Amnistía Internacional condena enérgicamente la ejecución del condenado a muerte bielorruso Kiryl Kazachok en octubre de 2017. Con su ejecución, de la que no se ha tenido noticia hasta ahora, el número total conocido de personas ejecutadas en Bielorrusia en 2017 asciende a cinco.
Kiryl Kazachok fue ejecutado a pesar de la creciente retórica de las autoridades bielorrusas en favor de la abolición de la pena de muerte. El Consejo de Europa y la Unión Europea han condenado su ejecución. Bielorrusia no puede seguir ignorando la tendencia regional y mundial a la abolición y persistir en su aislamiento como único verdugo de la totalidad de Europa y la antigua Unión Soviética. Hay seis hombres condenados a muerte en el país, y corren riesgo inminente de ejecución.
En Bielorrusia, las condenas a muerte se aplican en el más estricto secreto y sin la debida notificación a los presos, sus familiares ni sus representantes legales. A los presos condenados a muerte no se les avisa de que están a punto de ser ejecutados; se les saca de la celda, se les dice que su petición de indulto ha sido rechazada y, tras obligarlos a arrodillarse, se les dispara un tiro en la nuca. No se informa de la ejecución a sus familiares hasta días o a veces semanas después. En virtud del Código de Ejecución Penal, no se devuelven a las familias de la personas ejecutadas los cuerpos de éstas ni se desvela el lugar de su enterramiento. El relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Bielorrusia ha manifestado: “La forma en que se aplica la pena de muerte en Bielorrusia equivale a trato inhumano”.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción. La pena capital viola el derecho a la vida, proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante. La organización reitera su llamamiento a Bielorrusia para que declare la suspensión inmediata de las ejecuciones con miras a abolir la pena capital.