Las autoridades libanesas y la Unión Europea (UE) deben respetar sus obligaciones en virtud del derecho internacional y no devolver personas refugiadas a Siria mientras no se cumplan las condiciones para un retorno seguro, voluntario y digno; así lo han manifestado ocho organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Amnistía Internacional, con antelación a la visita a Beirut de Ursula von Der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.
En los últimos meses, el gobierno libanés ha defendido un acuerdo migratorio entre Líbano y la UE según el cual, de acuerdo con los medios de comunicación, la UE proporcionaría apoyo económico adicional a los organismos de seguridad libaneses para evitar que personas sirias, libanesas y de otras nacionalidades residentes en Líbano intenten llegar a Estados europeos. Además, el programa de asistencia al retorno se extendería a las “zonas seguras” dentro de Siria para incentivar el regreso de personas refugiadas en otros países.
Se trata del último de una serie de acuerdos de cooperación en materia migratoria con los que la UE pretende conseguir la cooperación de terceros países en materia de control de las fronteras y que se basan en la dejación de responsabilidad sobre las personas que buscan seguridad. Estos acuerdos ponen a estas personas en peligro de sufrir violaciones de derechos humanos, socavan la protección del asilo y debilitan el sistema de protección internacional en su conjunto. Son acuerdos que eluden el escrutinio público, parlamentario y judicial en la UE y los países asociados, y todos carecen de mecanismos adecuados de seguimiento y control que garanticen que la UE no es cómplice en violaciones de derechos humanos.
Ninguna parte de Siria es segura para regresar. La ONU sigue afirmando que las condiciones en Siria “no propician un retorno seguro y digno”. En abril de 2024, la Agencia de Asilo de la Unión Europea (AAUE) concluyó que persisten los niveles altos o significativos de violencia indiscriminada en casi todas las zonas de Siria y que el peligro de sufrir persecución sigue siendo generalizado. En los últimos meses, además, Siria ha experimentado la peor escalada de violencia desde 2020. Sólo en los dos meses pasados, tanto la Comisión de Investigación sobre Siria como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, ambas de la ONU, han emitido informes en los que reiteran que Siria continúa sin ser segura para el retorno y que las personas que regresan son blanco específico de ataques. Varias organizaciones de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Red Siria de Derechos Humanos, continúan documentando detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones y homicidios de personas retornadas cometidos por las fuerzas de seguridad sirias y milicias afines al gobierno. Estas violaciones de derechos humanos suelen ser consecuencia directa de la supuesta vinculación de estas personas con la oposición, sospecha basada únicamente en su decisión de marcharse del país para buscar refugio en otra parte.
Dadas estas condiciones, la asistencia de la UE enfocada a posibilitar o incentivar los retornos a Siria podría dar lugar a la devolución de personas refugiadas, lo que convertiría a Líbano y a la UE en cómplices de violaciones del principio de no devolución (non-refoulement) del derecho internacional consuetudinario, que obliga a los Estados a no devolver personas a países donde correrían peligro de sufrir persecución u otras violaciones graves de derechos humanos.
Además, desde 2019, las autoridades libanesas están llevando a cabo deportaciones sumarias de personas refugiadas sirias, incluso a través de devoluciones en la frontera, en incumplimiento del principio de no devolución.
Por tanto, el apoyo de la UE a los organismos de seguridad libaneses con el objetivo de contener los movimientos migratorios a Europa podría tener como consecuencia que las personas sirias recurran a rutas aún más largas y más peligrosas para intentar alcanzar las costas europeas a fin de evitar su devolución a Siria, lo que las hace dependientes de las redes de tráfico de personas y vulnerables a la trata.
Líbano sigue siendo el país con mayor número de personas refugiadas per cápita; según cálculos del gobierno, actualmente viven 1,5 millones de personas refugiadas sirias en el país. El país tiene dificultades para ofrecer asistencia a las personas refugiadas en medio de una aguda crisis económica que ha sumido en la pobreza a más del 80% de la población. Los donantes, entre ellos la UE, han reducido drásticamente sus fondos para programas relacionados con la población refugiada. Además, en 2023, sólo 2.800 personas sirias procedentes de Líbano fueron reasentadas en la UE, lo que representa el 1% del número total de personas sirias que viven en el país con necesidad de reasentamiento. La decisión, adoptada recientemente por Estados Unidos y muchos Estados miembros de la UE, de suspender la financiación a la Agencia de la ONU para la Población Refugiada Palestina (UNRWA) —que presta asistencia a 250.000 personas palestinas en Líbano, de las que el 80% ya vive por debajo del umbral de pobreza— ha empeorado aún más la situación de la población refugiada en Líbano, mientras que el futuro de la organización sigue siendo incierto.
Hace mucho tiempo que es necesario un apoyo más firme de la UE a Líbano para cubrir las necesidades de las personas refugiadas. Una cooperación bien gestionada con los países asociados, basada en los derechos humanos y el Estado de derecho, podría generar crecimiento inclusivo, desarrollo sostenible y mejores asociaciones estratégicas. Tales asociaciones deben incluir evaluaciones de riesgos y de impacto en materia de derechos humanos, seguimiento independiente y cláusulas de suspensión de la cooperación si los abusos continúan. Todo acuerdo migratorio entre la UE y Líbano debe estar enfocado a la protección de las personas refugiadas sirias en Líbano, lo que implica suspender todas las deportaciones sumarias. Además, la UE debería comprometerse a proporcionar fondos adicionales para apoyar a las comunidades que acogen población refugiada y libanesa, a reasentar en Europa a más personas refugiadas sirias residentes en Líbano, y a poner fin a las expulsiones ilegales de países de la UE a Líbano. Por último, la UE y sus Estados miembros deben garantizar apoyo suficiente a la UNRWA.
Firmantes:
11.11.11
Access Center for Human Rights (ACHR)
Amnistía Internacional
Centre Libanais des Droits Humains (CLDH)
EuroMed Rights
Human Rights Watch
PAX
Red Siria de Derechos Humanos