Pilar Sanmartín, investigadora para contextos de crisis en las Américas de Amnistía Internacional
Mateo Lanzuela
La Fiscalía de Chile continúa investigando, y parece que ahora muy en serio, a varios funcionarios y exfuncionarios públicos chilenos, como el expresidente Sebastián Piñera, el ex General Director de Carabineros, Mario Rozas, o el actual General Director en el gobierno del presidente Boric, Ricardo Yáñez, por sus presuntas acciones u omisiones durante la violencia policial de las protestas masivas de 2019.
Se trata de indagatorias en base a tres querellas: una por delitos de lesa humanidad y otras dos por tortura generalizada (apremios ilegítimos) contra personas manifestantes durante el estallido social. Estas investigaciones están en línea con lo que Amnistía Internacional denunció en su informe Ojos sobre Chile: Violencia policial y responsabilidad de mando durante el estallido social. En ese entonces, Chile se volvió noticia mundial por detentar, en tiempo récord, el pésimo título de país con mayor número de personas con trauma ocular provocado por agentes de la policía.
Lo que empezó con protestas aisladas en Santiago dio paso en muy pocos días a manifestaciones masivas en todo el país que exigían educación y salud pública de calidad, seguridad social y trabajo digno. El malestar de la sociedad acumulado por décadas explotó de una forma inesperada. Pero aún más inesperado fue el actuar de Carabineros de Chile.
Carabineros y el gobierno del entonces presidente Sebastián Piñera se esforzaron en presentar las manifestaciones como acciones vandálicas que justificaban el uso de la fuerza debido a la “grave alteración del orden público” y los “atentados contra la propiedad pública y privada”. El uso de bombas molotov o de piedras contra la policía, a pesar de ser hechos aislados, fueron el clavo ardiendo al que se aferró la autoridad para justificar su represión. Las redes sociales se inundaron de imágenes de una violencia policial a todas luces desmedida.
Tan solo entre el 18 de octubre y el 30 de noviembre de 2019, se contaban al menos tres muertos a manos de agentes del Estado y las personas atendidas en urgencias de acuerdo con el Ministerio de Salud sumaban 12.500.
Lo que Carabineros y el gobierno decidieron ignorar es que el derecho internacional de los derechos humanos y la legislación nacional chilena priorizan la protección de las personas frente a la protección de los bienes muebles e inmuebles por una sencilla razón: el valor de la vida, frente al valor de las cosas y la capacidad de las cosas de poder ser reparadas, frente a la vida.
El menosprecio a esa premisa condujo al desastre, y posiblemente a lo que la Fiscalía y el Poder Judicial pudieran llegar a considerar ahora una conducta criminal por parte de los mandos de Carabineros que lo permitieron.
Entre las conductas más graves atribuidas a la policía chilena sobresalió el uso de escopetas cargadas con munición altamente lesiva y disfrazada por la narrativa oficial como “balas de goma”. Se trataba de cartuchos que contenían 12 perdigones de goma y metal que penetraban la piel, que eran imposibles de direccionar y que Carabineros disparó de forma indiscriminada. Las balas de goma, cuyo uso es excepcional, siempre deben estar dirigidas a una sola persona y únicamente si ésta pone en riesgo la vida o la integridad de otra.
A pesar de la evidencia y del aumento de lesiones día tras día, las autoridades, y entre estas los mandos de Carabineros, derrocharon saliva insistiendo que los balines que usaban eran de goma, porque en los datos de compra así aparecía. Algo así como decir que un tigre es un gato, solo porque el vendedor ha dicho que lo es.
Una de las mayores tragedias fue la cantidad de personas que sufrieron trauma ocular, en su mayoría debido a esta munición disparada desde escopetas Hatsan Escort. En mes y medio casi 350 personas, la mayoría gente joven, adquirió injustificadamente una discapacidad de por vida. Esa cifra aumentó hasta superar las 440 víctimas a lo largo del estallido.
En un continente que durante los últimos cinco años ha registrado numerosas explosiones de descontento popular debido a la desidia hacia sus gobernantes y sus políticas, por la impunidad y la corrupción, por la falta de oportunidades frente a la riqueza de unos pocos, Chile podría ser el ejemplo que las Américas necesita, demostrando que exigir derechos merece la pena y el respeto.
Ninguna sociedad se transforma en la buena dirección sin justicia. Hacerlo a costa del sufrimiento de las víctimas sería construir el cambio sobre cimientos maltrechos. Es por eso que, dentro de esa ruta, no puede faltar el avance de las investigaciones y los posteriores procesos penales contra todas las personas que pudieran tener responsabilidad por las secuelas y el dolor de tantas otras que lucharon para que Chile sea un país mejor.
En el informe Ojos sobre Chile, Amnistía Internacional pidió la investigación de los mandos estratégicos de Carabineros, al menos de los entonces General Director, General Subdirector y Director de Orden y Seguridad. Ha llegado el momento de que la Fiscalía decida si solicita, con pruebas suficientes y admisibles para ello, la imputación, y de que la justicia avance.
Columna publicada originalmente en el Diario.es.