“El Estado argelino debe levantar toda restricción del derecho a la libertad de expresión”

De Yasmine Kacha

Desde el 22 de febrero, millones de personas en Argelia han salido a la calle para protestar, en manifestaciones en gran medida pacíficas, por el intento del presidente Abdelaziz Bouteflika de permanecer en el poder. Ante las presiones, el mandatario, que tiene 82 años y lleva 20 en el poder, anunció el lunes 1 de abril que piensa dimitir al término de su mandato, el 28 de abril.

Mientras, las protestas —el mayor ejercicio de libertad de expresión y reunión en Argelia desde hace décadas— continúan.

En mi reciente visita de investigación a Argel, fue maravilloso percibir el fuerte optimismo que invade el país, y el convencimiento de que el cambio es inevitable.

La población argelina considera que nada puede impedirles manifestar su oposición a quienes califican de «banda de ladrones«. Las propias autoridades parecen haber suavizado su represión de la disidencia, permitiendo que se celebren manifestaciones en Argel y otros lugares de Argelia a pesar de la prohibición de todas las protestas no autorizadas y de que está prohibido de facto manifestarse en la capital desde 2001.

Es un avance, pero aún queda mucho por hacer para que veamos en Argelia un cambio positivo en materia de derechos humanos.

El Estado argelino debe levantar todas las restricciones impuestas sobre el derecho de expresión y reunión pacífica y poner fin a la detención arbitraria de quienes reclaman un cambio. Tiene que parar los procesamientos por motivos políticos, como el del activista encarcelado Hadj Gharmoul, cuya libertad ha pedido Amnistía Internacional. Significa igualmente abordar las injusticias asociadas a un sistema de hogra, expresión argelina usada habitualmente para referirse a los abusos y la represión del Estado, así como la impunidad que lleva aparejada.

Uso excesivo de la fuerza

Aunque las protestas se hayan celebrado en una atmósfera muy positiva, se han recibido informes sumamente preocupantes sobre el uso de fuerza excesiva o innecesaria por la policía al disparar gas lacrimógeno y proyectiles de goma contra manifestantes pacíficos y usar cañones de agua y armas eléctricas para controlar multitudes. Aunque la mayoría de la gente se manifestó de forma pacífica, hubo personas que lanzaron piedras a la policía cuando empezó a disparar gas lacrimógeno.

Durante mi visita conocí a un chico de 14 años que, el 22 de marzo, había resultado herido por una balas de goma disparada por agentes de policía. Me lo encontré curándose la herida en el hueco de la escalera de un edificio de Argel. Dijo que era del barrio de Bab el Oued y que todos los viernes se manifestaba pacíficamente. Demostrando gran entereza, el chico dijo que la herida no le impediría volver a manifestarse para que cambie el sistema.

Decenas de arrestos

A Amnistía Internacional le preocupa asimismo el número de arrestos practicados: al menos 311 personas han sido detenidas desde que comenzaron las manifestaciones. Algunas quedaron en libertad a las pocas horas, como 10 periodistas que fueron detenidos el 28 de febrero mientras cubrían informativamente una manifestación en defensa de la libertad de prensa o participaban en ella. Al menos 20 manifestantes están siendo juzgados actualmente por el cargo de «concentración no armada», utilizado para penalizar las protestas pacíficas, mientras que otros están procesados por actos de violencia y robo.

Hablé con un familiar de una de las personas procesadas tras las manifestaciones del 15 de marzo. Me contó que su hermano había sido detenido y llevado ante una autoridad judicial el 17 de marzo, acusado de “concentración no armada” en aplicación del artículo 97 del Código Penal argelino. Fue puesto en libertad, pero deberá comparecer ante el juez el 23 de mayo. Y hay al menos otras 19 personas en la misma situación.

Prácticamente cada semana la policía da a conocer la detención de decenas de personas, algunas por “concentración no armada”. El abogado Abdelghani Badi me dice que ya es hora de que las autoridades argelinas dejen de «dar con una mano lo que quitan con la otra», en referencia a los procesamientos por “concentración no armada” pese a que la Constitución garantiza el derecho a la libertad de reunión.

Manifestantes detenidos arbitrariamente durante unas horas fueron liberados, a veces de noche, a varios kilómetros de Argel. La gente dice que las autoridades lo hacen como advertencia a quienes se manifiestan, para que «recapaciten sobre sus actos».

El 24 de febrero, Fares Bedhouche fue arrestado y estuvo más de 12 horas bajo custodia cerca de la plaza Audin, en Argel. Cree que fue detenido por ser activista del partido político Nueva Generación (Jil Jadid), perteneciente al Colectivo Ciudadanía (Mouwatana), que convocó la protesta inicial del 24 de febrero.

Es un ataque injustificado a mis derechos fundamentales. Ni los propios agentes de policía supieron decirme por qué estaba detenido —me contó Fares—. Simplemente esperaban una llamada para ponerme en libertad en la comisaría de Tessala el Merdja —localidad de la provincia de Argel que está a más de 25 kilómetros del lugar de su arresto— a las 11.20 de la noche.»

Miedo a futuras represalias

Muchas de las personas con las que hablé compartían el miedo a futuras represalias, sobre todo contra periodistas, jueces y abogados que hubieran expresado su apoyo a las manifestaciones o se hubieran pronunciado a favor de la libertad de prensa y la independencia del poder judicial. Durante mi visita documenté los casos de cuatro personas —un periodista, dos jueces y un abogado— que habían recibido amenazas o sufrido medidas disciplinarias por haber expresado su apoyo a las protestas o por negarse a declarar culpables a manifestantes sin pruebas suficientes.

Periodistas extranjeros también sufren restricciones en sus actividades. El 31 de marzo fue expulsado del país el periodista de Reuters Tarek Amara tras ser detenido cuando estaba cubriendo la información de una manifestación contra el presidente Bouteflika.

«Argelia tiene la oportunidad excepcional de dar paso a una nueva época de derechos humanosme dijo Hassina Oussedik, directora de Amnistía Internacional Argelia—. Las autoridades deben garantizar la protección de las libertades fundamentales y el acceso a la justicia de toda la población argelina. Son cuestiones prioritarias.»

Esperemos que las autoridades de Argelia demuestren que han escuchado el clamor de millones de voces en favor del cambio.

Publicado en LeMonde.fr – 2 de abril de 2019