No debe permitirse que el pésimo historial egipcio de represión de la disidencia pacífica y del espacio de la sociedad civil socave el éxito de la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP27), que se celebrará en Egipto en menos de seis meses; así lo ha afirmado hoy Amnistía Internacional.
En un pormenorizado análisis que ha publicado hoy, la organización subraya que el foco de la atención en Egipto con sus preparativos de la organización de la COP27 debe aprovecharse para presionar en favor de un progreso significativo en materia de derechos humanos en el país. Amnistía Internacional pide a los gobiernos participantes en la COP27 que presionen a las autoridades egipcias para garantizar la participación segura, efectiva y significativa de agentes de la sociedad civil egipcia y no egipcia.
“La COP27 es un momento clave para abordar la emergencia climática, una crisis de derechos humanos de proporciones sin precedentes. Dado el historial egipcio de sofocar las voces críticas y reprimir a las organizaciones independientes, aumentan las expresiones de preocupación por el hecho de que los agentes de la sociedad civil no podrán relacionarse libremente entre sí ni con participantes en la conferencia, como representantes de gobiernos y empresas, que van a debatir asuntos cruciales para el futuro del planeta”, ha manifestado Philip Luther, director de Investigación e Incidencia de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.
“No debe permitirse que las autoridades egipcias utilicen la COP27 como ejercicio de reposicionamiento para desviar las críticas de su historial de derechos humanos. Los Estados miembros de la ONU y los organismos y organizaciones internacionales que van a participar en la conferencia deben presionarlas tanto en público como en privado para garantizar una participación significativa de miembros de la sociedad civil egipcia e internacional. Para ello, las autoridades deben aflojar su férreo control del espacio cívico, dar instrucciones a las fuerzas de seguridad para que permitan la celebración de protestas pacíficas y se abstengan de practicar detenciones y tomar otras medidas de represalia contra quienes ejercen sus derechos humanos o por motivos de discriminación, y poner en libertad a todas las personas detenidas arbitrariamente por tales motivos.”
La Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP27), que está previsto celebrar del 7 al 18 de noviembre de 2022 en la localidad turística egipcia de Sharm el-Sheij, representa una gran ocasión para que los Estados den muestras de que están cumpliendo los compromisos formulados en virtud del Acuerdo de París y en la COP26 y adopten nuevas decisiones que permitan reducir rápidamente las emisiones de gases de efecto invernadero de manera compatible con los derechos humanos. En la 27 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27), los Estados deben tomar medidas audaces sobre la reducción de emisiones, la financiación climática, las pérdidas y daños y la Acción para el Empoderamiento Climático (ACE, por sus siglas en inglés), y garantizar una participación pública significativa para cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos y proteger los derechos humanos de todas las personas, ahora y en el futuro.
Participación de la sociedad civil
Es previsible que el hecho de que sea un país africano el que organice la Conferencia brinde mayor visibilidad a las demandas prioritarias de los Estados y la sociedad civil de África. Sin embargo, en eventos organizados anteriormente por Egipto, como el de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, algunos activistas africanos se quejaron de que les habían denegado el visado, mientras que otros afirmaron que habían sufrido acoso de las fuerzas de seguridad y les habían denegado la acreditación de acceso.
Activistas de derechos humanos independientes y representantes de la sociedad civil de Egipto han expresado también su preocupación por no poder participar en condiciones seguras en la COP27 para expresar sus opiniones, ya que temen sufrir represalias. Sus temores están justificados, en vista de cómo defensores y defensoras de los derechos humanos han sufrido detención arbitraria, citaciones para interrogatorios coercitivos, amenazas de cierre de organizaciones de derechos humanos independientes, travel bans, congelación de bienes y otras tácticas draconianas dirigidas a clausurar el trabajo cívico. Las autoridades han advertido a las ONG independientes que deben registrarse en aplicación de la estricta Ley de ONG de 2019 o se exponen a su cierre el año que viene.
“Para garantizar la participación de una amplia diversidad de agentes en la COP27, las autoridades egipcias deben poner fin de inmediato a su persecución de las ONG independientes en el país. Deben empezar por cerrar todas las investigaciones criminales de ONG por motivos políticos, levantar las prohibiciones de viajar y otras medidas restrictivas impuestas a miembros de su personal y adecuar la legislación a sus obligaciones internacionales relativas al derecho a la libertad de asociación”, ha afirmado Philip Luther.
La COP27 con un clima represivo como telón de fondo
Mientras Egipto se prepara para organizar la COP27, miles de personas, como defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas, manifestantes de actitud pacífica, profesionales de la abogacía, figuras políticas de la oposición y activistas, siguen consumiéndose en las cárceles egipcias en condiciones que vulneran la prohibición absoluta de tortura y otros malos tratos sólo por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión, asociación o reunión, sin base jurídica o tras un juicio manifiestamente injusto.
Las protestas callejeras han sido parte integrante de anteriores conferencias de la ONU sobre el clima, pero este año corren peligro ya que las autoridades han conseguido erradicar las protestas en Egipto en los últimos ocho años con su política de tolerancia cero respecto a la protesta pacífica, usando fuerza ilegítima, practicando miles de arrestos, iniciando acciones penales incluso por cargos de terrorismo e imponiendo duras penas a manifestantes pacíficos.
Asimismo existen motivos de preocupación respecto a la seguridad de todas las personas participantes en la COP27, dado el demoledor historial de las autoridades egipcias en cuanto a falta de medidas para proteger a mujeres y personas LGBTI de la discriminación y la violencia de género, y en cuanto a procesar a estas personas por cargos falsos de “indecencia”, “inmoralidad” o “libertinaje” sólo por su manera de vestirse, hablar y expresarse en redes sociales, o por tener relaciones sexuales consentidas entre adultos.
Información complementaria
La Conferencia de las Partes (COP) es el órgano rector de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), representa a todos los Estados Partes en la Convención y promueve la implementación de la Convención y de cualquier otro instrumento jurídico que adopte la COP. La COP se reúne anualmente (excepto en 2020, cuando se canceló debido a la pandemia de COVID-19). El país que organiza cada vez el evento se elige por un sistema de rotación regional y, en el caso del 27 periodo de sesiones de la Conferencia de las Partes (COP27), el elegido es Egipto. Los grupos ambientales y de derechos humanos han planteado los asuntos de la accesibilidad y la asequibilidad, ya que el elevado precio del alojamiento en hoteles de Sharm el-Sheij probablemente impedirá la participación de grupos y activistas de base, sobre todo del sur global.
En la COP27, los Estados deberán dar cuenta de sus importantes compromisos formulados en la COP26, como reforzar sus objetivos de reducción de las emisiones y eliminar gradualmente los subsidios a los combustibles fósiles. Como parte del “Diálogo de Glasgow sobre pérdidas y daños”, también se espera de ellos que acuerden modalidades de proporcionar fondos adicionales a los países en desarrollo que sufren pérdidas y daños debido a la crisis climática.
Las principales demandas de Amnistía Internacional a los Estados con vistas a la COP27 están disponibles aquí.