Túnez: Las fuerzas de seguridad deben respetar los derechos de quienes participen en las concentraciones contra la austeridad previstas

Las fuerzas de seguridad tunecinas deben abstenerse de hacer uso excesivo de la fuerza y poner fin a la utilización de tácticas de intimidación contra manifestantes pacíficos, ha señalado Amnistía Internacional ante las grandes protestas contra la austeridad previstas para el viernes en todo el país.

Durante las manifestaciones en contra del gobierno de los últimos cuatro días, las fuerzas de seguridad han utilizado cada vez más métodos de mano dura para dispersar y detener a los participantes. En el curso de los disturbios ha muerto un manifestante.

“Las autoridades tunecinas deben dar prioridad a la seguridad de los manifestantes pacíficos y garantizar que las fuerzas de seguridad sólo hacen uso de la fuerza cuando sea absolutamente necesario y proporcionado y para proteger los derechos de las demás personas”, ha manifestado Heba Morayef, directora regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

“Estas manifestaciones se están produciendo en respuesta a una situación económica verdaderamente difícil, y la función de la policía ha de consistir en relajar la tensión, no en intensificarla.”

La población tunecina se está echando a la calle desde el lunes 8 de enero en más de 20 localidades del país, para protestar por la acusada subida de los precios y los impuestos en el presupuesto impuesto por el gobierno del país.

El grupo activista Fesh Nestannew?” (“¿Qué estamos esperando?”), que está dirigido por jóvenes, ha llamado a la movilización para presionar al gobierno a fin de que revise sus planes, y se prevé que las manifestaciones se intensifiquen el viernes porque se han convocado concentraciones multitudinarias.

El 8 de enero, cuando un grupo de miembros del grupo marchaba pacíficamente por el centro de Túnez capital para pedir la libertad de activistas detenidos, las fuerzas de seguridad utilizaron porras para dispersarlos.

La policía ha detenido al menos a 15 activistas y coordinadores del grupo por delitos como pintar lemas en las paredes y distribuir octavillas para convocar manifestaciones. Muchos han sido puestos en libertad tras prolongados interrogatorios.

Uno de los que continúan bajo custodia es el catedrático de filosofía y activista Ahmed Sassi, que fue detenido arbitrariamente en su casa, en Túnez capital, el miércoles y comparecerá ante un fiscal el viernes.

“Estas detenciones parecen intimidación. Las autoridades tunecinas están hostigando a la gente por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión y de reunión”, ha añadido Heba Morayef.

Aunque algunas de las protestas han sido totalmente pacíficas, en varios casos se han producido actos esporádicos de violencia, que han degenerado en saqueos y vandalismo.

“Los actos de saqueo y vandalismo exigen una respuesta de las fuerzas de seguridad, pero debe ser proporcionada a los delitos cometidos. Los disturbios callejeros de Túnez no deben dar a la policía luz verde para tomar represalias haciendo uso ilegítimo o excesivo de la fuerza”, ha explicado Heba Morayef.

El lunes por noche murió un manifestante, Khomsi el-Yerfeni, durante una protesta organizada en la localidad de Tebourba, 30 kilómetros al oeste de Túnez capital.

Testigos presenciales han dicho a Amnistía Internacional que murió tras haber sido atropellado por un vehículo policial dos veces. Sin embargo, el Ministerio del Interior de Túnez ha manifestado en una declaración que murió asfixiado por el gas lacrimógeno porque padecía una enfermedad respiratoria crónica.

La familia de Khomsi el-Yerfeni ha negado que sufriera alguna dolencia crónica y ha dicho a Amnistía Internacional que jamás había tenido ningún historial médico en un hospital, como ha afirmado el Ministerio del Interior.

Aún no se han anunciado los resultados de la autopsia. En cualquier caso, si la policía hace uso de la fuerza, incluida la utilización de gas lacrimógeno, para dispersar una reunión, debe garantizar que se presta asistencia y atención médica a toda persona herida o afectada, a la mayor brevedad posible.

“Las autoridades tunecinas deben iniciar de inmediato una investigación exhaustiva e imparcial sobre la muerte de Khomsi el-Yerfeni, lo que incluye hacer públicos los resultados de la autopsia con total transparencia”, ha señalado Heba Morayef.

“Si se determina que algún funcionario encargado de hacer cumplir la ley es responsable penalmente de su muerte, debe ser llevado ante la justicia.”

De acuerdo con las normas internacionales, la policía sólo debe hacer uso de la fuerza cuando sea estrictamente necesario y proporcionado y de manera que se cause el menor daño o lesión posible.