El despido de más de 100.000 personas empleadas en el sector público turco es arbitrario y ha tenido consecuencias catastróficas para su vida y su sustento, revela Amnistía Internacional en un nuevo informe.
No End In Sight: Purged public sector workers denied a future in Turkey muestra que decenas de miles de personas –entre ellas profesionales de la salud, agentes de policía, docentes, profesores universitarios y militares– a las que se ha tachado de “terroristas” y apartado del servicio público están pasando ya graves apuros económicos.
“Las repercusiones de la represión ejercida en Turquía tras el intento de golpe de Estado continúan destrozando la vida de gran número de personas, que no sólo han perdido su trabajo, sino que también han visto arruinada su vida profesional y familiar”, ha señalado Andrew Gardner, investigador de Amnistía Internacional sobre Turquía.
“Tachadas de ‘terroristas’ y privadas de sus medios de vida, gran cantidad de personas no pueden ya continuar en su profesión en Turquía y no tienen tampoco otras oportunidades de trabajo porque se les niegan”.
El informe, basado en 61 entrevistas realizadas en Ankara, Diyarbakır y Estambul, revela la difícil situación que afrontan, sin medios de resarcimiento, muchas personas que tenían antes un trabajo seguro en el sector público. Todas las personas entrevistadas explicaron que la falta de otros medios de sustento, incluidas prestaciones de la seguridad social, las había obligado a vivir de sus ahorros, depender de la ayuda de familiares y amistades, aceptar trabajos en la economía irregular o sobrevivir con pequeños donativos de sus sindicatos.
Muchas de las personas despedidas tienen prohibido el ejercicio privado de profesiones reguladas por el Estado, como la abogacía y la enseñanza. Asimismo, los agentes de policía y militares despedidos tienen prohibido por decreto buscar un trabajo similar en el sector privado. Los pocos profesionales a quienes se permite continuar desarrollando su actividad en el sector privado, como los profesionales de la salud, a duras penas encuentran trabajo, es especial en puestos equivalentes, con sueltos similares a los que tenían.
A los empleados públicos despedidos se les ha anulado el pasaporte, privándoles así de la posibilidad de buscar trabajo fuera del país, lo que restringe aún más y de manera grave sus oportunidades laborales. “No nos dejan salir del país, no nos dejan trabajar […] ¿Qué quieren que haga?”, explicó una mujer a quien habían despedido del puesto superior que ocupaba en el servicio civil de la oficina del presidente.
Incluso si algunos de los despidos –como los de militares que participaron en el intento de golpe de Estado– estuvieran justificados, el hecho de que las autoridades no hayan establecido criterios claros para llevarlos a cabo ni proporcionado pruebas individualizadas de actos ilícitos pone en entredicho su afirmación de que todos los despidos son necesarios para combatir el terrorismo. De hecho, los datos disponibles son indicativos de la existencia generalizada de motivos abusivos y discriminatorios tras la purga. Una persona que había trabajado en una institución pública local dijo a Amnistía Internacional: “Si alguien quiere borrarte de la institución no tienen más que dar tu nombre y decir que eres gülenista”.
La misma naturaleza pública de los despidos han puesto las cosas difíciles para las personas despedidas: “Yo era un héroe para la sociedad. Ahora me consideran un terrorista y un traidor,” dijo a Amnistía Internacional un ex militar que estaba destinado en la otra punta del país cuando tuvo lugar el intento de golpe. Una profesora universitaria despedida en agosto de 2016 explicó a la organización lo siguiente: “Mi hijo no quería ir al colegio, porque los demás niños se metían con él y le decían que su madre era una terrorista y una traidora.”
Ninguna de las personas entrevistadas por Amnistía Internacional ha recibido explicación alguna del motivo de su despido a parte de la acusación generalizada de la vinculación con grupos terroristas. Sin embargo, a pesar de la arbitrariedad manifiesta de las decisiones de despido, no hay un procedimiento efectivo de apelación para que las personas empleadas en el el sector público impugnen su despido. Una comisión propuesta en enero para evaluar los casos carece de la independencia y la capacidad necesarias para ser efectiva. Y aún no ha empezado a trabajar.
Un pequeño número de ex empleados públicos ha protestado públicamente por su despido y han sufrido hostigamiento de la policía, e incluso detención y malos tratos. Nuriye Gülmen, profesora universitaria, y Semih Özakça, docente, llevan 75 días en huelga de hambre como protesta por sus despidos.
“Privar a 100.000 personas de acceso al trabajo es semejante a una aniquilación profesional en gran escala, y está claro que forma parte de una purga política más general de quienes ejercen o parecen ejercer oposición política”, ha afirmado Andrew Gardner.
“Las autoridades deben poner fin de inmediato a estos despidos arbitrarios y rehabilitar a todas las personas que no hayan hecho nada ilícito. Se debe proporcionar a las personas despedidas acceso a un procedimiento rápido y efectivo de apelación para que puedan limpiar su nombre, recibir indemnización y volver a ejercer su profesión.”