LA DEUDA DE PIÑERA

Aumentó

A pesar de que Chile fue líder en las negociaciones, en septiembre de 2018 el gobierno de Sebastián Piñera tomó la decisión de restarse del tratado de Escazú. Este tratado busca mejorar el acceso a la información, la justicia y la participación pública en materia ambiental.

Además, incluye normas de protección a defensores/as del medioambiente. Las Américas es la región más peligrosa para defender la tierra, el territorio o el medioambiente, y lamentablemente Amnistía Internacional ha podido constatar que en Chile las personas defensoras de estas materias son con frecuencia víctimas de diferentes formas de ataque.

El actual Gobierno ha sido reticente en facilitar la implementación de esta ley. Además, propició la ampliación de la objeción de conciencia institucional, terminando con un fallo del Tribunal Constitucional que genera un pésimo precedente en la materia.

En el último minuto, el Gobierno tomó la decisión de no firmar el Pacto Global para la Migración Segura, Ordenada y Regular, pese a que Chile había sido un actor favorable, fundamental y activo durante todo el proceso de negociaciones. Siendo el primer acuerdo global, bajo el alero de Naciones Unidas, en abordar la materia con una mirada transnacional, resulta lamentable la señal que dio el gobierno al decidir restarse.

Actualmente, en la frontera o en una oficina de la Intendencia Regional o del Departamento de Extranjería, un funcionario -que con frecuencia no estaría suficientemente capacitado- hace una entrevista previa y concluye de acuerdo a su propio arbitrio si la persona califica o no para solicitar refugio, impidiéndole acceder al procedimiento al no poder ingresar la solicitud. Este trámite no está previsto en la ley e implica un impedimento arbitrario al ejercicio de derechos de las personas. Es una mala práctica que ya ha sido cuestionada judicialmente y podría significar una violación al principio internacional de no devolución.

El Estado tiene el deber de resguardar el orden público, pero debe hacerlo siempre en el marco del pleno respeto a los derechos humanos de quienes se manifiestan pacíficamente y sin establecer limitaciones desproporcionadas a estos derechos ni medidas que puedan implicar disuasivos su ejercicio. Iniciativas como el proyecto de ley “Aula Segura”, el plan “Calle Segura” anunciado recientemente, que incluiría el uso de drones de vigilancia con tecnología de reconocimiento facial, el proyecto de ley para ampliar el control preventivo de identidad, son todas medidas que apuntan en dirección contraria.

El asesinato de Camilo Catrillanca encendió las alarmas respecto a la forma en que se está enfrentando la situación de la Araucanía. Además, ha habido otras personas mapuche heridas de bala por carabineros en situaciones similares en el último año, como el caso de Jorge Cayupán en octubre de 2018 o más recientemente José Queipul. Adicionalmente, en estos casos se reveló que los propios carabineros realizaron acciones para evitar que exista evidencia de los hechos u ocultar la existente.

Esta decisión debilitaría esta estructura, disminuyendo la prioridad de asuntos fundamentales, por ejemplo para la comunidad LGBTIQ+ (como el matrimonio igualitario) y para combatir la impunidad por violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado (el eliminar el compromiso de dejar sin efecto el Decreto Ley de Amnistía de 1978 y la creación de una comisión permanente de calificación de víctimas de tortura política).

El Gobierno de Piñera impulsó la iniciativa que fue altamente cuestionada por la falta de información clara acerca de las consecuencia que significaba someterse al proceso, la brevedad de los plazos y la retórica detrás de la idea de «ordenar la casa». Preocupa también cómo esto se podría traducir en expulsiones colectivas aplicando criterios generales sin un análisis caso a caso, lo cual está prohibido por el derecho internacional. De hecho ya fue cuestionado por la representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en América del Sur en una presentación ante la CIDH.

El Sistema Interamericano de DDHH, en particular a través de la Comisión Interamericana de DDHH y la Corte Interamericana de DDHH, han proporcionado una alternativa real de justicia a muchas personas en América Latina. En este sentido, consideramos que la declaración suscrita por cinco países, y que habría sido liderada por el Gobierno de Chile, en la que de alguna manera plantea cuestionamientos a la forma en que el sistema ha operado, implica el aumento de una deuda.

El uso de la Ley Antiterrorista en contra del pueblo mapuche ha persistido, pese a los innumerables cuestionamientos que ha recibido esta normativa.  Recientemente la Corte Suprema decidió dejar sin efectos el fallo en el caso Norin Catriman, en cumplimiento del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que estableció una serie de vulneraciones de derechos en el procedimiento.

En lugar de dar prioridad a la reforma de la ley actual, el gobierno de Piñera presentó una «ley corta», que hace referencia únicamente a las «técnicas especiales de investigación», sin tener bien definido el delito y con riesgo de juicios injustos.

