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TÚNEZ: CIENTOS DE MANIFESTANTES PACÍFICOS JUZGADOS IN ABSENTIA EN GAFSA

7, Jun. 2019 | Categoría: ,

LAS AUTORIDADES DEBEN ACABAR CON EL HOSTIGAMIENTO JUIDICAL CONTRA MANIFESTANTES PACÍFICOS

Las autoridades tunecinas deben acabar con el hostigamiento judicial contra las personas que protestan pacíficamente para reclamar derechos laborales en la región de Gafsa, ha manifestado Amnistía Internacional hoy. En caso de procesamiento, las autoridades deben garantizar el derecho a un juicio justo y asegurar que, a todas las personas procesadas por cargos relacionados con las protestas, se las informa con suficiente antelación de los cargos contra ellas y se les permite preparar su defensa.

En los últimos cinco años, el Tribunal de Primera Instancia de Gafsa (en adelante, el Tribunal de Gafsa) ha declarado culpables a cientos de personas, condenándolas a menudo a penas de entre seis y ocho meses de prisión, acusadas de “perturbar la libertad de trabajo”, en virtud del artículo 136 del Código Penal tunecino. Estos procesos violaron de forma flagrante el derecho a un juicio justo porque las autoridades no informaron a los manifestantes de que se habían presentado cargos contra ellos. Los cargos presentados vulneraron su derecho a la libertad de reunión pacífica y los juicios celebrados en su ausencia conculcaron el derecho de las personas acusadas a un juicio justo.

Desde el levantamiento de 2011 que derrocó al ex presidente tunecino Zine el Abidine Ben Ali, la región de Gafsa, y en particular las ciudades de la cuenca minera de fosfatos, se han visto sacudidas por una oleada de protestas sociales. Los manifestantes, en su mayoría desempleados, protestan por la falta de oportunidades laborales para la gente joven local en la empresa minera de fosfatos, de propiedad estatal y principal empleadora en las ciudades mineras de Redeyef, Moularès, Metlaoui y M’dhilla. Se calcula que el índice de desempleo en Gafsa es del 28%, frente al 15,5% nacional. En consecuencia, en 2017 se registraron en la región una media de 70 protestas al mes, según un estudio realizado por la Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Según el Foro Tunecino por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sólo en 2018, hubo al menos 791 protestas en la región.

Los profesionales del derecho calculan que, en los últimos años, el Tribunal de Gafsa ha declarado culpables a unas 400 personas por cargos relacionados con las protestas, condenándolas a menudo a penas de entre seis y ocho meses de prisión y sin informarlas de que se habían presentado cargos contra ellas o de las fechas de los juicios. La falta de notificación adecuada a las personas procesadas las priva de su derecho a preparar sus defensas, ya que no pueden buscar abogado ni asistir a las sesiones del juicio.

Afef Zarrouk, abogada que trabaja de forma voluntaria en la presentación de recursos contra las sentencias de más de 200 personas acusadas por diversos cargos relacionados con las protestas, explicó a Amnistía Internacional que el número de enjuiciamientos había aumentado desde 2016 y alcanzó un nivel récord en 2017:

“[Los abogados] estamos sorprendidos por el gran número de condenas in absentia contra manifestantes. A las actas de acusación, a menudo arbitrarias, les siguen de forma casi sistemática sentencias in absentia”.

También indicó que, en la mayoría de los casos, las actas de acusación se basaban únicamente en las quejas de la empresa de fosfatos y expresó su preocupación por el uso abusivo que las autoridades hacen del artículo 136 para castigar las protestas sociales.

El artículo 136 del Código Penal tunecino condiciona el delito de “perturbación de la libertad de trabajo” al uso de “violencia, agresiones, amenazas o reclamaciones fraudulentas”. Este delito se castiga con una pena máxima de tres años de prisión y una multa de hasta 720 dinares tunecinos (aproximadamente 230 dólares estadounidenses). Sin embargo, en los casos revisados por Amnistía Internacional, la fiscalía no había presentado denuncias ni pruebas de que hubiera habido violencia.

El uso abusivo que los fiscales hacen del cargo de “perturbar la libertad de trabajo” para criminalizar la protesta pacífica contraviene las obligaciones de Túnez de proteger el derecho a la libertad de reunión pacífica consagrado en el artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. También contraviene la constitución y la legislación tunecinas.

Amnistía Internacional subraya que el tribunal no debe declarar culpables a los manifestantes en virtud del artículo 136 a menos que existan pruebas de que utilizaron violencia, fraude o amenazas. Es más, en los casos en que los manifestantes recurrieron a medios pacíficos para organizar su actividad, el tribunal debe reconocer que las manifestaciones pacíficas que, de forma temporal, obstruyen la actividad de terceras partes están protegidas por el derecho a la libertad de reunión con arreglo a las normas internacionales.

JUICIOS SOBRES LAS PROTESTAS EN MOULARÈS

La mayoría de las sentencias condenatorias dictadas por el Tribunal de Gafsa en virtud del artículo 136 están relacionadas con manifestaciones en la ciudad minera de Moularès, donde los jueces condenaron a unos 200 habitantes de la ciudad en 12 juicios diferentes.

Amnistía Internacional revisó 91 casos de manifestantes pacíficos de Moularès que habían sido procesados por el único cargo de “perturbar la libertad de trabajo”. Estos manifestantes habían sido juzgados entre 2016 y 2019 en siete procesos judiciales diferentes en grupos de entre 5 a 32 personas. La organización entrevistó a 15 de los manifestantes que habían sido condenados (3 mujeres y 12 hombres) y también habló con sus representantes legales. En todos los casos habían sido condenados sin estar presentes en el tribunal.

