Decenas de miles de civiles de la región sursudanesa del Alto Nilo se vieron obligados a desplazarse cuando las fuerzas gubernamentales quemaron, bombardearon y saquearon sistemáticamente sus casas entre enero y mayo de 2017; así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional tras entrevistar a decenas de víctimas y testigos presenciales.
Civiles pertenecientes a la minoría shilluk contaron a Amnistía Internacional cómo las tropas gubernamentales y sus milicias aliadas robaron todo lo que pudieron tras los ataques, desde provisiones alimentarias hasta muebles, e incluso las puertas de entrada de las casas. El jefe de un poblado describió la destrucción como si la zona hubiera sido “arrasada por una inundación”.
“Aun teniendo en cuenta el historial de hostilidad étnica en Sudán del Sur, es absolutamente escandaloso el desplazamiento masivo, casi completo, de la minoría étnica shilluk”, ha dicho Joanne Mariner, asesora general de Amnistía Internacional sobre respuesta a las crisis.
“Amplias zonas del territorio habitado por los shilluk han sido devastadas, con incendio de viviendas de civiles y saqueo de sus bienes y provisiones de alimentos, por lo que sus perspectivas de volver a sus hogares son escasas, en vista de la creciente crisis humanitaria en la región y su miedo a nuevos episodios de violencia.”
La ofensiva llevada a cabo por el gobierno en el Alto Nilo entre enero y mayo de 2017, con la ayuda de milicias de etnia dinka, le permitió reconquistar territorio que en los últimos años había estado controlado por un grupo armado de oposición formado por combatientes shilluk agwelek bajo el mando de Johnson Olony. Causó el desplazamiento de decenas de miles de civiles shilluk, incluida casi toda la población de numerosas ciudades y pueblos de la ribera occidental del Nilo Blanco.
Amnistía Internacional ha reunido imágenes de satélite que muestran la destrucción de casas y otros bienes de carácter civil en la zona central de Wau Shilluk, incluido un templo tradicional (radd). La mayoría de la gente que vive en la región reside en un tukul, caseta con techo de paja, que es altamente inflamable.
A finales de mayo y principios de junio, investigadores de Amnistía Internacional entrevistaron a 79 víctimas y testigos presenciales de los abusos en un campo específico para personas desplazadas establecido en Aburoc y en el centro de protección de civiles (POC) de la ONU en Malakal, ambos en la región del Alto Nilo. Hablaron también con múltiples trabajadores humanitarios, funcionarios de la ONU y personalidades políticas y de la sociedad civil en Aburoc, Malakal y Yuba.
La organización documentó varios homicidios de civiles a manos de las tropas del gobierno en el curso de la ofensiva. Algunos de los homicidios fueron claramente deliberados, ya que se disparó contra las víctimas cuando estaban cautivas o por la espalda cuando intentaban escapar.
Víctimas y testigos presenciales describieron también ataques indiscriminados de artillería e incendios selectivos (y hasta un bombardeo desde un avión Antonov) que destruyeron viviendas de civiles. En unos cuantos casos, personas ancianas o indefensas que no pudieron escapar murieron quemadas en sus casas.
Algunos shilluks han regresado a sus casas tras la ofensiva, pero la inmensa mayoría continúa desplazada. Decenas de miles han huido al norte y han pasado a ser refugiadas en Sudán, y unas 10.000 más sobreviven en condiciones muy precarias en un campo específico instalado en el pueblo de Aburoc, asolado por situaciones de escasez extrema y casos de cólera.
Situado en un enclave controlado por las fuerzas de oposición agwelek, aliadas del Movimiento de Liberación Popular de Sudán en la Oposición, Aburoc está patrullado por un pequeño contingente de las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU enviado allí para facilitar el reparto de la ayuda humanitaria. Dado que carece de agua suficiente para cubrir sus necesidades básicas, el campo no está preparado para servir de refugio a largo plazo a gran cantidad de personas desplazadas.
“Privados de alimentos y enseres, los civiles shilluk van a necesitar ayuda humanitaria para volver a casa. Pero, sobre todo, las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU deben estar preparadas y dotadas de los recursos necesarios para garantizar que se protegerá su seguridad”, ha dicho Donatella Rovera, asesora general de Amnistía Internacional sobre respuesta a las crisis.