Decenas de trabajadores y sindicalistas de Egipto se exponen al arresto, la detención, el despido o a juicios ante los tribunales militares sólo por ejercer su libertad de expresión, asociación y reunión, afirma Amnistía Internacional en una declaración hecha pública para conmemorar el 1 de Mayo, Día del Trabajo.
En medio de las crecientes dificultades económicas que atraviesa el país y de una oleada de huelgas en los sectores privado y público, así como en industrias propiedad de las fuerzas armadas, el gobierno está utilizando toda una serie de medidas disciplinarias y sanciones penales para reprimir a trabajadores y sindicalistas. También está tratando de modificar las leyes existentes para restringir aún más los derechos laborales.
“Las autoridades egipcias están librando una campaña sancionadora contra trabajadores y sindicalistas para disuadirlos de movilizarse o de ir a la huelga y castigarlos por hacerlo. Reivindicar derechos laborales y denunciar injusticias no debería ser delito. El derecho a la huelga y el derecho de reunión pacífica están consagrados tanto en la Constitución egipcia como en el derecho internacional de los derechos humanos. Las autoridades egipcias deben dejar de castigar a las personas por ejercer y exigir sus derechos”, ha dicho Najia Bounaim, directora de Campañas de Amnistía Internacional para el Norte de África.
Muchos trabajadores y trabajadoras han sido detenidos sólo por participar en una huelga o en una protesta pacífica. Algunos llevan largos periodos en detención preventiva o están sometidos a medidas restrictivas de libertad vigilada. La semana pasada, precisamente, fueron detenidos en aplicación de la legislación antiprotestas 16 trabajadores de la empresa Telecom Egypt de El Cairo y Guiza por participar en una manifestación pacífica. Quedaron en libertad tras las protestas de solidaridad.
En algunos casos se utilizan medidas disciplinarias como recortes salariales, la suspensión de empleo o el despido para castigar a los trabajadores y trabajadoras. En el Hospital Universitario Zagazig, de carácter estatal, 12 enfermeras fueron suspendidas de empleo por participar en febrero de 2017 en una huelga de una semana durante la cual sólo se atendieron urgencias.
Quienes trabajan en fábricas propiedad de las fuerzas armadas corren riesgos adicionales, pues pueden ser sometidos a juicios injustos ante tribunales militares. Veinticinco trabajadores del astillero de Alejandría, gestionado por el ejército, están actualmente siendo juzgados por un tribunal militar, acusados de “incitar a los trabajadores a la huelga”, y podrían ser condenados hasta a dos años de cárcel.
Las autoridades también han interferido en el funcionamiento de los sindicatos independientes imponiendo medidas disciplinarias a sus miembros y dificultando sus actividades. Además, el gobierno ha propuesto reformas a la Ley del Trabajo y a la Ley de Sindicatos que dificultarán aún más la organización de huelgas y hará prácticamente imposible crear un sindicato independiente o incorporarse a él.
Si desean más información sobre la situación de los derechos laborales en Egipto, pueden consultar la declaración íntegra (en inglés) aquí.