La expulsión de solicitantes de asilo rohingyas a Myanmar por el gobierno de India refleja su desprecio por el derecho internacional, ha dicho hoy Amnistía Internacional India.
El 4 de enero, el ACNUR (agencia de la ONU para las personas refugiadas) afirmó que los cinco miembros de una familia rohingya que habían sido detenidos y devueltos el día anterior a Myanmar eran solicitantes de asilo registrados por el ACNUR en India. El organismo también señaló que las autoridades indias no habían respondido a sus peticiones de acceso a los detenidos para determinar si querían regresar a Myanmar. El ACNUR dijo que lamentaba la decisión de India de devolver a estos solicitantes de asilo a Myanmar, donde las condiciones no eran propicias para el retorno.
“Que el gobierno hiciera caso omiso de las peticiones del ACNUR para acceder a la familia, registrada como solicitante de asilo, es sumamente preocupante. La actuación del gobierno demuestra un flagrante desprecio por el mecanismo internacional de protección de las personas refugiadas y el mandato del ACNUR”, ha manifestado Abhirr VP, responsable de campañas de Amnistía Internacional India.
“Expulsar a personas refugiadas y solicitantes de asilo constituye una violación de las obligaciones contraídas por India en virtud del derecho internacional consuetudinario, que prohíbe a los gobiernos devolver personas a territorios donde estarían expuestas a sufrir violaciones graves de derechos humanos.”
El 2 de enero fue expulsado un hombre rohingya que estaba detenido en Haryana por presunta entrada ilegal en el país Al día siguiente, los cinco miembros de una familia fueron deportados a Myanmar. Llevaban recluidos en Assam desde 2014, al parecer por entrar en India sin documentos válidos. Según información publicada por agencias de noticias, otras 10 personas rohingyas recluidas en la cárcel de Tezpur, en Assam, corrían peligro de expulsión. En octubre de 2018, siete hombres rohingyas fueron deportados a Myanmar desde el estado de Manipur.
“Devolver a personas que buscan refugio a un lugar donde sus vidas corren peligro constante es absolutamente inaceptable. En el pasado, el gobierno indio ha declarado que la población rohingya devuelta a Myanmar ha dado su consentimiento, pero cuesta creerlo cuando las autoridades califican de ‘inmigrantes ilegales’ a todas las personas rohingyas y no permiten que el ACNUR acceda a las que están detenidas”, ha manifestado Abhirr VP.
“La población rohingya del estado myanmaro de Rajine continúa sometida a un régimen de apartheid. Sus miembros soportan graves restricciones de circulación y acceso a servicios básicos, y las fuerzas de seguridad responsables de atrocidades contra ellos no han comparecido ante la justicia.”
Información complementaria
Desde agosto de 2017, más del 80% de la población rohingya del norte del estado de Rajine —más de 700.000 hombres, mujeres, niños y niñas— ha huido de una brutal campaña de violencia de las fuerzas de seguridad de Myanmar y buscado refugio en países vecinos.
Según cálculos del ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, en India hay 18.000 personas refugiadas y solicitantes de asilo rohingyas. El ACNUR expide tarjetas de identidad para los refugiados registrados y documentos para los solicitantes de asilo en India, cuyo propósito es ayudar a evitar su detención arbitraria, reclusión y expulsión del país.
En octubre de 2018, la relatora especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia expresó su alarma ante la intención del gobierno de India de reenviar rohingyas a Myanmar, lo que podía constituir devolución (refoulement) y una violación del derecho internacional. La relatora especial expresó asimismo su preocupación por la detención prolongada de unas 200 personas rohingyas acusadas de haber entrado de forma irregular en India.