Los legisladores tunecinos deben eliminar las disposiciones problemáticas del nuevo proyecto de ley antiterrorista, afirman Amnistía Internacional y otras ocho organizaciones no gubernamentales en una carta conjunta dirigida hoy al Parlamento. El borrador de proyecto de ley permite la detención en régimen de incomunicación prorrogada, debilita las garantías procesales de las personas acusadas de delitos relacionados con el terrorismo y contempla la pena de muerte.
“Al mismo tiempo que Túnez aumenta sus esfuerzos para luchar contra el terrorismo, debe garantizar que no sacrifica los derechos humanos en su afán por garantizar la seguridad”, declaró Philip Luther, director del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
El gobierno remitió el proyecto de ley al Parlamento el 26 de marzo de 2015, tras el atentado contra el Museo del Bardo en el que murieron 22 turistas extranjeros. Después de que un hombre armado matara a 38 turistas en un hotel de Sousse el 26 de junio, las autoridades anunciaron que acelerarían la aprobación de la ley. El Parlamento debate actualmente el proyecto en la comisión legislativa general.
El nuevo borrador de proyecto de ley antiterrorista del gobierno permitiría que la policía mantuviera a los detenidos en régimen de incomunicación un máximo de 15 días con el consentimiento del fiscal, sin llevar al afectado ante un juez. Durante ese periodo, los detenidos no tendrían acceso a un abogado ni contacto con su familia, lo que aumentaría el riesgo de que sufrieran malos tratos o tortura. En la actualidad, la legislación tunecina permite que las autoridades mantengan la detención —incluida la de personas acusadas de delitos relacionados con el terrorismo— un máximo de seis días. El borrador de proyecto de ley permitiría la imposición de la pena de muerte a las personas declaradas culpables de un acto terrorista con resultado de muerte, por lo que se ampliaría la lista de delitos punibles con la pena capital en la legislación tunecina. Túnez mantiene una moratoria de facto de las ejecuciones desde 1991.
El proyecto legislativo conserva asimismo algunos de los defectos del borrador anterior, como una definición general y ambigua de terrorismo que podría permitir al gobierno reprimir un amplio abanico de libertades protegidas internacionalmente. Por ejemplo, podría abrir la vía para enjuiciar como terrorismo una manifestación pública que desembocara en “daños a bienes privados y públicos” o la interrupción de servicios públicos.