se anule su condena por “difamar al ejército” en una serie de publicaciones en Facebook. Yassine Ayari fue condenado a tres años de cárcel en noviembre.
“Es inaceptable que Yassine Ayari esté encarcelado por criticar a las autoridades. Como civil, nunca debió haber sido juzgado por un tribunal militar y debió ser puesto en libertad de inmediato”, afirmó Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
“El nuevo Parlamento tunecino, elegido hace dos meses, debe convertir en prioridad la derogación de las leyes que tipifican la difamación de las autoridades e instituciones del Estado como delito y permiten que los tribunales militares juzguen a civiles.”
Yassine Ayari fue detenido en el aeropuerto de Túnez cuando llegaba de Francia, el 24 de diciembre. Le informaron de que un tribunal militar lo había juzgado en ausencia en noviembre y lo había condenado a tres años de prisión, y fue llevado a la cárcel de Mornaguia.
Yassine Ayari fue declarado culpable de “difamar al ejército” en textos publicados en su página de Facebook en agosto y septiembre de 2014. Los posts criticaban al ministro de Defensa Ghazi Jeribi, así como nombramientos concretos en el mando del ejército.
Ayari fue condenado a la pena máxima de prisión prevista en las disposiciones que prohíben los ataques contra la reputación del ejército, así como las “críticas” que menoscaben la autoridad de los mandos militares.
Su nuevo juicio, que se reanudaba hoy, se ha aplazado hasta el 20 de enero, y hasta entonces seguirá en prisión.
Yassine Ayari es el último tunecino enjuiciado hasta el momento por los tribunales militares por criticar al ejército o a sus oficiales.
“Hay una persistente tendencia a usar los tribunales militares para castigar a quienes critican el ejército”, dijo Hassiba Hadj Sahraoui.
“Túnez debe derogar las leyes que permiten estos juicios si quiere demostrar que está rompiendo claramente con el pasado”, añadió.
Información complementaria
Yassine Ayari fue condenado en aplicación del artículo 91 del Código de Justicia Militar, que prohíbe los ataques contra la “dignidad, reputación y moral” del ejército, los actos que debiliten la disciplina militar, la obediencia y el respeto a los superiores, así como las críticas de acciones del alto mando militar o de oficiales del ejército que menoscaben su dignidad.
Varios civiles tunecinos han sido juzgados recientemente por tribunales militares por criticar al ejército o a las autoridades.
En noviembre de 2014, Sahbi Jouini, líder de un sindicato policial, fue condenado en ausencia a dos años de prisión por difamar al ejército, tras acusar a éste de no usar adecuadamente la información para combatir el terrorismo.
En mayo de 2013, un tribunal militar juzgó al bloguero Hakim Ghanmi por “menoscabar la reputación del ejército” tras quejarse del director de un hospital militar.
El ex asesor presidencial Ayoub Massoudi fue declarado culpable también de “menoscabar la reputación del ejército” y difamar a un funcionario en 2012, tras criticar públicamente la extradición del ex primer ministro libio Al Bagdadi al Mahmoudi de Túnez a Libia en junio de 2012.
Las normas internacionales de derechos humanos establecen claramente que los civiles no deberán ser enjuiciados por tribunales militares.
Aunque el Código de Justicia Militar tunecino fue reformado en julio de 2011, no limitó la competencia de los tribunales militares a los delitos de naturaleza puramente militar cometidos por personal militar.
El derecho a la libertad de expresión también permite las críticas públicas a autoridades e instituciones.
Este derecho está consagrado en la nueva Constitución de Túnez, así como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que Túnez es Estado Parte. Las leyes que prevén una protección especial a las autoridades frente a las críticas y penalizan la difamación no son compatibles con el respeto a la libertad de expresión. Las infracciones relativas a la difamación deben ser juzgadas en el ámbito civil.