Organizaciones locales de derechos humanos han registrado más de 50 ataques a activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos en Ucrania sólo en los últimos nueve meses, han señalado hoy Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Freedom House y Frontline Defenders. Entre las víctimas figuran personas dedicadas a defender los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGBT); proteger el medio ambiente, y hacer campaña contra la corrupción.
Las organizaciones han criticado la falta de investigaciones efectivas sobre estos incidentes y de procesamientos de los responsables, pues aumenta el peligro que corren los defensores y defensoras de los derechos humanos y transmite el mensaje de que las autoridades toleran tales ataques y agresiones. Recientemente, el fiscal general ha sugerido que los activistas de la sociedad civil provocaron los ataques por criticar a las autoridades, con lo que da la impresión de que se puede atacar abiertamente a los defensores y defensoras de los derechos humanos.
En la mayoría de los casos, los ataques han ido dirigidos contra personas o grupos que hacen campaña contra la corrupción en su comunidad local, llaman la atención sobre las operaciones de las empresas y el gobierno local o defienden los derechos humanos. La finalidad de tales ataques es evidente: silenciar a activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos y disuadir a otras personas que pretendan denunciar las injusticias y salir en defensa de los derechos humanos.
Dos ejemplos de este tipo de atroces ataques que tienen todavía que investigarse son los que se cometieron el 22 de septiembre en Odessa y Krivói Rog. Oleh Mikhaylyk, activista contra la corrupción, recibió un disparo en Odessa, en el sur de Ucrania, y continúa en el hospital. Hacía campaña con el movimiento Syla Lyudei (Poder Popular) contra la construcción ilegal en la zona. A 300 kilómetros de allí, en Krivói Rog, asaltantes no identificados irrumpieron en la casa de Artem Moroka, quien había criticado a la policía local en Facebook. Lo golpearon brutalmente, fracturándole la nariz, contó Moroka a observadores ucranianos de los derechos humanos.
El 5 de junio, el activista medioambiental Mykola Bychko apareció muerto en circunstancias sospechosas en Esjar, pueblo de la región de Járkov. Lo encontraron, ahorcado, en un bosque próximo. La policía local abrió inicialmente una investigación de suicidio, sin tener en cuenta la posibilidad de que lo mataran por su activismo. En ese momento, Bychko estaba documentando la contaminación de un río local, causada presuntamente por una planta de tratamiento de residuos de la zona.
Un abogado que representa a la familia de Bychko cuestionó la conducta de la policía por no considerar la posibilidad de que se tratara de un homicidio intencional y por retrasar, supuestamente de manera deliberada, la investigación. El abogado dijo a Freedom House que la policía había perdido pruebas importantes halladas en el lugar donde apareció el cadáver de Bychko, como la cuerda utilizada para el ahorcamiento. Las autoridades no han investigado tampoco presuntas amenazas que Bychko recibió en relación con su trabajo de documentación, en el marco del cual había estado haciendo preguntas a gente de la planta de tratamiento de residuos.
El 31 de julio, en Jersón, un asaltante no identificado arrojó ácido contra Kateryna Handzyuk, concejala local que vigilaba las actividades de la policía. La policía local detuvo inicialmente a un hombre, al que coaccionó para que firmara una “confesión”, presuntamente prometiéndole a cambio resolver unos problemas que tenía con la policía. Sin embargo, la hermana del detenido dijo que éste no estaba en Jersón cuando se produjo la agresión y que tenía varios testigos que podían confirmarlo.
Tras 19 días de detención, la policía dejó al hombre en libertad sin cargos y pidió disculpas. Al mismo tiempo detuvo a otros cinco sospechosos, cuatro de los cuales admitieron su participación en la agresión. Al principio la policía no investigó el ataque como intento de “asesinato por encargo”, sino como “tentativa de asesinato”, lo que, según el abogado de Handzyuk, ha retrasado considerablemente el proceso de determinar quién ordenó cometerlo.
La forma de llevar a cabo estas investigaciones hace temer que los responsables de tales ataques, incluidos quienes los ordenaron cometer, no sean llevados ante la justicia.
Las autoridades ucranianas deben tomar medidas efectivas para impedir nuevos ataques y amenazas contra activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos; garantizar que se realizan con prontitud investigaciones exhaustivas, imparciales e independientes sobre ellos, y llevar a los responsables ante la justicia para que sean sometidos a un juicio justo.
El Ministerio del Interior, la Policía Nacional, la Fiscalía General y las demás instituciones pertinentes deben reconocer de manera expresa la importante labor que realizan los defensores y defensoras de los derechos humanos protegiendo estos derechos y denunciando la corrupción. Las autoridades deben condenar públicamente toda amenaza y ataque contra defensores y defensoras de los derechos humanos. Deben tomar medidas decisivas para garantizar que quienes critican al gobierno pueden trabajar en condiciones de seguridad y en un entorno propicio, donde puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación y realizar sus actividades sin temor a sufrir represalias.