La falta de investigaciones adecuadas y de enjuiciamientos de los crímenes de odio en Bulgaria está propiciando miedo, discriminación y, en última instancia, violencia, según afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.
El informe Missing the point: Lack of adequate investigation of hate crimes in Bulgaria da cuenta de las graves secuelas que dejan los crímenes de odio en las víctimas y pone de relieve que, al no abordar las autoridades los prejuicios arraigados contra solicitantes de asilo, migrantes, musulmanes, así como contra lesbianas, gays, bisexuales y transgénero, se están exacerbando la violencia y la discriminación.
“Cientos de personas pertenecientes a minorías han sufrido crímenes de odio y muchas más no confían en que las autoridades las protejan”, afirmó Marco Perolini, investigador de Amnistía Internacional sobre discriminación en Europa. “Las autoridades búlgaras deben adoptar urgentemente una postura firme y cumplir las leyes nacionales e internacionales garantizando que todas las personas disfrutan de los derechos humanos.”
Crímenes de odio racistas y xenófobos
Bulgaria cuenta con legislación que permite enjuiciar los crímenes de odio vinculados al racismo y la xenofobia, pero se observa de forma recurrente que las autoridades no identifican estos delitos ni los investigan adecuadamente.
Según el Comité Búlgaro de Helsinki y otras organizaciones locales, los ataques contra migrantes y solicitantes de asilo se intensificaron en 2013. El fiscal general adjunto comunicó a Amnistía Internacional que, entre enero de 2013 y marzo de 2014, la Fiscalía de Sofía había abierto 80 procedimientos penales preliminares sobre delitos contra minorías étnicas, incluidos migrantes, solicitantes de asilo, romaníes y personas de etnia turca. No obstante, los datos recopilados no son exhaustivos y no reflejan el verdadero alcance de estos abusos.
Nazir, solicitante de asilo procedente de Irak, fue agredido con nudilleras de metal por un grupo de ocho o nueve personas en septiembre de 2013. Estuvo ingresado en el hospital durante nueve días y tuvo que someterse a dos operaciones. La policía no acudió al hospital para tomarle declaración y posteriormente se negó a registrar la denuncia. Nazir relata que la policía “me dijo que me fuera o que me devolverían a Irak”. A las preguntas de Amnistía Internacional, el Ministerio del Interior respondió que, tras realizarse una inspección interna, se había sancionado a dos agentes por ausencia de la diligencia debida en este caso, pero no está claro si se ha emprendido una investigación sobre la agresión que sufrió Nazir.
En ciertos delitos, como el asesinato o la agresión, el motivo racista o xenófobo constituye un factor agravante y acarrea una pena adicional. Sin embargo, las autoridades suelen atribuir a estos delitos la motivación de vandalismo, que, según explicaron algunos fiscales a Amnistía Internacional, es más fácil de demostrar. Esto se debe, en parte, a que muchos funcionarios carecen de los conocimientos y la experiencia necesarios para aplicar las leyes correspondientes.
“Las autoridades a menudo pasan por alto elementos del delito que apuntan a la existencia de discriminación, como los insultos racistas. El eufemismo de vandalismo no es un sustituto válido para enjuiciar los delitos por lo que realmente son”, manifestó Marco Perolini. “El racismo y la xenofobia no desaparecerán a menos que las autoridades reconozcan y documenten su existencia.”
Metin, ciudadano búlgaro de origen turco, fue agredido brutalmente por un grupo de cabezas rapadas vestidos de negro a la entrada de un bloque de apartamentos en el que vive un gran número de migrantes. Sufrió lesiones que hicieron peligrar su vida y pasó varias semanas en coma. Antes de que se produjera el ataque, uno de los agresores le gritó lo siguiente a un hombre que trató de intervenir cuando intentaban entrar en el apartamento de Metin: “¿Por qué defiendes a los inmigrantes? Se dedican a matar a las chicas búlgaras”. La policía detuvo a los sospechosos en el lugar de los hechos y se abrió una investigación preliminar por intento de asesinato motivado por vandalismo.
Crímenes de odio homófobos y transfóbicos
En Bulgaria no existe legislación que permita enjuiciar los crímenes de odio homófobos, por lo que actualmente se investigan y enjuician simplemente como actos de vandalismo.
En enero de 2014, el gobierno propuso un nuevo Código Penal que incorporaba la orientación sexual como motivo prohibido en los crímenes de odio, pero la aprobación de la ley quedó suspendida en espera de las elecciones parlamenterias de octubre de 2014. El nuevo gobierno todavía no se ha comprometido con este cambio.
“En Bulgaria, los abusos homófobos y transfóbicos se esconden debajo de la alfombra. Las autoridades búlgaras deben revisar la ley sobre crímenes de odio para incluir todos los motivos de discriminación, de modo que lesbianas, gays, bisexuales y transgénero puedan empezar a vivir sin miedo”, afirma Marco Perolini.
Mihail Stoyanov, estudiante de 25 años, fue brutalmente asesinado en 2008 en un parque de Sofía porque se le percibía como gay. Durante la investigación, un hombre declaró que los dos sospechosos formaban parte de un grupo que pretendía “limpiar” el parque de gays. Sin embargo, debido a las lagunas jurídicas de la ley, en agosto de 2013 la Fiscalía de Sofía presentó cargos por asesinato con motivación de vandalismo. El fiscal del caso explicó a Amnistía Internacional: “La ley es limitada y por eso no he podido tener en cuenta el motivo homófobo en el acta de acusación formal”.
Barreras en el acceso de las víctimas a la justicia
La mayoría de las víctimas de crímenes de odio no denuncian los delitos a las autoridades. Algunas aducen que no creen que la policía dé una respuesta adecuada a su caso o que incluso temen sufrir más discriminación de la propia policía.
Según una encuesta reciente de la Unión Europea, el 86 por ciento de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero de Bulgaria que sufrieron violencia o amenazas no denunciaron los incidentes a la policía. Cerca de un tercio de quienes no denunciaron explicaron que eran reticentes a presentar denuncias porque temían reacciones homófobas o transfóbicas de la policía búlgara.
Pocas de las personas que sí denuncian los crímenes de odio obtienen justicia o reparación en los tribunales. Amnistía Internacional habló con denunciantes a los que no se había informado de sus derechos como víctimas o de las novedades de su caso, lo cual incumple los requisitos establecidos por la legislación búlgara.
Aurore, mujer negra de nacionalidad francesa, fue agredida en una parada de autobús de Sofía por un grupo de siete u ocho hombres, que imitaron a un mono y luego la empujaron al suelo y le propinaron patadas. Las amigas de raza blanca que estaban con ella no fueron agredidas, y es evidente que Aurore fue víctima de un ataque racista. Nunca llegó a citársela para que compareciera como víctima ante el tribunal ni se le informó sobre la vista judicial. El tribunal absolvió a los sospechosos de toda responsabilidad penal y les impuso una multa.
Aurore dijo a Amnistía Internacional: “[…] Parte de mí murió aquel día […] sobre todo al saber que a esa gente sólo la han multado y que no se me informó de la vista […] No quiero dinero ni nada de eso; sólo quiero que estos actos se reconozcan y se castiguen como es debido, quizás para que no vuelvan a ocurrir en el futuro hechos similares”.
“Las autoridades búlgaras deben investigar, reconocer y condenar públicamente los crímenes de odio para impedir que se cometan en el futuro y para cuestionar los prejuicios que tan arraigados están en la sociedad búlgara”, concluyó Marco Perolini.