Moammar Nakhleh, the father of 17 year-old Palestinian prisoner Amal, shows a photograph of his son on his telephone, in Jalazun refugee camp, near the occupied West Bank city of Ramallah, on January 8, 2022. – Israeli authorities accuse Amal, who is chronically ill, of throwing stones at soldiers and have held him in jail for a year under administrative detention. The practice allows for suspects to be held for renewable six-months terms without allowing them to view the charges or evidence against them, while investigations are ongoing. (Photo by ABBAS MOMANI / AFP) (Photo by ABBAS MOMANI/AFP via Getty Images)
Las autoridades israelíes deben poner en libertad de inmediato a Amal Nakhleh, que fue detenido hace 16 meses, cuando tenía 17 años, y desde entonces permanece recluido sin cargos ni juicio, y deben dejar de utilizar la detención administrativa contra la población palestina. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy, en vísperas de una vista judicial sobre el caso de este joven.
Amal Nakhleh lleva detenido desde el 21 de enero de 2021 sobre la base de pruebas secretas examinadas por tribunales militares. Su detención forma parte del uso generalizado y sistemático por parte de las autoridades israelíes de la detención arbitraria, la detención administrativa y la tortura contra población palestina, incluidos menores de edad.
Estos actos de represión, que forman parte de la política israelí de dominación y control sobre la población palestina, son flagrantes violaciones de las obligaciones contraídas por el país en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, y constituyen un crimen de lesa humanidad: el de apartheid.
“La experiencia de Amal Nakhleh y su familia ilustra cómo es la vida de la población palestina bajo el apartheid israelí. Israel utiliza la detención administrativa contra personas palestinas para mantener este cruel sistema, que privilegia a la población israelí judía y niega a la población palestina sus derechos fundamentales”, ha manifestado Saleh Higazi, director adjunto de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.
“Amal Nakhleh debe ser puesto de inmediato en libertad. Las autoridades deben cesar en su represión de la población palestina, y la comunidad internacional debe garantizar que Israel rinde cuentas por el crimen de lesa humanidad de apartheid.”
El 25 de enero de 2021, el juez de un tribunal militar israelí aprobó una orden de seis meses de detención administrativa contra Amal Nakhleh basándose en información que no se ha compartido con el abogado o la familia del acusado. Tras la apelación presentada por la defensa, la condena se redujo a cuatro meses. Desde entonces, los jueces de tribunales militares israelíes han aprobado tres órdenes adicionales de cuatro meses de detención administrativa cada una. Está previsto que la última orden de detención, dictada el 13 de enero de 2022, expire el 13 de mayo de 2022, pero podría ser renovada por quinta vez, ya que no existe ningún límite a cuántas veces se puede prorrogar la detención administrativa. Los tribunales militares israelíes incumplen sistemáticamente las normas internacionales cobre juicios justos.
El padre de Amal Nakhleh dijo a Amnistía Internacional: “Estamos al límite. Podría haber una orden de renovación de la detención en cualquier momento, hasta el último minuto, como sucedió la última vez. Es como una guerra psicológica. Nos dieron una fecha de visita para ver a Amal en la prisión el 18 de mayo. Pero no es allí donde queremos verlo. Queremos verlo en casa”.
Amal Nakhleh se encuentra actualmente recluido en la Prisión de Ofer, en la Cisjordania ocupada. Si su orden de detención no se renueva, podría estar de vuelta en casa para el 17 de mayo de 2022.
Amnistía Internacional pide a las autoridades israelíes que liberen a Nakhleh y a otras personas palestinas recluidas en detención administrativa, como primer paso para poner fin al crimen de lesa humanidad de apartheid.
Amal Nakhleh sufre miastenia grave, un trastorno neuromuscular autoinmune crónico que provoca debilidad muscular y afecta a la respiración y a la deglución. Esta enfermedad requiere un tratamiento médico continuo, y sus síntomas se agravan con el cansancio y el estrés.
Su padre añadió: “Amal no está bien. Apenas puede tragar o hablar. Cuando le vi por última vez, en febrero, me preguntó: ‘Papá, ¿crees que me dejarán salir?’ ¿Qué podía decirle? ¿Cuál es nuestro análisis de un sistema que es arbitrario, cruel y punitivo?”
“El gobierno israelí debe liberar de inmediato a Amal Nakhleh para que pueda retomar sus estudios y recibir la atención médica que necesita. Mantener a este joven detenido en estas terribles condiciones constituye trato cruel, inhumano o degradante”, ha manifestado Saleh Higazi.
Información complementaria
El 15 de diciembre de 2021, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU emitió una opinión sobre el caso de Amal Nakhleh, en la que determinó que su detención era arbitraria por varios motivos. El gobierno israelí no cooperó con el grupo de la ONU, a pesar de los reiterados llamamientos para que lo hiciera.
Israel mantiene actualmente al menos a 550 personas palestinas en detención administrativa, según Addameer, grupo de defensa de los derechos de los presos y presas palestinos. Las personas detenidas han protestado contra el uso de tribunales militares por parte de Israel.
El 7 de marzo de 2022, Salah Hammouri, defensor de los derechos humanos y abogado de Addameer, organización que ha sido calificada de “terrorista” por el ministro de Defensa israelí como parte de un ataque contra la sociedad civil palestina, fue puesto en detención administrativa durante tres meses.
En marzo de 2022, el Comité de Derechos Humanos de la ONU pidió a Israel que “ponga fin de inmediato a la práctica generalizada de detención y reclusión arbitraria, incluida la detención administrativa, de personas palestinas, incluidos menores de edad”. También subrayó que las personas palestinas detenidas, incluidas las recluidas en detención administrativa, deben gozar de todas las salvaguardias jurídicas y de procedimiento, incluido el derecho a ser informado de los motivos de la detención y reclusión, a tener acceso a asistencia letrada y a comparecer sin demora ante un juez.