Una nueva ley que ayudará a proteger a las adolescentes de Kirguistán de matrimonios forzados y tempranos pasó el 5 de octubre su tercera y última lectura parlamentaria y fue aprobada por 68 votos a favor y 40 en contra. La ley se redactó con una considerable colaboración de activistas en favor de los derechos de las mujeres en Kirguistán. Cuando el presidente del país firme su entrada en vigor, la ley introducirá sanciones penales de hasta cinco años de prisión para toda persona implicada en organizar u oficiar un matrimonio religioso en el que alguno de los cónyuges o ambos tengan menos de 18 años. Esto incluye a líderes religiosos y también a los padres de los futuros cónyuges.
Siguiendo la pauta de muchos otros países de Asia Central y otros lugares, en Kirguistán la mayoría de los matrimonios de chicas menores de 18 años no se registran oficialmente. El motivo es que, en virtud del Código de Familia, la edad legal mínima para contraer matrimonio, tanto en el caso del hombre como de la mujer, son los 18 años, aunque en algunas circunstancias puede adelantarse hasta un año. Es delito obligar a alguien a casarse contra su voluntad, y las penas aumentan (llegando hasta los 10 años) si tiene menos de 17 años. Las relaciones sexuales con menores de 16 años también están tipificadas como delito. Algunos líderes religiosos, sin embargo, están dispuestos a casar a parejas en las que alguno de los miembros es menor de edad, lo cual supone que el matrimonio es considerado válido por las familias de la pareja y por la comunidad en la que vive, aunque no esté legalmente reconocido y ninguno de los contrayentes tenga responsabilidades o derechos legalmente reconocidos dentro de él. Ése es precisamente el motivo por el que la nueva ley aborda los matrimonios religiosos.
Según los datos de una encuesta del Instituto Nacional de Estadística, en 2014, el 13 % de las mujeres de edades comprendidas entre los 20 y los 49 años se habían casado o habían “concertado una unión marital” (es decir, un matrimonio no registrado) antes de los 18 años, y el 0,5 % se habían casado antes de los 15 años. La encuesta no incluía datos sobre el número de muchachos casados, pero, al igual que sucede en la mayoría de los países, en Kirguistán se casan muchos menos niños que niñas (en 2014 se casaron 948 niños y hombres entre los 15 y los 19 años según las estadísticas oficiales, frente a 11.797 niñas y mujeres en el mismo rango de edad).
El matrimonio precoz es un grave problema de derechos humanos en Kirguistán. En muchos casos, el matrimonio es concertado por los padres de la chica y ésta no tiene oportunidad de negarse, o es “raptada” (práctica consistente en que el “novio” la secuestra y después ella no tiene prácticamente más remedio que casarse con él si no quiere ser estigmatizada, pues se supone que habrá sido violada por el secuestrador y habrá perdido su virginidad). El matrimonio forzado está reconocido como violación de derechos humanos por acuerdos internacionales de derechos humanos firmados por Kirguistán, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 23), la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (artículo 16) y la Convención sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios.
Incluso en los casos en que una adolescente haya dado su consentimiento para casarse, ese consentimiento puede no ser válido. Por ejemplo, puede haber accedido obligada por la presión de sus padres, o para aliviar la carga económica de su familia y que sus hermanos y hermanas más pequeños sigan yendo a la escuela, o porque, ante sus limitadísimas oportunidades de seguir estudiando o de trabajar, el matrimonio parece la menos mala de las opciones.
Casarse muy jóvenes también pone a las niñas en peligro de sufrir otras violaciones de derechos humanos. En Kirguistán es costumbre que la esposa se mude a vivir con la familia de su esposo tras casarse. La enorme desigualdad de las relaciones de poder existentes entre una adolescente casada y su marido adulto, y entre ella y su suegra y otros familiares políticos, supone que las adolescentes casadas corren peligro de sufrir violencia intrafamiliar, violación y embarazo forzado, así como problemas de salud asociados con los embarazos y los partos tempranos. Las complicaciones en el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte de las chicas entre 15 y 19 años en todo el mundo. Las muchachas casadas no suelen poder terminar sus estudios, lo cual viola su derecho a la educación. También es posible que su libertad de circulación sea limitada (por ejemplo, que no las dejen salir sin permiso de su domicilio), y que sufran aislamiento si se les impide mantener contacto con sus familias de origen y sus amistades. Puede que se les impida trabajar fuera de casa o se les niegue el derecho a quedarse con parte de sus ingresos si trabajan.
Como reconocen los legisladores, la aprobación de esta ley no eliminará la práctica del matrimonio precoz en Kirguistán, pero, combinada con las salvaguardias legales ya existentes, actuará como elemento disuasorio y transmitirá claramente el mensaje de que la religión no puede ni debe utilizarse para legitimar los abusos contra los derechos humanos de las niñas. El siguiente paso es que los organismos encargados de hacer cumplir la ley y los fiscales actúen en colaboración para garantizar la aplicación de la ley, y que las autoridades trabajen para cuestionar las actitudes sociales discriminatorias y los estereotipos de género perjudiciales que subyacen al matrimonio precoz en Kirguistán.