Netsanet Belay, Director de Investigación y Trabajo de Incidencia de Amnistía Internacional
M acababa de regresar de la escuela y estaba cocinando el día en que cuatro combatientes de Boko Haram se presentaron en su casa, en un pueblo del estado de Borno. Cuando su padre oyó ruido de motos, entró rápidamente en la casa y se escondió debajo de la cama. No le sirvió de nada. Uno de los combatientes lo sacó de allí a rastras y lo llevó hasta un árbol que crecía en el recinto. Imploraba por su vida cuando el combatiente le cortó la garganta. Murió ante la mirada horrorizada de su familia. Los combatientes se llevaron secuestrados a la madre y a los cinco hermanos de M, pero no a ella.
Esto ocurrió en 2014. Seis años después, M no conoce el paradero de su familia. Ni sabe si está viva. Es uno de los miles de niños y niñas traumatizados por el conflicto armado del noreste de Nigeria, que dura ya 10 años. Ambas partes, Boko Haram y el ejército nigeriano, continúan cometiendo crímenes de guerra de manera habitual, incluso contra menores de edad.
Hoy, cuando África celebra el Día del Niño Africano, las autoridades deben reconocer estos crímenes y comenzar a abrir un nuevo camino fundamentado en los derechos humanos.
Agresión a la infancia
Las tácticas y la ideología de Boko Haram se basan en la agresión a la infancia en el noreste de Nigeria. Al igual que M, muchos niños y niñas han visto al grupo matar a sus padres, madres, hermanos y hermanas. Otros niños y niñas han sido secuestrados y han pasado años en cautividad, obligados con frecuencia a combatir o servir de “esposa”. Estos actos de secuestro y reclutamiento y matrimonio forzados constituyen crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Su magnitud parece haberse subestimado a menudo. Tanto dentro del país como internacionalmente, se ha prestado atención a incidentes específicos y de gran resonancia, ignorando la naturaleza persistente y continua de tales atrocidades.
Niños y niñas y personas adultas por igual arriesgan la vida para escapar de Boko Haram. Sin embargo, en muchos casos, las autoridades nigerianas agravan aún más su trauma. El ejército, responsable también de abusos, ha detenido ilegalmente a miles de niños y niñas que han salido del territorio de Boko Haram, a menudo sin pruebas de que formaran parte del grupo, y mucho menos de que hubieran cometido delitos. En la mayoría de los casos, no se presentan cargos, ni siquiera cuando los niños y niñas llevan meses o años detenidos. El debido proceso se viola de manera habitual. Se ignora la magnitud real de la detención de niños y niñas, pues el ejército ha negado reiteradamente a la ONU y otros observadores independientes el acceso a los centros de detención.
Las condiciones de los centros de detención militar son deplorables en todas partes. Se caracterizan por el hacinamiento extremo, el saneamiento deficiente, la falta de agua y comida suficientes y la violencia sexual. Muchos niños y niñas han sido sometidos a palizas y otras formas de tortura para obtener de ellos “confesiones” de vinculación con Boko Haram. Las condiciones inhumanas de detención militar han sido a menudo causa de enfermedad grave y, en muchos casos, muerte.
Un corredor seguro que no lo es
En 2016, el gobierno federal nigeriano lanzó la operación Corredor Seguro. En el marco de este programa de desmovilización, desvinculación, reintegración y reconciliación se lleva a los hombres y a los niños a un centro de detención situado a 30 kilómetros de Gombe. Allí, reciben formación profesional, instrucción religiosa y otras enseñanzas que tienen por objeto iniciar el proceso de reintegración. Aunque les dicen que el programa durará seis meses, la mayoría llevan más de un año recluidos allí.
La operación Corredor Seguro ha tenido algunos logros, incluso en materia de apoyo psicosocial. El ejército también en más transparente con este programa que con otros aspectos de sus operaciones. Pero, a pesar de ello, Corredor Seguro sigue estando plagado de violaciones de derechos humanos. Sobre todo, supone una continuación de la detención ilegal generalizada de hombres y niños. Casi todos los que están recluidos en Corredor Seguro lo están sin decisión judicial ni ninguna otra base legal.
Cambiar rápidamente de rumbo
El gobierno federal, incluido el ejército, tiene que poner rápidamente fin a la detención ilegal generalizada. Debe reconocer que detener a niños sólo es apropiado como último recurso. Debe garantizar el procesamiento de quienes han supervisado la comisión generalizada de tortura y otros malos tratos, causante a menudo de muertes bajo custodia. Y debe cumplir con su responsabilidad de “promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social” de los niños y niñas que han padecido sufrimientos durante el conflicto, sea a manos de Boko Haram, del ejército nigeriano o de ambos.
Esta garantía supone que los niños y niñas que salen del territorio de Boko Haram deben poder acceder a educación y apoyo psicosocial, no ser encerrados durante años en centros de detención flagrantemente inhumanos. UNICEF ha informado de que sólo alrededor del 25% de los niños y niñas del estado de Borno están escolarizados, lo que supone una deficiencia devastadora.
Por último, en sus programas de rehabilitación y otras formas de apoyo a las personas afectadas por el conflicto, las autoridades nigerianas deben garantizar la igualdad de género. Aunque los patrones de violaciones de derechos humanos difieren, las mujeres y las niñas se han visto igualmente afectadas. Sin embargo, la mayoría de los programas, incluido Corredor Seguro, parecen estar dirigidos a los hombres y los niños, mientras que las iniciativas destinadas a las mujeres y las niñas son mucho más limitadas, lo que exacerba las desigualdades y las estructuras de poder existentes en el noreste del país.
Sin un enfoque basado en los derechos humanos, Nigeria corre el riesgo de perder a una generación de niños y niñas.
Este artículo se publicó originalmente en African Arguments el 16 de junio de 2020.