Perú: los derechos humanos no pueden sacrificarse en la crisis política

Ante la crisis política y social que atraviesa Perú luego de que el Congreso de la República declarare, el día de ayer, la vacancia de la Presidencia de la República por permanente incapacidad moral de Martín Vizcarra, las autoridades  de ese país deben poner el respeto por los derechos humanos en el centro de su respuesta inmediata y de sus  políticas públicas. En este sentido, las autoridades deben enviar un mensaje inequívoco: el rol de las fuerzas de  seguridad debe ser el de proteger a la población, respetando el derecho a la protesta pacífica y el de la Justicia  investigar todo acto de violencia y establecer las responsabilidades penales que correspondan.  

Tras la declaratoria de vacancia del presidente Martín Vizcarra se produjeron en el país y, particularmente, en Lima,  una serie de manifestaciones en contra de la actuación del Congreso de la República. Las mismas se agudizaron  hoy durante la asunción como presidente de la República del presidente del Congreso, Manuel Merino. Es importante  hacer notar que el Tribunal Constitucional tiene aún pendiente resolver los alcances constitucionales de esta  competencia del Congreso, que es objeto de disputa.  

Amnistía Internacional ha recibido fotografías y videos donde se muestran efectivos de la Policía Nacional exhibiendo  armas de fuego y disparando gas lacrimógeno y municiones contra manifestantes y periodistas, aparentemente  hiriéndolos. La organización también ha recibido denuncias de detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y  malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad durante las protestas en la ciudad de Lima. 

Amnistía Internacional recuerda que el uso excesivo de la fuerza en el control de las manifestaciones es inaceptable  y viola obligaciones de derechos humanos que Perú ha contraído y todas sus autoridades deben respetar. Frente a  posibles actos de violencia perpetrados por manifestantes en las protestas, las autoridades deben tomar todas las  medidas necesarias y conducentes para hacer cesar esos episodios, sin dejar de garantizar que quienes ejercen su  derecho a la manifestación pacífica puedan seguir haciéndolo.  

En ese contexto, la organización siente preocupación también por algunas declaraciones de congresistas que han  sugerido una enmienda de la Constitución y la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos  “para restablecer la pena de muerte para todos estos presidentes corruptos y altos funcionarios”.  

Finalmente, la organización demanda a las autoridades a detener inmediatamente la represión de las  manifestaciones y garantizar los derechos humanos de todas las personas.