“El informe de la Comisión de Investigación sobre los Hogares Maternoinfantiles hecho público hoy revela una espantosa serie de abusos contra los derechos humanos cometidos contra mujeres, niños y niñas”, ha declarado Amnistía Internacional Irlanda. La organización ha afirmado que este no es más que un paso hacia el cumplimiento por el Estado de su obligación de garantizar verdad, justicia y reparación por lo que ocurrió en estas instituciones.
Amnistía ha manifestado hoy también que fue el Estado, y no la sociedad en general, el responsable principal de estos abusos sistemáticos contra los derechos humanos.
La organización examinará el informe completo, pero ante la información que ha facilitado hoy el gobierno, es evidente que queda aún mucho por hacer para abordar y comprender realmente la escala de los abusos contra los derechos humanos que ha revelado la Comisión.
“El informe de hoy es un paso importante para alcanzar la verdad y la rendición de cuentas por los terribles abusos infligidos a mujeres, niños y niñas en estas instituciones. Ahora tenemos que ver una justicia completa y una reparación para quienes sobrevivieron, y el plan de resarcimiento prometido debe aplicarse sin demora” declaró Colm O’Gorman, director ejecutivo de Amnistía Internacional Irlanda.
“El grado de mortalidad infantil en estas instituciones en comparación con el de la sociedad en general en esa época, y el número de muertes y enterramientos no registrados es estremecedor. Apoyamos los llamamientos para que esto, y otros abusos graves, sean remitidos a una investigación penal.
“El informe confirma lo que las personas sobrevivientes han dicho sobre la precariedad de las condiciones, el trabajo forzoso y los malos tratos físicos y emocionales infligidos a mujeres, niños y niñas; sobre adopciones sin consentimiento y ensayos de vacunas en niños y niñas sin respetar los requisitos reglamentarios o éticos.
“Basándose en la información que ha dado a conocer hoy el gobierno, es evidente que queda aún mucho que descubrir; por ejemplo, cómo es que no se comunicaron a la policía embarazos de menores de edad que podrían se consecuencia de estupro, y la cuestión de las adopciones ilegales y el tráfico de niños y niñas.
“El gobierno tiene que cumplir la promesa que hizo en octubre y permitir que víctimas y sobrevivientes tengan acceso a sus expedientes y datos personales. Todos los aspectos de esta investigación deben ser transparentes y hacerse públicos. Deberá respetarse la confidencialidad en la medida necesaria y de forma proporcionada para proteger los derechos de víctimas, testigos y otras personas. También será importante que el gobierno cumpla su promesa de establecer un archivo nacional de expedientes sobre abusos institucionales”.
Responsabilidad del Estado
“Aunque la sociedad en general tuvo un papel en la brutalidad, estos ‘hogares’ fueron sólo una parte de una red de instituciones que imponían terribles sanciones a quienes no se atenían a unas duras normas morales o religiosas. Lo que debe quedar muy claro, sin embargo, es que esto fue —y sigue siendo— responsabilidad del Estado”, afirmó Colm O’Gorman.
“El Estado se sometió a unos intereses poderosos que no rendían cuentas de lo que hacían y no protegió a la población. El Estado es, por tanto, responsable último de esa inacción y de las graves y sistémicas violaciones de derechos humanos derivadas de ella.
“Viendo la conducta de la sociedad durante esas décadas, el gobierno no puede ignorar sin más cómo se sometió a un pueblo, sobre todo cuando era el Estado el que hacía cumplir esas mismas normas, muchas veces a instancias de otras instituciones poderosas.
“El Estado debe reconocer asimismo que estas instituciones se utilizaron para ocultar a víctimas de violación y agresiones sexuales, a quienes no protegió ni ayudó sino que, por el contrario, castigó por los delitos perpetrados contra ellas. El Estado no sólo lo permitió, sino que también sistematizó este método”.
Hay que aprender las lecciones
“Los gobiernos anteriores han abordado los abusos cometidos en Irlanda de forma fragmentaria o cuando se vieron obligados a reaccionar. Por ejemplo, es un escándalo que aún no haya habido una investigación exhaustiva e independiente sobre todos los abusos contra los derechos humanos cometidos en las Lavanderías de la Magdalena.
“Informes como éste son necesarios tanto para las víctimas de violaciones de derechos humanos como para garantizar que el Estado no repite estas violaciones. El informe de la Comisión Ryan ya había pedido que sus conclusiones sobre los abusos cometidos contra niños y niñas en instituciones de internado suscitaran este tipo de debate y de reflexión.
“La oscura historia de la institucionalización; el carácter continuado, descontrolado y sistémico de estos graves abusos contra los derechos humanos, y la misoginia profundamente arraigada en que se sustentaron siguen influyendo en el Estado y la sociedad de hoy. Todo esto ha de ser erradicado y cuestionado. Si no lo hacemos, nuestra conmoción y nuestra indignación ante lo ocurrido en los hogares maternoinfantiles estarán vacíos de contenido”.
Información complementaria
El establecimiento de esta comisión de investigación sobre los “hogares maternoinfantiles” de Irlanda se produjo tras el hallazgo, a principios de junio de 2014, de una fosa común en la que había centenares de bebés, niños y niñas en Tuam, en el condado de Galway, en los terrenos de un antiguo “hogar maternoinfantil”. Estas instituciones estuvieron gestionadas por órdenes religiosas con fondos públicos para que las “madres solteras” dieran a luz desde la década de 1920 hasta comienzos de la de 1990, periodo en el que tener un hijo o hija fuera del matrimonio conllevaba un importante estigma social. Hacía tiempo que suscitaba preocupación la forma en que, según informes, eran tratadas las mujeres y los niños y niñas en estas instituciones.
En su “Declaración del Gobierno sobre los Hogares Maternoinfantiles” publicada el 28 de octubre de 2020, el gobierno reconoció el daño causado por la forma en que se manejó la legislación que transfería la base de datos de la Comisión a Tusla, que creó temor e inquietud por la posibilidad de que estos registros permanecieran 30 años sellados, y se comprometió a garantizar que las personas sobrevivientes tuvieran acceso a los registros, así como a crear un archivo nacional sobre el “trauma institucional durante el siglo XX”.