Hace falta legislar salvaguardias contra los abusos
La nueva ley antiterrorista de Túnez pone en peligro los derechos humanos y carece de las salvaguardias necesarias contra los abusos, han declarado hoy ocho organizaciones no gubernamentales. La ley confiere a las fuerzas de seguridad poderes amplios e imprecisos de supervisión y vigilancia, amplía la detención en régimen de incomunicación de seis a 15 días para presuntos terroristas y permite que los tribunales celebren vistas a puerta cerrada y que se oculte la identidad de los testigos a los enjuiciados. El Parlamento tunecino debe reducir el riesgo de abusos que ha creado la nueva ley con medidas que incluyan modificar el Código de Enjuiciamiento Criminal para garantizar que todos los detenidos tienen derecho a ver a un abogado desde el momento de la detención, así como antes del interrogatorio y durante éste, afirman estas organizaciones.
“El terrorismo pone en peligro a todas las personas en Túnez, pero también lo hace una ley que permite que la policía interrogue a un detenido durante 15 días sin que esté presente un abogado”, dijo Eric Goldstein, director adjunto para Oriente Medio y el Norte de África de Human Rights Watch.
La Asamblea de Representantes del Pueblo —el Parlamento de 217 miembros de Túnez— adoptó la ley el 25 de julio de 2015 por 174 votos a favor y 10 abstenciones. El gobierno había presentado el proyecto de ley ante el Parlamento el 26 de marzo, tras el atentado del 18 del mismo mes contra el Museo del Bardo de Túnez en el que murieron 23 personas.
“Proteger a las personas de estos atentados en el futuro es, naturalmente, una preocupación fundamental de las autoridades tunecinas, pero se contribuirá a este fin si se hace verdadera justicia en investigaciones exhaustivas, imparciales e independientes y juicios justos sin recurso a la pena de muerte”, declaró por su parte Said Boumedouha, director adjunto del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
Esta ley sustituye la adoptada en 2003, durante el mandato del entonces presidente Zine El Abidine Ben Ali. Cuando Ben Ali fue derrocado en enero de 2011, los tribunales habían juzgado a alrededor de 3.000 personas en aplicación de dicha ley. Muchos presuntos opositores fueron enjuiciados en su virtud sin que hubiera ninguna prueba creíble que los relacionara con el terrorismo, y las declaraciones de culpabilidad se basaron en confesiones obtenidas bajo tortura, como señaló un informe de la ONU. Tras el derrocamiento de Ben Ali, las autoridades provisionales de Túnez apenas aplicaron la ley de 2003, pero reanudaron su uso en mayo de 2013, después de una serie de ataques armados contra las fuerzas de seguridad en las montañas de Chaambi, cerca de la frontera con Argelia.
Aunque el Parlamento modificó la ley durante el debate parlamentario para promover una mayor protección de los derechos humanos, lo que incluía una medida para reforzar el derecho de los periodistas a no revelar sus fuentes y otra que criminaliza la vigilancia gubernamental no autorizada, el texto adoptado sigue teniendo muchas lagunas.
Las organizaciones firmantes expresan preocupación por la definición de terrorismo contenida en la ley, que consideran demasiado amplia y ambigua. La ley tipifica como delitos de terrorismo “dañar propiedades privadas y públicas, recursos vitales, infraestructuras, medios de transporte y comunicación, sistemas TIC o servicios públicos cuando sean parte de una empresa individual o colectiva que tenga por objetivo sembrar intencionadamente el terror entre la población u obligar al gobierno o a una organización internacional a hacer algo o abstenerse de hacer algo.” Esta definición podría permitir la represión de determinados actos que carecen de carácter terrorista tal como define éste el derecho internacional. Una simple manifestación acompañada de cierto grado de desórdenes podría ser calificada de acto de terrorismo.
Por otra parte, la ley amplía el periodo de detención antes de la acusación en los casos de terrorismo, de seis días, como preveía la ley de 2003, a 15, tiempo en el que el detenido permanece incomunicado y sin acceso a un abogado ni a su familia. La detención prolongada en régimen de incomunicación bajo custodia policial aumenta la vulnerabilidad de los detenidos a la tortura y otros malos tratos, advirtieron los grupos firmantes. Estos abusos abundaban durante el régimen depuesto y siguen siendo una realidad, pues se han denunciado varios casos de tortura y de muertes en circunstancias no aclaradas bajo custodia policial desde 2011. Aunque la Constitución de 2014 confiere a los detenidos el derecho a ser representados por un abogado tras la detención, el Código de Enjuiciamiento Criminal establece que el acceso a un abogado sólo está permitido después de que la persona comparece ante un juez de instrucción.
Por tanto, el Parlamento debe revisar el Código de Enjuiciamiento Criminal para conferir a todos los detenidos bajo custodia policial el derecho a ver a un abogado inmediatamente después de la detención, tal como exigen el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, ratificados ambos por Túnez. En virtud de los Principios y Directrices sobre el Derecho a un Juicio Justo y a Asistencia Letrada Gratuita en África, “[a] toda persona arrestada, detenida, o presa, se le facilitarán oportunidades, tiempo e instalaciones adecuadas para recibir visitas de un abogado y entrevistarse con él, sin demora, interferencia ni censura y en forma plenamente confidencial.”
