El reciente ataque armado contra un defensor de derechos humanos y su hijo de 9 años en un asalto a su casa en Caracas debe ser un llamado de atención al gobierno venezolano para que asegure inmediatamente la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos, dijo Amnistía Internacional.
Marino Alvarado fue atacado entrando a su casa con su hijo el 1 de octubre, de acuerdo con la organización de derechos humanos venezolana Provea. Tres atacantes desconocidos entraron a la fuerza al edificio blandiendo armas calibre 9mm y golpeando a Marino Alvarado en la cabeza. En los siguientes 40 minutos, lo maniataron al igual que a su hijo, y asaltaron su apartamento llevándose dos computadoras portátiles, una tableta electrónica, dos teléfonos móviles, una cámara y dinero en efectivo.
“Este ataque atroz contra Marino Alvarado y su hijo es solamente el último de una serie de ataques perturbadores contra defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela,” dijo Guadalupe Marengo, directora adjunta de Amnistía Internacional para las Américas.
“Este ataque tiene lugar en medio de una oleada de declaraciones públicas deplorables de parte de autoridades de alto nivel dirigidas especialmente contra defensores y defensoras de derechos humanos. Las autoridades deben dejar de jugar con fuego en un ambiente ya altamente polarizado, desacreditando a defensores y defensoras de derechos humanos, poniéndoles en mayor peligro.”
En distintas ocasiones, el presidente Nicolás Maduro y otras altas autoridades han hecho declaraciones en la televisión pública venezolana, contra organizaciones de derechos humanos como Provea, una red de defensores y defensoras de derechos humanos que fue dirigida en el pasado por Marino Alvarado.
El 21 de agosto, el Presidente Maduro acusó específicamente a Provea de ser una organización de derecha financiada por Estados Unidos y señaló concretamente a Alvarado, refiriéndose a él como un “informante”.
En julio, expertos de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunciaron los señalamientos sistemáticos contra defensores y defensoras de derechos humanos por parte de las televisoras controladas por el Estado como intentos de descredito e intimidación.
Si bien Marino Alvarado necesitó puntos en su cabeza, tanto él como su hijo salieron relativamente ilesos del ataque.
“El gobierno de Venezuela debe dejar de hacer este tipo de ataques virulentos contra defensoras y defensores de derechos humanos que sufren la violencia, el acoso y la intimidación, simplemente por luchar en defensa de los derechos humanos”, dijo Guadalupe Marengo.
“El Presidente Maduro debe poner en marcha de inmediato una investigación independiente y a fondo sobre este ataque y enviar un claro mensaje de que este tipo de ataques no serán tolerados.”