Las autoridades de Túnez deben poner fin de inmediato al procesamiento de un bloguero y una bloguera por atreverse a criticar el enfoque del gobierno para hacer frente a la pandemia de COVID-19, ha afirmado hoy Amnistía Internacional.
La semana pasada, un bloguero y una bloguera fueron detenidos y se enfrentan a los cargos de “insultar a autoridades del Estado”, “causar disturbios públicos” y difamación. Se los acusa de publicar vídeos en redes sociales donde afirman que el gobierno no ofrece una indemnización adecuada a las personas con dificultades económicas ni toma medidas ante la escasez de alimentos básicos en el mercado en plena pandemia de COVID-19.
Dentro de la región, Túnez presenta unos índices de libertad política relativamente altos. No obstante, en los últimos dos años han tenido lugar diversos procesamientos relacionados con la libertad de expresión, en muchos de los cuales se ha utilizado una legislación anticuada, de la época del depuesto presidente Ben Alí, para procesar a personas críticas por difamación y por insultos a autoridades e instituciones del Estado.
“Lo último que las autoridades tunecinas deberían hacer en medio de una pandemia es detener o procesar a personas por criticar la respuesta del gobierno ante la pandemia de COVID-19. La libre circulación de información y la confianza pública son especialmente importantes en estos momentos. Todas las personas detenidas por expresar sus opiniones deben quedar en libertad de inmediato y sin condiciones”, ha dicho Amna Guellali, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.
“Estos procesamientos transmiten un mensaje equivocado en estos momentos, y suponen un importante revés para la libertad de expresión en el país. Cuestionar las medidas del gobierno y criticar las deficiencias y la falta de suministros en relación con la pandemia no son hechos sancionables.”
El 13 de abril, el bloguero Anis Mabrouki publicó un vídeo en su página de Facebook en el que se veía a numerosas personas congregadas ante la sede cerrada de la alcaldía de Teburba (localidad situada a 30 kilómetros de la capital, Túnez) para exigir la ayuda económica prometida por el gobierno en el contexto del confinamiento de la COVID-19. Al día siguiente recibió una citación de las autoridades, después de que el alcalde presentara cargos en su contra.
Según su abogado, Mohammed Ali Bouchiba, que estuvo junto a él ante el tribunal, Anis compareció ante la fiscalía el 15 de abril y fue acusado de “causar ruidos y disturbios públicos” y de “acusar a autoridades de delitos relacionados con su cargo sin pruebas de su culpabilidad” en aplicación de los artículos 316 y 128 del Código Penal, respectivamente.
La sala de delitos menores del Tribunal de Primera Instancia de Manuba ha desestimado la solicitud de libertad en espera de juicio presentada por el equipo defensor de Mohammed y ha fijado la próxima vista el 30 de abril.
Hajer Awadi, también bloguera y activista política, publicó el 12 de abril en su página de Facebook un vídeo en el que habla de su documentación de la corrupción del gobierno y la deficiente distribución de alimentos básicos en su región, Le Kef, en el noroeste de Túnez. En el vídeo, además, asegura que cuando ella y su tío fueron a denunciar la corrupción, la policía local los agredió y amenazó con el arresto.
Hajer Awadi y su tío fueron detenidos una hora después de publicarse el vídeo, según ha contado su abogado, que estuvo presente en su interrogatorio por la policía. Ambos comparecieron al día siguiente ante el fiscal adscrito al Tribunal de Primera Instancia de Le Kef, quien los acusó de “insultar a un funcionario público” y “causar ruidos y disturbios públicos” en aplicación de los artículos 125 y 316 del Código Penal, respectivamente. Podrían tener que cumplir hasta un año de prisión y pagar una multa.
“Las autoridades tunecinas deben reducir el riesgo de propagación de la Covid-19 en lo posible y tomar medidas para que disminuya el número de personas en detención previa al juicio sólo por expresar sus opiniones. El caso de ambos blogueros constituye un crudo recordatorio de la necesidad urgente de reformar unas leyes anticuadas que permiten procesar a personas por ejercer su libertad de expresión”, ha dicho Amna Guellali.
Información complementaria
Amnistía Internacional ha documentado una tendencia creciente al procesamiento de blogueros y blogueras, periodistas y activistas utilizando una legislación que penaliza la expresión pacífica, principalmente la que se considera ofensiva o difamatoria, no sólo contra personas sino también contra instituciones del Estado, y la que se considera que podría perturbar el orden público o la moral.
La Constitución de Túnez de 2014 garantiza el derecho a la libertad de expresión en su artículo 31. Túnez es Estado Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que también garantiza el derecho a la libertad de expresión.