Hoy, 22 de marzo, se conmemora el Día Internacional del Agua y desde Amnistía Internacional hacemos un llamado urgente al Gobierno de Chile para que se comprometa a garantizar el derecho al agua y al saneamiento, indispensable para tener una vida digna y primordial para la realización de todos los derechos humanos, tal y como reconoció la Asamblea General de la ONU en el año 2010.
El derecho humano al agua y al saneamiento contempla que todas las personas sin excepción dispongan de agua suficiente, salubre, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico, como señala el Comité del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en 2002, pacto que el Estado de Chile aún no ha ratificado y que llamamos a ratificar.
Como Amnistía Internacional, al igual que muchas organizaciones medioambientales y movimientos sociales, nos alarma la proyección que realiza la Organización Mundial de la Salud de que en el año 2025, la mitad de la población mundial vivirá en zonas con escasez de agua. Durante estos últimos años en Chile se ha agravado la escasez hídrica en varias regiones del país, hasta tal punto que actualmente más de 600 mil personas son abastecidas de agua por camiones aljibes, según el Movimiento por la Defensa del Agua y los territorios (MODATIMA). Esto hace que Chile se encuentre dentro de los 30 países que tienen el mayor riesgo hídrico en el mundo para el año 2025, siendo el peor posicionado de América en este ámbito.
En el actual y grave escenario mundial de pandemia por COVID-19, Amnistía Internacional urge nuevamente al Estado de Chile a que tome las medidas necesarias de manera inmediata para llevar a cabo una seria gestión de manejo del recurso hídrico, aplicando políticas eficientes y a corto plazo para detener la crisis de falta de agua de 147 comunas del país, lo que equivale aproximadamente a 1,5 millones de personas, según MODATIMA.
Estas comunas deben poder satisfacer sus necesidades básicas. Además, según la Organización Mundial de la Salud, es necesario adoptar medidas higiénicas para poder frenar la curva de contagios por el Coronavirus que, sin acceso al agua y al saneamiento, son muy difíciles de llevar a cabo, aumentando de manera exponencial la posibilidad de contagio y poniendo en mayor riesgo a las ya vulneradas comunidades por la falta de agua.
Es indispensable hoy más que nunca que el Estado chileno cumpla con los estándares del derecho al agua mencionados en diferentes instrumentos internacionales y logre realizar una revisión y reordenamiento jurídico del sistema legal relativo al agua que permitan el goce del derecho al agua y al saneamiento de todos los habitantes de nuestro territorio.