Las fuerzas armadas de Estados Unidos no deben desentenderse de sus obligaciones jurídicas internacionales hacia las víctimas civiles de sus ataques aéreos en Somalia; así lo ha manifestado Amnistía Internacional tras el anuncio del Pentágono sobre la retirada de tropas en enero de 2021.
Tras varias semanas de especulaciones sobre el cambio de política, el Departamento de Defensa de Estados Unidos emitió un comunicado de prensa el 4 de diciembre en el que afirmaba que el mando estadounidense en África (AFRICOM) se disponía a “reubicar la mayoría de su personal y sus bienes fuera de Somalia a principios de 2021”.
La retirada de tropas terrestres no significa necesariamente el fin de las acciones militares estadounidenses en Somalia, que han incluido decenas de ataques aéreos al año, muchos desde bases situadas fuera de Somalia. Anteriores investigaciones de Amnistía Internacional demuestran que estos ataques causaron repetidamente muertes y lesiones entre la población civil, y que algunos de estos casos aparentemente constituyeron violaciones del derecho internacional humanitario.
“Con independencia de si las tropas terrestres estadounidenses se retiran o no de Somalia, AFRICOM debe adoptar de inmediato una estrategia que garantice que no renuncia a los avances realizados hacia la rendición de cuentas por las acciones militares estadounidenses, que incluyen informar sobre los casos denunciados de víctimas civiles”, ha afirmado Deprose Muchena, director de Amnistía Internacional para África Oriental y Austral.
“Tenga o no presencia sobre el terreno, AFRICOM aún debe garantizar justicia y reparación a las víctimas civiles de violaciones del derecho internacional humanitario y a sus familias. Y si los ataques aéreos continúan, AFRICOM debe garantizar que adopta todas las precauciones posibles para no causar daños a civiles.”
Intensificación de la guerra aérea estadounidense
Desde que el presidente Trump llegó al poder en 2017, AFRICOM ha intensificado sus acciones aéreas bélicas en Somalia, con un total de 196 ataques aéreos tanto con drones como con aviación tripulada. Según la ONG Airwars, hubo 38 de estos ataques en 2017, 48 en 2018, 61 en 2019 y 49 en 2020 hasta la fecha.
Amnistía Internacional investigó nueve ataques aéreos estadounidenses en las regiones de Baja Shabelle, Galgudud y Juba Central desde 2017 y concluyó que habían causado la muerte a 21 civiles y herido a 11 más, en muchos casos cometiendo presuntas violaciones del derecho internacional humanitario.
Aparte de las víctimas civiles de estos ataques, el conflicto en general —donde el grupo armado Al Shabaab representa una amenaza constante para la población civil— ha causado miles de muertes de civiles y el desplazamiento forzoso de cientos de miles. Según la ONU, al menos 295.000 personas han abandonado la región de la Baja Shabelle en lo que va de año, muchas huyendo del conflicto y la inseguridad.
En su mayoría han terminado en campos para personas internamente desplazadas situados en Mogadiscio o sus cercanías, donde corren peligro de sufrir explotación y abusos, incluida violencia sexual. Mujeres, niños y niñas corren especial peligro de sufrir abusos, marginación y exclusión.
Avances hacia la rendición de cuentas
Desde abril de 2019, tras las investigaciones y actividades de incidencia de Amnistía Internacional, AFRICOM ha admitido haber matado a cinco civiles somalíes y herido a ocho más en cuatro ataques aéreos distintos. Los gobiernos de Estados Unidos y Somalia no han indemnizado a ninguna de las víctimas o familiares de víctimas.
En abril de 2020, AFRICOM publicó la primera de sus evaluaciones trimestrales sobre víctimas civiles, primer atisbo de transparencia en más de un decenio de operaciones militares en Somalia.
“Estos pasos positivos demuestran que, ante informes verosímiles de los hechos sobre el terreno, que respaldan lo que dicen las familias de las víctimas desde hace tiempo, AFRICOM es capaz de investigar e informar sobre víctimas civiles. El gobierno de Estados Unidos debe seguir avanzando y garantizar justicia y reparación a las víctimas de estas violaciones de derechos humanos y a sus familias”, ha afirmado Deprose Muchena.
“La retirada de tropas no debe echar por tierra este impulso. La noción de ‘ojos que no ven, corazón que no siente’ no existe en el derecho internacional, y AFRICOM sigue teniendo la obligación de velar por la población civil afectada por sus operaciones.”