Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile.
Han pasado varios días desde la segunda cuenta pública del presidente Boric y aún hay mucho que analizar. En primer lugar, me remontaré a la cuenta pública del año pasado. En ese momento había mucha expectación en el mundo de los derechos humanos de saber cómo se iban a materializar los compromisos planteados en el Programa de Gobierno y de qué manera Boric se hacía cargo de las tremendas deudas en esta materia que heredó del gobierno anterior. De esa fecha a la actualidad, ¿qué avances ha habido?, ¿se cumplieron los compromisos y se saldaron las deudas?
Por un lado, valoramos el anuncio de un Archivo Nacional de la Memoria que, sin duda, es necesario para avanzar en la condena histórica transversal a las atrocidades del pasado y sostener el valor universal de los derechos humanos. También es destacable la asignación de mayores recursos al Servicio Médico Legal para que contribuya a implementar adecuadamente el Plan Nacional de Búsqueda de las personas detenidas desaparecidas. Sin embargo, es necesario tener mayor claridad, información y plazos claros respecto a este plan, considerando que estamos a menos de tres meses del 50 aniversario del Golpe de Estado en Chile.
Recordemos también que la impunidad biológica ha ido avanzando respecto a las graves, sistemáticas e institucionalizadas violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico militar, y las víctimas y sus familiares no pueden seguir esperando.
Por otro lado, nos parece importante que el presidente haya aprovechado el espacio para condenar los discursos negacionistas y homofóbicos que cada vez están tomando más fuerza. Existen varias formas de negacionismo de violaciones de derechos humanos: hay expresiones que las aprueban, otras que las niegan o minimizan y otras que las trivializan. Como se ha señalado por órganos de tratados, recordamos que ni los discursos de odio ni los mensajes negacionistas sobre violaciones de derechos humanos están protegidos por la libertad de expresión.
Por otra parte, nos preocupa mucho que en la Cuenta Pública no se abordaron otras deudas que siguen pendientes. Por ejemplo, nada se dijo sobre las personas defensoras de derechos humanos. Poco sirve la firma del Acuerdo de Escazú si Chile aún no cuenta con una ley que proteja a quienes defienden los derechos humanos y el medio ambiente.
Boric tampoco se refirió a la reforma estructural a Carabineros ni a la reparación a víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el estallido social. Ambas fueron recomendaciones planteadas por varios organismos y organizaciones de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional. El Estado de Chile, y el gobierno en particular, tienen que hacer todo lo que esté a su alcance para avanzar en estas materias.
En definitiva, los derechos humanos deben ser una prioridad siempre y el gobierno debe saber que no hay excusas para no cumplir los compromisos y saldar las deudas.