El Parlamento aún no ha debatido un proyecto de ley de reforma del Código de Enjuiciamiento Criminal. Dicho proyecto de ley, que el anterior gobierno presentó al Parlamento el 12 de abril de 2013, confirma el derecho a contar con un abogado sin dilación tras la detención y exige su presencia en todos los interrogatorios, las comparecencias judiciales y los contrainterrogatorios entre el acusado y testigos o víctimas de un presunto delito.
Preocupa también a las organizaciones firmantes el hecho de que la nueva ley antiterrorista prevé la imposición de la pena de muerte a las personas declaradas culpables de un acto terrorista con resultado de muerte o para cometer una violación. La pena de muerte no fue abolida en la Constitución de 2014 y sigue incluida en el Código Penal para varios delitos. Túnez mantiene una moratoria de facto de las ejecuciones desde 1991. Las organizaciones firmantes se oponen a la pena capital en todas las circunstancias por su carácter excepcionalmente cruel e irrevocable.
La ley permite que los jueces instructores celebren vistas a puerta cerrada. El artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) establece que toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías. Sin embargo, la presencia de los medios de comunicación y del público en general podrá limitarse únicamente en circunstancias excepcionales, como “por consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia.” La nueva ley no define los estrictos criterios que han de cumplirse antes de que una parte de un juicio sea cerrada al público, concediendo así una discreción excesiva a los jueces, han manifestado las organizaciones.
La ley establece que, si las circunstancias lo exigen, todos los datos que puedan identificar a víctimas, testigos y cualquier otra persona pertinente podrán ser confidenciales, incluso para el acusado y su abogado. El uso de testigos anónimos, tal como prevén los artículos 68 y 70, podría poner aún más en peligro el derecho de la persona acusada a una defensa efectiva al limitar su capacidad para impugnar los testimonios que la incriminan proporcionados por estos testigos.
Según el artículo 14 del PIDCP, la persona acusada tiene el derecho a “interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo”. Los Principios y Directrices sobre el Derecho a un Juicio Justo y a Asistencia Letrada Gratuita en África, adoptados por la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, establecen: “La persona acusada tiene derecho a interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo.” Además: “Sólo se permitirá el testimonio de testigos anónimos durante un juicio en circunstancias excepcionales, teniendo en cuenta la naturaleza y las circunstancias del delito y la protección de la seguridad del testigo y si se determina que los intereses de la justicia así lo exigen.”
La ley antiterrorista de Túnez incumple este requisito al dar un amplio margen a los jueces para admitir como prueba testimonios de testigos anónimos sin especificar los criterios que deben cumplir salvo “si las circunstancias lo requieren”.
La ley prohíbe la “apología del terrorismo” en unos términos tan generales que incumple los requisitos del derecho internacional para limitar el derecho a la libertad de expresión. Según la ley, cualquier persona de quien se halle que ha “hecho apología pública y clara” de un delito terrorista, del autor de un delito terrorista, de una organización o una alianza relacionadas con delitos terroristas, de sus miembros o sus actividades, puede ser condenada a un máximo de cinco años de prisión. Este artículo se podría utilizar para limitar de forma injustificada la libertad de expresión de las personas y grupos que ejercen legítimamente este derecho.
Los legisladores añadieron una disposición de última hora que protege a periodistas y médicos que, junto con los abogados, tendrán ahora derecho a proteger la confidencialidad de la información a la que tengan acceso en el curso de su labor profesional. Esta disposición mejora la protección de la libertad de prensa al reafirmar tanto a los periodistas como a sus fuentes potenciales que el Estado no puede, so pretexto de investigar un delito de terrorismo, revocar un acuerdo de confidencialidad alcanzado entre ellos.
La ley confiere a los servicios de seguridad y de inteligencia poderes excepcionales para usar “técnicas de investigación especiales”, como vigilancia, interceptación de comunicaciones, grabación de conversaciones telefónicas e infiltración por la policía en presuntos grupos terroristas, siempre que obtengan la aprobación judicial previa y durante un periodo no superior a cuatro meses. Durante la última sesión de votaciones, el Parlamento añadió una salvaguardia contra los abusos al prever que los agentes estatales pueden ser condenados a un año de prisión si realizan actividades de vigilancia o se infiltran en un grupo sin autorización judicial.
“Con la aprobación de esta ley, el Parlamento ha puesto en peligro los derechos por los que tanto han luchado los tunecinos”, dijo Gabriele Reiter, directora de la oficina en Túnez de la Organización Mundial contra la Tortura. “Ahora debería legislar unas salvaguardias efectivas de esos derechos para que no se conviertan en un daño colateral de la legítima lucha para proteger a Túnez del terrorismo.”
Lista de organizaciones firmantes:
Amnistía Internacional
Article 19
Avocats Sans Frontières – Belgique
Euro Med Rights
Fédération Internationale des Droits de l’Homme (Federación Internacional de Derechos Humanos)
Human Rights Watch
Organisation Mondiale Contre la Torture (Organización Mundial contra la Tortura)
Centro Carter