Turkish civil society activist and businessman Osman Kavala currently in prison awaiting trial on charges of trying to overthrow the government and “attempting to abolish the constitutional order.” 3 April 2018
De la dispersión violenta de las protestas a un enjuiciamiento por motivos políticos que culminó en las sentencias condenatorias dictadas contra Osman Kavala y otras siete personas inculpadas en la misma causa en Turquía; esta es la crónica de una escalofriante injusticia.
El enjuiciamiento político de los presos y presas de conciencia de Gezi
El encarcelamiento de las siete personas conocidas como los presos y presas de conciencia de Gezi en 2022 es uno de los ejemplos más graves y visibles del imparable deterioro de la situación de los derechos humanos en Turquía.
La causa de Gezi, que se extiende durante cuatro años y medio, es un enjuiciamiento disparatado y una traición a la justicia, que ha incumplido una sentencia vinculante del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y cuyas consecuencias para los derechos humanos en el país son inmensas.
El exempresario Osman Kavala es una figura destacada de la sociedad civil desde finales de la década de 1990 y ha dedicado su vida a promover la cultura y el diálogo a través de las artes.
Pero en abril de 2022 fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional —la condena más grave que existe en el Código Penal turco— tras ser declarado culpable de “intentar derrocar el gobierno”.
Las otras personas inmersas en la misma causa —la arquitecta Mücella Yapıcı, el urbanista Tayfun Kahraman, el abogado Can Atalay, la documentalista Mine Özerden, la productora cinematográfica Çiğdem Mater, el director de educación superior Hakan Altınay y el fundador universitario Yiğit Ekmekçi— fueron condenadas a sendas penas de 18 años de prisión por “ayudarlo”.
Yiğit Ekmekçi no estuvo presente en el juicio, por lo que no está en la cárcel pese a haber sido condenado, pero se ha emitido una orden de arresto.
“Sentí náuseas”, dijo Osman Kavala en su primera entrevista tras la sentencia condenatoria, dictada tras revocarse en apelación la absolución general de 2020.
Esta sentencia, al término de un juicio mediático de motivación política, ha sido condenada tanto en Turquía como por la comunidad internacional.
Pero ¿qué ha podido causar un error judicial tan escandaloso?
Historia de la causa de Gezi
El parque Gezi: 2013
El 30 de mayo de 2013, la policía desalojó del parque Gezi, en centro de Estambul, a un pequeño grupo de manifestantes que se oponían a su destrucción. La negación de su derecho a protestar y la violencia utilizada por la policía dieron lugar a una oleada de manifestaciones contra el gobierno en toda Turquía. La reacción de las autoridades fue brutal e inequívoca.
En los meses siguientes, la policía hizo uso en reiteradas ocasiones de fuerza innecesaria y excesiva para impedir y dispersar manifestaciones pacíficas. Aunque las protestas comenzaron a atenuarse, las autoridades siguieron intentando castigar el movimiento de protesta, mientras que los agentes de policía que abusaron de la fuerza no han comparecido ante la justicia.
Entre las personas castigadas de este modo estarían las inculpadas en la causa de Gezi. La acusación principal durante su juicio fue que su objetivo era derrocar el gobierno y que habían cometido actos de daños criminales cuando organizaron, dirigieron e intentaron extender las protestas del parque Gezi en 2013.
El legado de intolerancia a la protesta pacífica perdura en Turquía, con prohibiciones generales indefinidas y enjuiciamientos penales abusivos de personas que se manifiestan, desde las Madres/Personas del Sábado —que llevaban a cabo desde hacía decenios una vigilia pacífica que fue prohibida y penalizada en los últimos años— hasta la prohibición de los desfiles del Orgullo LGBTI+ y la dispersión brutal, detención y enjuiciamento de participantes.
El intento de golpe de Estado de 2016
El injustificable silenciamiento de las voces disidentes se agravaría en gran medida al intensificarse la represión generalizada de la libertad de expresión y otros derechos humanos en Turquía tras el fallido golpe de Estado que tuvo lugar en el país en 2016.
Mientras el gobierno del presidente Erdoğan trataba de aplastar este intento de derrocarlo, toda persona que expresara críticas hacia el gobierno —aunque no hubiera estado implicada en el fallido golpe de Estado— se convirtió en objetivo.
