Mientras la mortal pandemia de COVID-19 se extiende a un ritmo alarmante por toda Turquía, la vida de miles de personas de la población reclusa y el personal penitenciario corre grave peligro en unas cárceles masificadas y faltas de higiene. La semana pasada, el gobierno anunció su intención de aprobar una ley que podría llevar a la liberación anticipada de hasta 100.000 personas presas. Aunque es un paso positivo, no es suficiente.
Demasiadas personas recluidas en cárceles quedarían fuera del ámbito de aplicación de esta ley, incluidas las que nunca deberían haber ido a prisión —como periodistas, intelectuales, profesionales del derecho, miembros de la oposición política y personas que defienden los derechos humanos— simplemente por hacer su trabajo o ejercer sus derechos. Todas estas personas deben ser liberadas de forma inmediata e incondicional.
Muchas de estas personas han sido encarceladas arbitrariamente en aplicación de leyes antiterroristas a pesar de la ausencia de pruebas de que han apoyado la violencia.
El derecho internacional establece que la reclusión en espera de juicio debe ser una medida excepcional. Sin embargo en Turquía la prisión preventiva se utiliza de forma habitual y con carácter punitivo. Las autoridades turcas deben considerar la posibilidad de poner en libertad a todas las personas que están en prisión preventiva, de conformidad con el principio de presunción de inocencia y el derecho a la libertad. Pero estas personas no están incluidas en el anteproyecto de ley.
Asimismo las autoridades deberían considerar seriamente la posibilidad de poner en libertad a las personas especialmente expuestas a contraer la COVID-19, como las de mayor edad y las que tienen problemas graves de salud, y también garantizar que las que no puedan ser liberadas tienen acceso a asistencia y tratamiento médicos al mismo nivel que se proporcionan en la comunidad, lo que incluye pruebas, prevención y tratamiento de la enfermedad.
Actúa ya: envía un correo electrónico y pide al ministro de Justicia Abdülhamit Gül que incluya a periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y otras personas encarceladas por ejercer sus derechos, así como a las que están en prisión preventiva y otras especialmente expuestas a contraer la COVID-19, entre las personas presas candidatas a ser liberadas.
Pídele garantías de que se adoptan todas las medidas necesarias para proteger el derecho a la salud de todas las personas privadas de libertad, sin discriminación.