Los familiares de tres jóvenes detenidos por participar en protestas contra el gobierno cuando tenían menos de 18 años temen que los jóvenes figuren entre las cuatro personas que, según informaciones aparecidas en los medios de comunicación, serán ejecutadas mañana, ha dicho Amnistía Internacional.
La familia de Ali al Nimr expresó en las redes sociales su temor de que tanto él como Dawood Hussein al Marhoon y Abdullah Hasan al Zaher sean tres de los presos a los que se alude en un artículo publicado hoy en un periódico oficial. Según el articulo, las ejecuciones previstas serán el último episodio de una oleada de castigos por delitos de terrorismo en la que se ejecutó a 47 personas en un día en enero.
“Si estas ejecuciones se llegan a efectuar, Arabia Saudí demostrará su profundo desprecio por el derecho internacional, que prohíbe las ejecuciones por delitos cometidos con menos de 18 años. Condenar a estos jóvenes a muerte a pesar de las graves deficiencias que presentaron sus juicios y de que sus ‘confesiones’ se consiguieron sometiéndolos a tortura, sería un terrible ejemplo del desprecio de las autoridades por la vida humana”, ha dicho James Lynch, director adjunto del Programa para Oriente Medio y el Norte de África.
“Las autoridades saudíes deben paralizar de inmediato las ejecuciones previstas y declarar la suspensión oficial de todas las ejecuciones. Asimismo, deben ordenar que se investiguen imparcialmente las denuncias de tortura a manos de agentes de seguridad y emprender una profunda reforma del sistema judicial para terminar con estas atroces violaciones.”
Ali al Nimr fue detenido en febrero de 2012, cuando tenía 17 años, y condenado a muerte en mayo de 2014 por el Tribunal Penal Especial de Yidda, cuya actuación presenta profundas deficiencias, por 12 delitos, entre ellos participación en protestas antigubernamentales, agresión a las fuerzas de seguridad, posesión de armas (una metralleta) y atraco a mano armada. Su madre dijo a Amnistía Internacional que cuando lo visitó en la cárcel presentaba “heridas y hematomas” en el cuerpo, y que el trato que recibía en la prisión le había provocado una evidente debilidad.
Dawood Hussein al Marhoon y Abdullah Hasan al Zaher fueron detenidos el 22 de mayo y el 3 de marzo de 2012, cuando tenían 17 y 16 años, respectivamente, y condenados a muerte por el Tribunal Penal Especial de Riad en octubre de 2014 por delitos similares.
Los tres jóvenes han dicho que sus “confesiones” se obtuvieron bajo tortura y otros malos tratos en la cárcel, pero el tribunal se ha negado a ordenar que estas denuncias se investiguen.
En enero de este año, el tío de Ali al Nimr, el clérigo musulmán chií Sheikh Nimr Baqir al Nimr, fue ejecutado junto con otras 46 personas el mismo día tras un juicio por motivos políticos y manifiestamente injusto. Al igual que Sheikh Nimr al Nimr, los tres jóvenes activistas pertenecen a la minoría musulmana chií de Arabia Saudí, sistemáticamente sometida a acoso y discriminación La ejecución masiva se produjo tras aparecer en medios de comunicación nacionales cercanos a las autoridades saudíes la noticia de que próximamente se ejecutaría en un día al menos a 50 personas.
“El empleo por parte de Arabia Saudí de la pena de muerte para silenciar la disidencia transmite un mensaje aterrador para cualquiera que se atreva a pronunciarse contra las autoridades”, ha declarado James Lynch.
Amnistía Internacional, que se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, considera especialmente alarmante la aplicación arbitraria de condenas a muerte por parte de Arabia Saudí debido a la falta de salvaguardias básicas en los juicios.
La Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño, que es vinculante jurídicamente para Arabia Saudí, establece claramente que no puede imponerse la pena de muerte por delitos cometidos por menores de 18 años.
Entre agosto de 2014 y junio de 2015, al menos 175 personas fueron ejecutadas –normalmente por decapitación y tras actuaciones judiciales lamentablemente deficientes–, lo cual arroja un promedio de una persona cada dos días. Casi la mitad de las ejecuciones de los últimos años han sido por delitos sin consecuencias letales.