Más de 130.000 personas que trabajaban en el sector público —entre ellas miles de jueces y fiscales, docentes y otras— fueron despedidas sumariamente, y al mismo tiempo se recurría a leyes antiterroristas demasiado amplias para atacar a la disidencia real o supuesta. Periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y otras personas fueron —y siguen siendo— objeto de enjuiciamientos penales abusivos y prolongados periodos de detención en espera de juicio. Se cerraron organizaciones de la sociedad civil en aplicación de un decreto de emergencia.
El gobierno creó un discurso según el cual toda persona que exprese críticas podía ser simpatizante de un grupo armado. El poder judicial, que ya adolecía de falta de independencia, es cada vez más un instrumento de represión de la disidencia legítima.
El clima de miedo se extendió a la sociedad civil, sobre todo a quienes trabajan en los derechos humanos, y generó un efecto intimidatorio para la libertad de expresión.
En este contexto de intensa represión de los derechos humanos tuvo lugar el juicio de Gezi.
¿Qué pruebas se presentaron en el juicio?
La acusación principal durante el juicio fue que las personas acusadas organizaron, dirigieron e intentaron extender las protestas del parque Gezi en 2013, con el objetivo de derrocar el gobierno, y de este modo cometieron diversos actos de daños criminales.
El acta de acusación formal —de 657 páginas— presentada por la fiscalía no probaba ninguna de las acusaciones y se limitaba a basarse en teorías conspiratorias publicadas con anterioridad en medios de comunicación progubernamentales y promovidas por portavoces del gobierno, entre ellos el presidente Erdoğan.
Las acusaciones de la fiscalía eran de carácter general y no aportaban prueba alguna que vinculara a ninguna de las personas inculpadas con los presuntos delitos.
Cientos de páginas de transcripciones de cientos de llamadas telefónicas interceptadas ilegalmente, datos de viajes al extranjero, informes de investigaciones económicas, así como fotografías de Osman Kavala y otros acusados con diversas personas, fueron incluidas de forma aleatoria en el acta de acusación formal sin explicar de qué modo cualquiera de estos elementos constituía delito o probaba los delitos que se imputaban.
Aunque en el acta de acusación formal se afirmaba que Osman Kavala había organizado las protestas del parque Gezi junto con otros acusados con el objetivo de derrocar el gobierno, el contenido del acta no probaba en modo alguno esta extravagante acusación. Muchas de las personas acusadas no se conocían, y no existía ningún dato anterior a las protestas del parque Gezi que indicara que tal conspiración podía haber tenido lugar.
En el acta de acusación formal se mencionaba al entonces primer ministro, el hoy presidente Recep Tayyip Erdoğan, y a ministros de su gabinete como víctimas principales. También se mencionaban los nombres de otros 746 denunciantes pero no se explicaba de qué manera habían sido víctimas de los presuntos delitos.
- En el primer juicio —que concluyó con la absolución de todas las personas acusadas durante el enjuiciamiento— y en el nuevo juicio celebrado después de la anulación de las absoluciones en apelación, la fiscalía no presentó prueba concreta alguna que relacionara a Osman Kavala ni a ningún otro acusado con actos de violencia o intentos de derrocar el gobierno.
- No se presentaron pruebas que demostraran que Osman Kavala y las otras siete personas participaron en una conspiración en colaboración con potencias extranjeras para derrocar el gobierno.
- No se explicó cómo las ocho personas se unieron y dirigieron las protestas multitudinarias en las que se calcula que participaron 3,5 millones de personas en todas las provincias del país excepto una.
- No se aportaron pruebas para justificar las acusaciones de daños criminales y, de hecho, las personas encausadas fueron absueltas de todos estos cargos en la sentencia.
- Tal como Amnistía Internacional estableció con ocasión de las protestas de Gezi, la policía fue responsable de la mayor parte de la violencia y causó directamente la muerte de al menos cuatro personas, una de ellas menor de edad, como consecuencia de su uso de fuerza excesiva, y heridas a cientos de manifestantes.
- Se afirmó que la productora cinematográfica Ciğdem Mater había participado en la producción de un documental sobre las protestas de Gezi. El breve documental nunca se hizo, pero el tribunal no tuvo en cuenta este hecho al declararla culpable y condenarla a 18 años de prisión.
- Las afirmaciones incluidas en el acta de acusación formal según las cuales George Soros había financiado las protestas del parque Gezi no iban acompañadas de ningún tipo de prueba. Las autoridades encargadas de la acusación nunca lo han interrogado durante la investigación ni lo han mencionado como sospechoso.
La única prueba real que se desprende de esta parodia de juicio es que los tribunales de Turquía actúan a instancias del gobierno del presidente Erdoğan y no están libres de injerencias políticas.