Al respecto, en la Declaración Conjunta sobre violencia contra los/as periodistas en el marco de manifestaciones sociales de los relatores especiales de Naciones Unidas y la OEA se ha afirmado que “El Estado tiene el deber de garantizar que los periodistas y comunicadores que se encuentran realizando su labor informativa en el marco de una manifestación pública no sean detenidos, amenazados, agredidos, o limitados en cualquier forma en sus derechos por estar ejerciendo su profesión”.
“La labor de los/as periodistas es fundamental para mantener informada a la población sobre los acontecimientos. A la vez que cumple un importante rol al reportar sobre la actuación del Estado y de la Fuerza Pública durante las manifestaciones, previniendo el uso desproporcionado de la fuerza y el abuso de autoridad”, menciona Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile.
La organización es enfática en recordar al Estado de Chile que tiene el deber de asegurar el derecho a la protesta pacífica, lo que incluye proteger la integridad de los/as manifestantes frente a agentes provocadores y contra-manifestantes.