Se mantiene​

Las personas de la comunidad LGBTIQ+ siguen sufriendo ataques y el Gobierno no ha reformado la Ley Antidiscriminación. Urge fortalecerla en materia de prevención y protección.

Dejar fuera de la Ley de Identidad de Género a lxs niñxs trans , quienes incluso requieren de mayor protección y reconocimiento, contribuye a que sigan sufriendo maltratos y humillaciones y, peor aún, en un escenario totalmente invisibilizado.

Chile no cuenta con una legislación de migraciones que incorpore debidamente una perspectiva de derechos humanos que establezca un catálogo de derechos para personas migrantes, estándares de debido proceso, alternativas adecuadas para la regularización migratoria, una institucionalidad en materia migratoria ni mecanismos de participación de las propias personas migrantes.

La decisión del Gobierno de modificar la Ley Indígena podría resultar contradictorio con este reconocimiento, y el proceso de consulta iniciado se está realizando basado en la regulación de un decreto dictado durante el gobierno anterior del Presidente Piñera, el cual ha sido cuestionado por el Relator de Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, entre otros, debido a la forma en que se gestó y su contenido.

Este grupo de personas viven una situación de desprotección, pues continúan sin tener acceso a una educación sexual integral (ESI) por parte del Estado, entendiéndose con esto que la  ESI proporciona un factor protector contra la violencia hacia la mujer y las personas de la comunidad LGBTIQ+, el abuso infantil, el embarazo adolescentes y las enfermedades de transmisión sexual, entre otros. El gobierno anunció la presentación de un proyecto de ley sobre educación sexual a partir de 5 básico; pero aún no da a conocer el contenido de dicho proyecto y de qué manera se va a asegurar que la educación sexual sea integral y desde la perspectiva de derechos.

La impunidad en que se ha mantenido el reiterado uso excesivo de la fuerza de parte de Carabineros en su actuar, en especial pero no exclusivamente en el control de manifestaciones, es una de las razones por la que esta no ha disminuido en décadas. Esto se agrava si se considera que el actuar abusivo de Carabineros no afecta a todas las personas por igual, siendo dirigido de manera específica a grupos más vulnerables: mujeres que se manifiestan, niños/as y adolescentes, personas pobres, mapuches y aquellas que utilizan ciertos tipos de vestimenta, entre otros.  

Si bien las deudas en cuanto a justicia y memoria se mantienen, el Gobierno realizó modificaciones al Plan Nacional de Derechos Humanos que irían en detrimento de esto. La versión original del Plan establecía “promover dejar sin efecto jurídico” el Decreto Ley de Amnistía proveniente de la dictadura, además de continuar con los proyectos de reforma constitucional y de ley interpretativa que permitían asegurar que los crímenes de lesa humanidad sean inamnistiables e imprescriptibles. El Gobierno decidió eliminar esta referencia y comprometerse solamente a elaborar un informe para 2019 y así revisar su impacto jurídico, lo que implica un compromiso mucho más débil. Además el Plan establecía la creación de una comisión calificadora permanente de víctimas de tortura política, aspiración de larga data de las agrupaciones de víctimas y familiares, pero el Ejecutivo lo modificó comprometiéndose sólo a elaborar un informe con experiencias comparadas

Puesto que los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) son parte esencial de garantizar las condiciones de vida básicas para el ser humano, es lamentable que aún no se haya ratificado Protocolo Facultativo del Pacto Internacional sobre DESC, que crea un mecanismo de reclamo de vulneraciones ante el Comité DESC en Naciones Unidas, y del Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos, también sobre DESC (conocido como Protocolo de San Salvador).

El gobierno no ha tomado las medidas necesarias para enfrentar el nivel de contaminación – visibilizándose esto de manera particular en las llamadas “zonas de sacrificio”, como por ejemplo el sector de Quintero y Puchuncaví, o Coronel – y a detener el cambio climático. La decisión del gobierno de que Chile sea sede de la COP25 no es en sí mismo un avance, sino – por el contrario – pone sobre el gobierno una mayor presión para mostrar su liderazgo en la materia mediante medidas reales.

Disminuyó​

El establecimiento reciente de este mecanismo resulta una disminución de una deuda de larga data, y que implicaba al fin dar cumplimiento a las obligaciones de Chile como país ratificante del Protocolo Adicional de la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas. Será necesario monitorear su implementación y funcionamiento, resguardando que se respete su autonomía y que cuente con recursos suficientes para realizar su labor

La Ley de Identidad de Género facilita a las personas adultas trans la posibilidad de cambiar su nombre y sexo registral. Con todo, esta ley resulta restrictiva para jóvenes de entre 14 y 18 años, y excluye por completo la infancia trans al no permitir que menores de 14 años puedan realizar este cambio. Será necesario dar seguimiento a los reglamentos necesarios para su debida implementación.

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