Por Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile.
La semana pasada el presidente Piñera participó de un acto conmemorativo del aniversario de Carabineros donde hizo referencia al actuar policial en el marco del estallido social. En su discurso, que fue transmitido en vivo por redes sociales, señaló que reconoce que hubo “abusos, errores, atropellos”, pero que se trató de “algunos” que se apartaron de la ley, los protocolos y la doctrina institucional. Además, afirmó que todas esas circunstancias habían sido investigadas internamente por carabineros.
Lo que dijo el presidente Piñera es falso en al menos tres niveles. Primero, no se trató de “abusos, errores, atropellos”, sino de graves y generalizadas violaciones de derechos humanos, que deben ser llamadas por su nombre para ser reconocidas por lo que son. Segundo, porque no fueron “algunos”, ha habido alrededor de 9 mil víctimas en todo Chile, apareciendo un patrón de conducta que evidencia una intención de dañar a quienes se manifiestan. Y tercero, nos consta que no es cierto que todos esos hechos hayan sido investigados por carabineros. Como se puede leer en el informe “Ojos sobre Chile” de Amnistía Internacional, en algunos casos que levantamos nunca hubo siquiera una investigación interna, y en otros esta fue deficiente, con un procedimiento que parece más dirigido a exculpar a los carabineros involucrados que a esclarecer la verdad de lo sucedido.
Lo que aquí se está haciendo es negar una crisis profunda de protección de los derechos humanos y, también, en la institución de Carabineros de Chile. Pero en lugar de avanzar hacia modificaciones significativas que permitan que Chile cuente con una nueva policía que sí respete los derechos humanos, se sigue hablando de “modernizaciones” cosméticas.
“Lo que aquí se está haciendo es negar una crisis profunda de protección de los derechos humanos y, también, en la institución de Carabineros de Chile”
Quizá el ejemplo más claro de la existencia de un patrón de conducta, es el hecho de que existan aproximadamente 500 víctimas de trauma ocular, debido a que perdigones y lacrimógenas se disparan hacia la parte superior del cuerpo. Tanto así, que el gobierno decidió crear el “Programa Integral de Reparación Ocular” (PIRO) para proporcionar atención a estas víctimas. Lamentablemente, quienes se atienden en el PIRO han denunciado graves deficiencias. Entre otras cosas, manifiestan que dicho programa no entrega una reparación verdaderamente integral y que las prestaciones y personal son insuficientes. Por otra parte, el hecho que solo atienda en Santiago genera dificultades de acceso para personas de regiones. Por último, y para colmo, señalan que se han generado situaciones de revictimización, discriminación y malos tratos. Estas demandas las han estado levantando desde hace más de un año sin que haya habido un solo cambio.
Y, para peor, conocimos hace unos días una denuncia desde la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular, acerca del caso de una mujer que recibió una prótesis de cristal – tecnología alemana de punta que podría haber mejorado significativamente su calidad de vida – pero que hoy se está viendo obligada a devolver la prótesis debido a que el gobierno no habría pagado por ella.
Es suficiente. Basta de negar la crisis. Basta de negar a las víctimas.