“La decisión de al menos 11 países donantes de suspender la financiación a la Agencia de la ONU para la Población Refugiada Palestina (UNRWA) tras las denuncias de que algunos miembros de su personal estaban implicados en los ataques del 7 de octubre en el sur de Israel infligirá un golpe devastador a más de dos millones de personas refugiadas en la Franja de Gaza ocupada para las que la organización es el único salvavidas”, ha declarado Amnistía Internacional. La organización insta a los Estados a que revoquen su decisión y no suspendan la financiación a la UNRWA.
“Es profundamente indignante —inhumano, de hecho— que varios gobiernos hayan tomado decisiones que causarán más sufrimiento a dos millones de personas palestinas que ya corren el riesgo de sufrir un genocidio y una hambruna programada apenas días después de que la Corte Internacional de Justicia concluyera en su resolución que la supervivencia de la población palestina en Gaza está en peligro. Es especialmente atroz que esta medida se haya decidido sobre la base de acusaciones que afectan a 12 personas de las 30.000 que forman parte del personal de la UNRWA”, afirmó Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
Las acusaciones sobre la implicación de personal la UNRWA en los ataques del 7 de octubre son graves y deben investigarse de forma independiente; cualquier persona contra la que haya pruebas admisibles suficientes deberá ser procesada en juicios con las debidas garantías. Pero no se deben utilizar las supuestas acciones de algunas personas como pretexto para suspender una ayuda vital en lo que podría constituir un castigo colectivo.
Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional
“Las acusaciones sobre la implicación de personal la UNRWA en los ataques del 7 de octubre son graves y deben investigarse de forma independiente; cualquier persona contra la que haya pruebas admisibles suficientes deberá ser procesada en juicios con las debidas garantías. Pero no se deben utilizar las supuestas acciones de algunas personas como pretexto para suspender una ayuda vital en lo que podría constituir un castigo colectivo”.
Reino Unido, Alemania, Italia, Países Bajos, Suiza, Japón, Francia y Finlandia se unieron a Estados Unidos, Australia y Canadá en la suspensión de la financiación a la agencia de ayuda humanitaria. En conjunto, proporcionaron más de la mitad del presupuesto de la UNRWA en 2022. La decisión se tomó tras las acusaciones de que 12 miembros del personal de la UNRWA estaban implicados en los ataques del 7 de octubre cometidos por Hamás en Israel. La UNRWA despidió inmediatamente a 9 empleados por las acusaciones y ha iniciado una investigación.
En un momento en el que Israel, la potencia ocupante, sigue violando de forma flagrante sus obligaciones para con la población refugiada palestina en Gaza y en el resto de los Territorios Palestinos Ocupados, la UNRWA es, desde hace tiempo, la única tabla de salvación al ofrecer una ayuda humanitaria indispensable, educación y cobijo. La agencia también facilita una ayuda que se necesita desesperadamente a millones de personas refugiadas palestinas que viven en los países árabes vecinos.
Noruega, España, Irlanda y Bélgica son algunos de los Estados que han anunciado que no van a suspender la financiación, reconociendo el papel vital que la UNRWA sigue desempeñando en la distribución de ayuda humanitaria a quienes la necesitan desesperadamente.
“Es vergonzoso que, en lugar de atender a la resolución de la Corte Internacional de Justicia y a la conclusión de ésta de que la catastrófica situación humanitaria en la Franja de Gaza corre grave riesgo de deteriorarse aún más, Estados clave como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Australia y Francia hayan suspendido la financiación al principal proveedor de ayuda para la población civil de Gaza”, prosiguió Agnès Callamard.
“Todos los Estados tienen la clara obligación de garantizar que se implementan las medidas de la Corte Internacional de Justicia, incluidas las que ordenan a Israel que tome medidas inmediatas y efectivas para garantizar la provisión de asistencia humanitaria a la población civil palestina en Gaza como paso clave para prevenir el genocidio y más daños irreparables”.
Algunos de los mismos gobiernos que han anunciado que van a suspender el envío de fondos a la UNRWA por estas acusaciones han continuado, al mismo tiempo, armando a las fuerzas israelíes pese a las pruebas abrumadoras de que estas armas se están usando para cometer crímenes de guerra y violaciones graves de los derechos humanos.
Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional
“Algunos de los mismos gobiernos que han anunciado que van a suspender el envío de fondos a la UNRWA por estas acusaciones han continuado, al mismo tiempo, armando a las fuerzas israelíes pese a las pruebas abrumadoras de que estas armas se están usando para cometer crímenes de guerra y violaciones graves de los derechos humanos. Precipitarse a congelar los fondos para ayuda humanitaria basándose en acusaciones que aún se están investigando, al mismo tiempo que se niegan a considerar siquiera la suspensión del apoyo al ejército israelí, es un clarísimo ejemplo de doble moral”, concluyó Agnès Callamard.
“En lugar de suspender una financiación vital para quienes la necesitan, los Estados deberían trabajar para poner fin a las transferencias de armas a Israel y a grupos armados palestinos, y presionar en favor de un alto el fuego inmediato y sostenido, y el acceso humanitario completo para contribuir a aliviar un sufrimiento devastador”.
El Estado de Israel y grupos de la derecha llevan años realizando una campaña difamatoria contra la UNRWA, agencia que desempeña un papel clave en la protección del derecho de la población palestina a retornar a sus tierras.