“No me va a matar este virus: me va a matar tu sistema”,
Malik Yılmaz, conductor de camión
El coronavirus está devastando vidas en todo el mundo, sea por la propia enfermedad o por el impacto social y económico de los confinamientos y otras medidas gubernamentales. En todas partes, la población más pobre es la que más sufre. En Turquía, las autoridades están empeorando la situación al usar la pandemia como excusa para sofocar aún más el derecho a la libertad de expresión. Persiguen a usuarios y usuarias de las redes sociales, periodistas, profesionales de la medicina y otras personas, e invocan disposiciones legales que criminalizan la disidencia para silenciar a quienes critican al gobierno.
Represión en las redes sociales
En Turquía, usan las redes sociales alrededor de 54 millones de personas, casi dos tercios de la población. El país es el séptimo del mundo en cuanto a usuarios y usuarias activos de Twitter (13,6 millones de personas) y el primero en requerimientos legales del Estado para retirar contenido.
So pretexto de combatir las “noticias falsas”, la “incitación” o la “propagación del miedo y el pánico”, las autoridades turcas aplican disposiciones de la legislación penal para ir contra quienes hablan de la pandemia en Internet. Entre el 11 de marzo, cuando se declaró el primer caso positivo de la infección, y el 21 de mayo, la Unidad de Delitos Informáticos del Ministerio del Interior aseguró que 1.105 usuarios y usuarios de las redes sociales habían hecho propaganda a favor de una organización terrorista, lo que incluía “compartir publicaciones provocativas sobre el coronavirus”. Según informes, de estas personas, 510 fueron detenidas para ser interrogadas. En abril, Amnistía Internacional presentó una petición en virtud de la legislación sobre libertad de información a los Ministerios del Interior y de Justicia, solicitando más detalles de estas detenciones, investigaciones y enjuiciamientos relacionados con la COVID-19. Cuando se publican estas líneas, no se había recibido respuesta.
Cuando, el 28 de marzo, el conductor de camión Malik Yılmaz compartió un vídeo de TikTok con las 30 cuentas que seguían la suya, nunca pensó que sus comentarios se hicieran virales ni que terminaría detenido por la policía. En el vídeo, expresaba la frustración que sentía con el mensaje de “quédate en casa”:
Malik Yılmaz fue acusado del delito de “incitar a la opinión pública a infringir la ley”. Lo interrogaron tres veces, le prohibieron viajar al extranjero y ahora debe presentarse cada semana en una comisaría de policía. Como consecuencia, perdió el trabajo y teme ser enjuiciado en aplicación del artículo 217 del Código Penal, que prevé hasta dos años de cárcel. Sigue desafiante. “Mantengo lo que dije en el vídeo porque era verdad”.
Represión de los medios de comunicación
Turquía tiene más periodistas y personas que trabajan en medios de comunicación en prisión que ningún otro país. La represión a que se somete desde hace tiempo a los medios de comunicación se intensificó tras el intento de golpe de Estado de 2016 con el cierre de periódicos y la condena de decenas de periodistas en aplicación de leyes antiterroristas excesivamente generales. Ahora las autoridades vuelven a atacar a los y las periodistas. Solamente en las últimas tres semanas de marzo, la policía detuvo al menos a 12 periodistas por su información sobre la pandemia.
El 18 de marzo, Güngör Arslan supo que su colega İsmet Ciğit, editor de Kocaeli Ses —periódico local de la provincia occidental de Kocaeli— había sido detenido después de que un artículo publicado en el sitio web del periódico informase de dos muertes por coronavirus en un hospital local. Arslan corrió a la comisaría de policía para explicar que, como editor del sitio web, él era el responsable, tras lo cual fue detenido mientras Ciğit salía en libertad. Después de ser interrogado por el fiscal del Estado, también quedó en libertad. Hablando con Amnistía Internacional unas semanas después, dijo:
Nurcan Baysal at Ammesty’s International Secretariat in London, UK, 23 May 2018.
Nurcan is a Kurdish journalist and human rights defender based in Diyarbakir. When the government launched a military offensive in the south-east in 2016, Nurcan spent months visiting Kurdish villages under bombardment, documenting human rights violations, and stopping to help families who’d lost everything in the conflict. Her writings are known for their critical focus on voice women living under the bombardment. When the authorities launched a military operation in Afrin, Nurcan took to social media to demand peace and condemn the violent assault. She was detained for speaking against the violence, and although later released she now faces up to 3 years in jail in a separate case related to her writing. Nurcan, according to authorities’ absurd claims, had “spread propaganda for armed terrorist organizations … and a call for provocative actions.” In addition to her reporting, Nurcan has also co-founded several NGOs, set up a camp to help Yazidi women fleeing the Islamic State, and been a key voice in countless reconciliation programs in the region.