Amnistía Internacional revisó los pliegos de cargos, los atestados policiales y los informes de la fiscalía de los siete procesos judiciales y observó que no incluían afirmaciones de que los manifestantes hubieran utilizado violencia. Tras una de las denuncias de la Compañía Nacional de Fosfatos de Gafsa, la fiscalía del Tribunal de Gafsa presentó cargos contra manifestantes pacíficos por su participación no violenta en varias protestas que habían tenido lugar en Moularès durante los años 2014, 2015 y 2016. En una de las denuncias que revisó Amnistía Internacional, la empresa alegó que las personas acusadas habían impedido trabajar al personal y que habían cerrado una bomba de agua en una planta de lavado de fosfatos en Moularès.

A los manifestantes condenados se les denegó el derecho a la defensa, un elemento fundamental del derecho a un juicio justo, porque las autoridades no los informaron de los cargos presentados contra ellos ni del lugar y fecha de los procedimientos. Las 15 personas entrevistadas por Amnistía Internacional confirmaron que en ningún momento habían recibido notificación alguna de los procedimientos judiciales abiertos contra ellas. Más tarde, la policía les comunicó las sentencias en sus localidades. Según el artículo 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el derecho a hallarse presente en el proceso es un requisito fundamental de un juicio justo. Por tanto, las autoridades están obligadas a informar a las personas acusadas de los procedimientos abiertos en su contra con tiempo suficiente para que puedan comparecer y preparar su defensa antes de que el procedimiento continúe en su ausencia.

En uno de los 91 casos analizados por Amnistía Internacional, Sihem, una mujer de 37 años de Moularès, inicialmente condenada a seis meses de prisión en febrero de 2017, explicó a Amnistía Internacional que supo que se estaba celebrando un juicio contra ella porque informaron de la sentencia en la televisión. Dijo que estaba viendo las noticias cuando en el teletexto de la parte inferior de la pantalla observó que mencionaban un juicio sobre una sentada de protesta en la planta de bombeo de agua de la compañía minera de fosfatos, de propiedad estatal, en Moularès, en la que ella había participado en mayo de 2015.

“Cuando vi las noticias me quedé preocupada por si estaba incluida [en la sentencia] y le pedí a un familiar que preguntara a la policía sobre mi situación. Cuando fue a la comisaría de policía le entregaron la notificación de la sentencia”, explicó Sihem.

Tras recibir esta información, Sihem apeló la condena in absentia por medio de un abogado de Gafsa y quedó reducida a una multa de 200 dinares (64 dólares estadounidenses).

En otro caso, Hichem, manifestante de 21 años, explicó a Amnistía Internacional que él tampoco había sabido que estaba acusado de ningún delito hasta después de ser condenado a seis meses de prisión por su participación en una manifestación pacífica en enero de 2017.

En el caso de nueve de las personas entrevistadas por Amnistía Internacional, el tribunal redujo en apelación sus penas de prisión a multas de entre 200 a 350 dinares tunecinos (entre 64 y 115 dólares estadounidenses, aproximadamente).

En uno de estos casos, el Tribunal de Gafsa condenó a Fajr, residente de Moularès de 70 años, a ocho meses de prisión por “perturbar la libertad de trabajo” por su participación en una manifestación en la ciudad. No le notificaron los cargos hasta después de la sentencia condenatoria, por lo que no pudo estar presente en su propio juicio ni preparar su defensa contra los cargos formulados contra ella.

“[La fiscalía] dijo que había participado en una sentada que costó dinero a la empresa y que perjudicó a la economía del país y [primero] me condenaron a ocho meses de prisión por bloquear el acceso a la planta cuando todo lo que hice fue sentarme”, dijo a Amnistía Internacional. “Ahora tengo que pagar una multa de 350 dinares (115 dólares estadounidenses). No tengo ese dinero. Participé en la sentada porque ninguno de mis hijos tiene trabajo y estamos desesperados”.

Abdel Kader Amari, jubilado de 75 años de Moularès, también explicó que había participado en manifestaciones en apoyo al derecho al trabajo de sus hijos.

“Prefiero correr el riesgo de que me juzguen a mí que dejar que mis hijos participen en las protestas. Ellos son jóvenes y buscan trabajo y no quiero que tengan antecedentes penales. Se ha convertido en algo normal acabar acusado y condenado, todos sabemos que existe el peligro de que esto ocurra, pero no tenemos otra opción”.

Abdel Kader tiene seis hijos con problemas para encontrar trabajo en la región. En 2017 fue condenado con otros cuatro manifestantes a pagar una multa de 300 dinares (aproximadamente 100 dólares estadounidenses) por participar en una sentada en la planta de lavado de fosfatos de Moularès.

Varios manifestantes condenados in absentia explicaron a Amnistía Internacional que, por su situación económica, les había resultado difícil participar en los trámites del proceso de apelación. Los manifestantes más jóvenes indicaron que les preocupaba que con antecedentes penales les resultara todavía más difícil encontrar trabajo.

“Parece como si toda la ciudad hubiera sido condenada in absentia”, dijo Hichem a Amnistía Internacional. “Si todavía no has sido condenado, es solo cuestión de tiempo antes de que lo seas, porque todos participamos en las protestas, a falta de soluciones concretas por parte del gobierno a la difícil situación de la ciudad. Ahora, en lugar de luchar por mi derecho al trabajo, me encuentro con que tengo que luchar para apelar la condena. Es como si nos hubieran castigado por atrevernos a exigir nuestros derechos”.

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