La creación de un nuevo organismo público encargado de proteger a quienes defienden los derechos humanos constituye una gran victoria para los derechos humanos en Afganistán, ha manifestado Amnistía Internacional tras anunciarse que el presidente Ghani ha dictado un decreto por el que se establece la Comisión Conjunta para la Protección de los Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos.
La Comisión, establecida con el fin de “reforzar la defensa de los derechos humanos y abordar las cuestiones relacionadas con ellos que son motivo de preocupación internacional y nacional en Afganistán” determinará primeramente sus prioridades y elaborará junto con las ONG un plan para la protección de los defensores y defensoras de los derechos humanos.
El anuncio llega tras más de un año de trabajo de campaña realizado por Amnistía Internacional y diversas organizaciones de la sociedad civil para pedir la creación de un mecanismo de protección de quienes se encuentran en situación de riesgo por defender los derechos humanos. Los defensores y defensoras de los derechos humanos de Afganistán figuran entre los más valientes del mundo, porque se enfrentan constantemente a amenazas, intimidación, hostigamiento, violencia, e incluso la muerte, por proteger los derechos de otras personas.
“El establecimiento de la Comisión es una medida enormemente positiva y un avance muy necesario en la protección de los derechos humanos en Afganistán. Con la violencia intensificándose en todo el país, los ataques contra los derechos humanos en aumento y una gran incertidumbre con respecto al resultado de las conversaciones de paz, este compromiso no podía haber llegado en mejor momento”, ha afirmado Samira Hamidi, responsable de campañas de Amnistía Internacional para Afganistán.
“Pero el trabajo duro empieza ahora. Los defensores y defensoras de los derechos humanos llevan demasiado tiempo sufriendo en Afganistán. A fin de garantizar que no se trata sólo de una promesa vacía, la Comisión deberá contar con el pleno respaldo del gobierno y cumplir con sus objetivos, incluida la creación de un mecanismo que brinde protección efectiva a los defensores y defensoras de los derechos humanos en situación de riesgo. La comunidad internacional también tiene una función esencial que desempeñar a la hora de apoyar a la comunidad de derechos humanos de Afganistán en este momento crítico para el país.”
En enero de 2020, trabajando en estrecha colaboración con 32 organizaciones de derechos humanos, Amnistía Internacional presentó la “Estrategia de Protección de los Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos en Afganistán”. Elaborada con objeto de orientar al gobierno en la creación de un mecanismo independiente, efectivo e implementable para proteger a los defensores y defensoras de los derechos humanos en situación de riesgo en el país, la estrategia recibió el compromiso público del gobierno afgano de establecer este mecanismo.
Amnistía Internacional pide que se cree con prontitud el mecanismo para garantizar que investiga de manera exhaustiva, imparcial y transparente las amenazas y ataques contra los defensores y defensoras de los derechos humanos y, cuando sea necesario, proporciona medidas adecuadas de protección, que incluyan reubicación, asistencia y apoyo psicosocial.
Información complementaria
El decreto de establecimiento de la Comisión Conjunta para la Protección de los Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos puede consultarse aquí. Va acompañado de una declaración del vicepresidente segundo, Sarwar Danish, que presidirá la Comisión, que puede consultarse aquí.
En enero de enero de 2020, tras una campaña de Amnistía Internacional y diversas organizaciones de la sociedad civil, el gobierno afgano se comprometió a establecer un mecanismo de protección. Encontrarán más información aquí. También pueden consultar más información sobre los defensores y defensoras de los derechos humanos en Afganistán aquí.
En agosto de 2019, Amnistía Internacional publicó un documento informativo, Defenceless defenders: Afghanistan’s human rights community under attack, en el que se describen con detalle las amenazas, el hostigamiento, la intimidación, la violencia, e incluso la muerte, que han sufrido defensores y defensoras de derechos humanos por hacer su trabajo.