El 30 de marzo, la policía interrogó a la periodista residente en Diyarbakır y defensora de los derechos humanos Nurcan Baysal sobre 10 de sus publicaciones en redes sociales, ocho de los cuales tenían relación con la COVID-19, así como acerca de dos artículos sobre la situación en Diyarbakır durante la pandemia. La periodista tuvo que prestar declaración por segunda vez al día siguiente en relación con las acusaciones de que había “incitado a la opinión pública a la enemistad y el odio”, castigado con una pena de entre uno y tres años de cárcel. En abril, fue citada de nuevo para ser interrogada, esta vez sobre un tuit de 2016 sobre el distrito de Sur. Desde enero de 2018, Baysal ha sido detenida tres veces y policías armados han registrado su casa en dos ocasiones.
El exdirector del canal de televisión Halk, Hakan Aygün, fue encarcelado el 4 de abril tras criticar implícitamente al presidente Erdoğan (a quien no nombró) por difundir un número de cuenta bancaria para recibir donativos de la población con el fin de ayudar a hacer frente a la pandemia. En cuatro publicaciones, Aygün comparó el IBAN (el número de cuenta bancaria internacional que difundió el presidente) con “imán” (fe, en turco), insinuando que, en realidad, a quienes dicen tener fe sólo les importa el dinero. Aygün fue acusado de “incitar a la opinión pública a la enemistad y el odio” y de “insultar las creencias religiosas de una parte de la sociedad”, castigados ambos con penas de cárcel. Quedó libre el 6 de mayo, tras la primera vista judicial. Su enjuiciamiento continúa en tramitación.
Actuaciones contra profesionales de la medicina
La Asociación Médica de Turquía (TTB) está acostumbrada a estar en la línea de fuego de las autoridades. En enero de 2018, por ejemplo, fueron detenidos 11 miembros de su consejo nacional por pedir que se pusiera fin a la operación militar de Turquía en Afrin. Desde el comienzo de la pandemia, las autoridades han actuando tanto contra profesionales concretos como contra la TTB por cuestionar y criticar las políticas sanitarias del gobierno.
La policía ha citado dos veces al psiquiatra Özgür Deniz Değer, presidente de la TTB en Van, en el este de Turquía, desde que comenzó la pandemia. El 24 de marzo lo interrogaron en relación con una “amenaza de infundir temor y pánico entre la población” —delito tipificado en el artículo 213 del Código Penal y punible con una pena de entre dos y cuatro años de cárcel— en relación con una entrevista con la Agencia de Noticias Mesopotamia en la que hablaba de los riesgos de la propagación de la COVID-19 en las prisiones y criticaba al Ministerio de Sanidad por no trabajar con asociaciones médicas y no tomarse en serio la amenaza que representaba el virus. El 4 de mayo, el doctor Değer fue interrogado sobre un tuit, en el que se había etiquetado al ministro y al Ministerio de Sanidad, sobre las muertes de trabajadores y trabajadoras de la salud que no habían sido relacionadas con el coronavirus. Dijo:
El doctor Ömer Melik, presidente de la Asociación Médica de Urfa, fue citado a declarar por primera vez a principios de abril. “La policía me preguntó: ‘¿Por qué comparte cifras en su cuenta de Twi
tter? ¿Quién le da las cifras?’ Yo les dije: ‘Los y las profesionales que están tratando la pandemia’”. El doctor Melik añadió: “Aparentemente, estábamos infundiendo temor y pánico. Le pedí al policía: ‘Por favor, muéstreme cómo hacen eso estas publicaciones’”.
Posteriormente, la cuenta de Twitter de la Asociación Médica expresó preocupación por la falta de equipos de protección personal, destacó la muerte de trabajadores y trabajadoras de la salud y compartió un vídeo sobre la situación de las prisiones de Urfa. El doctor Osman Yüksekyayla, secretario general de la asociación, y el doctor Melik fueron detenidos e interrogados el 27 de abril sobre decenas de estas publicaciones en las redes sociales. Salieron en libertad bajo fianza con la prohibición de viajar al extranjero y la obligación de presentarse una vez al mes en una comisaría de policía. El doctor Melik explicó:
Otra vía es posible y necesaria
La propagación de este coronavirus mortal en Turquía tiene un indiscutible interés público, lo que hace crucial que la población pueda intercambiar información y expresar su disidencia sin temor al castigo. Sin embargo, en lugar de respetar el derecho a la libertad de expresión, el gobierno está reprimiendo todas las críticas e imponiendo su mensaje como el único que se puede escuchar. La ola de detenciones de los primeros días de la pandemia en Turquía transmitió un mensaje muy potente: el Estado no permitirá que se cuestione ni que se hable abiertamente de su estrategia, lo que provoca temor y autocensura.
Pero los usuarios y usuarias de las redes sociales, periodistas, profesionales de la salud y otras personas que expresan opiniones diferentes no están menoscabando la lucha contra el virus: están reforzándola. De hecho, es compartiendo información, analizando las decisiones públicas y hablando abiertamente la mejor forma de abordar la pandemia. Y de salvar vidas.